La industria yerbatera, una vez más, evidencia los problemas de la desregulación impulsada por el Gobierno. Al igual que en la década del noventa, la desregulación del sector que promueve el presidente Javier Milei y su equipo, desarticulando las funciones del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) ponen a los productores en una situación crítica porque los precios a los que venden su producción se definen arbitrariamente por el eslabón más concentrado de la cadena de valor.
Además, la baja temporaria de impuestos impulsó las importaciones de materia prima y yerba molida en un 394 por ciento interanual durante el primer semestre.
La morfología de la actividad yerbatera revela atomización en la producción y concentración en la industria, aclara el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en un informe reciente. Mientras la producción primaria es realizada por 12.000 pequeños productores, la cuenca de fabricación cuenta con 228 establecimientos –que operan como secaderos registrados a nivel nacional- y 105 industrias molineras y fraccionadoras, pero sólo las 10 primeras acumulan el 72,7 por ciento del mercado.
Además las tres primeras – Las Marías, Liebig y Santa Ana – explican el 41 por ciento del total, a través de media docena de marcas y presentaciones de las más diversas, observan.
Las Marías produce las yerbas Taragüí, Unión, La Merced y Mañanita, dando cuenta del 36,6 por ciento del mercado. Molinos Río de la Plata fabrica Cruz Malta y Nobleza Gaucha, con el 14,9 por ciento del mercado. Krueger fabrica la yerba Amanda y se lleva el 12,7 por ciento de las ventas totales. Liebig es productora de Playadito, captando 11,1 por ciento del total. Y luego Hreñuk fabrica Rosamonte, con el 10,2 por ciento.
El Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) y las regulaciones asociadas al mismo buscaban darle herramientas al eslabón de la industria con menor poder relativo, en un claro escenario de mercado poco competitivo. Su eliminación agrava las cosas, sostiene el centro de estudios: el precio que recibe el productor difícilmente mejorará en los próximos meses tras las medidas dispuestas por el DNU 70/2023 sancionado en los primeros días del Gobierno de Javier Milei.
Por ejemplo, el DNU implicó la eliminación de los acuerdos semestrales entre los sectores participantes del INYM, los cuales solían ponerse de acuerdo en relación al valor de la materia prima. Y si bien su aplicación en el campo del tabaco fue suspendida por cautelares de la justicia federal y provincial de Misiones, la inacción del Poder Ejecutivo respecto a convocar futuras reuniones, impidió la fijación de un precio.
Las medidas planteadas en el DNU 70 implicaron que las industrias procesadoras de yerba mate pudiesen decidir arbitrariamente el precio de pago al productor sin ninguna referencia de precios que garantice la cobertura de costos para afrontar una nueva cosecha. Como consecuencia, “si se analiza la relación entre lo que recibe el productor y el precio de góndola, el primero sólo logra captar 5,8 por ciento del precio de venta final: esto es 3,1 puntos menos que en junio 2023”, informan desde el CEPA. La relación se vuelve claramente asimétrica con el eslabón más sensible de la cadena, el que necesita justamente de la regulación estatal.
“Es que el precio establecido por el INYM a finales de 2023 quedó retrasado como resultado de la aceleración inflacionaria de los últimos meses. La implementación del DNU a partir de abril sumado a la inacción del INYM implicaron que el precio de materia prima alcance un valor de entre 260 y 300 pesos”, continúan desde el CEPA y recuerdan que en la década de 1990 el sector también padeció las consecuencias de la desregulación.
El INYM no sólo permitía a los productores ser parte de la discusión del precio (para no salir perjudicados) sino que establecía cantidades de hectáreas para poder plantar permitiendo a los pequeños su participación. Se encargaba de la promoción de distintas formas asociativas entre productores primarios, en especial de las cooperativas yerbateras en la zona productora. Y llevaba adelante los registros de identificación de la producción, elaboración, industrialización y comercialización de la yerba mate. Todo esto fue suspendido con el DNU 70/2023.
¿Qué pasó en los años noventa?
En esa tradición de Gobierno neoliberal también se eliminaron “la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) y el Mercado Consignatario Nacional de la Yerba Mate Canchada (…) y en esa década el valor de la yerba canchada por tonelada así como de la yerba verde cayeron sostenidamente: hasta un tercio y un quinto de su valor original”.
“En el caso de la yerba canchada, el valor se ubicaba en 930 pesos por dólar en 1990, lo que equivalía a 1 dólar el kilo y se desplomó a 349 pesos por dólar en 2001, equivaliendo a sólo 35 centavos de dólar el kilo de yerba”, menciona el CEPA, a modo de ejemplo. también la hoja verde pasó de 202 a 42 pesos por dólar en el año 2001. El precio en góndola, no obstante, se mantuvo estable, es decir que sólo perdieron los productores.
Con esta historia detrás, el INYM fue creado el 21 de febrero de 2002 (por la Ley 25.564) aprobada por el Congreso, este organismo solía trabajar en colaboración con los diferentes actores de la cadena productiva para asegurar la calidad y el desarrollo sostenible de este producto emblemático del país. Es, ¿o era? el organismo dedicado a regular y promover la producción, elaboración y comercialización de la yerba mate en Argentina.
Crecieron las importaciones
Además de la amenaza en cuanto valores recibidos, los productores están en la mira debido a la competencia desfavorable contra importaciones. Las compras de yerba mate canchada y yerba molida lista para empaquetar proveniente de Paraguay y Brasil alcanzaron 7,18 millones de kilos en el primer semestre, es decir 394 por ciento más que en igual período de 2023, según datos oficiales analizados por el CEPA.
Esta situación se presentó a partir que el Gobierno redujo impuestos por 120 días a las importaciones de productos de primera necesidad: incluidas las materias primas y la primera elaboración de yerba mate. A esto se suma un atraso cambiario que también abarata las compras a otros países.
“El perjuicio a los productores es muy claro. Ingresan la materia prima a un costo promedio de 1,2 dólares el kilo –que al valor oficial más el impuesto país da unos 1.333 pesos- mientras que la yerba canchada que se compra en secaderos se paga a 1.800 pesos. Por eso los industriales reponen stock a precios bajos y el pagan menos al productor local, además de estirar los plazos de pago, generándoles un fuerte perjuicio”, sostiene el informe del centro de estudios.
¿Pero, puntualmente, quiénes importaron?
El aumento de las importaciones corresponde a las grandes industrias yerbateras de Corrientes y Misiones. Las Marías y La Cachuera explicaron el 70 por ciento de lo que ingresó desde Paraguay y Brasil, seguidas por la Importadora Sudamericana SRL –una firma radicada en zona Norte del Gran Buenos Aires que se dedica a importar marcas de consumo masivo y trae a la Argentina la yerba mate canarias-, informaron desde el CEPA.
Por último, en el informe señalaron que en el sector yerbatero – al igual que en muchos otros en este presente – el consumo interno cayó producto de la sensible merma del poder adquisitivo de las personas. “Según datos del INYM, la producción molinera se ubica en el nivel más bajo de los últimos 6 años, con 19,9 toneladas producidas, un 15 por ciento menos que junio 2023”.
El contexto es complejo y claramente atenta contra la sostenibilidad del sector, muchos productores perderán su cosecha e inclusive sus tierras si la crisis avanza y cada vez es más difícil cerrar una ecuación de precios, máxime si el Estado se corre de su rol regulador.
Página 12