En la resolución, fechada el 3 de agosto pasado y con la firma de la presidenta del cuerpo, Karina Rach, el Concejo Municipal de Castelli expresó el “compromiso con la plena vigencia del Proceso de Memoria, Verdad y Justicia que ha construido la sociedad argentina en los últimos 40 años frente al plan criminal y sistemático perpetrado por la última dictadura cívico-militar”.
En los fundamentos, la resolución deja en claro que el cuerpo legislativo municipal expresa “el más enérgico repudio frente a cualquier forma de colaboración o apoyo a individuos que hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad”.
La decisión tomada por el Concejo de Castelli, donde mostró un fuerte compromiso institucional respecto de la lucha contra la impunidad de los que perpetraron el Terrorismo de Estado en Argentina, no es la norma en todas las localidades del país.
Sin ir más lejos, su par de Mar del Plata recientemente aprobó la instalación de un bar de gin en el predio donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura, y actualmente es un sitio de la memoria. Desde los organismos de derechos humanos -y también las vecinas y vecinos- presentaron un amparo por lo que significa el lugar como reserva y como espacio público.