Reina Ferril (49), cacica de la Comunidad Kolla El Desierto y ex secretaria de Turismo del municipio de San Antonio de los Cobres, espera ser sobreseída en una causa en la justicia federal, en la que está imputada por acompañar un corte de ruta en el marco de un reclamo salarial que realizaba la docencia salteña el año pasado.
“Yo como líder indígena siempre voy a estar acompañando con todas las necesidades que tenga la población, especialmente de San Antonio y la Comunidad Kolla del Desierto, porque es el lugar donde donde habito todos los días de mi vida. Esto comienza dos o tres meses después de que pasara ya el corte de la ruta nacional 51. Era un reclamo generalizado de los docentes por el bajo salario que estaban cobrando. Se me imputó solamente a mí y había más de cien personas”, relató Ferril a Salta/12.
Estaba previsto que el 29 de julio el fiscal federal Eduardo Villalba recibiera testimoniales en el marco de la causa contra Ferril. En ese marco hubo una manifestación de apoyo a la cacica, fuera del Ministerio Público Fiscal Federal, ubicado en la calle Caseros, en el centro de la ciudad de Salta. La abogada Mara Puntano, que defiende a Ferril, informó que pidió el sobreseimiento .
La acusación “es solamente por el corte de la ruta, por no dejar transitar. Eso dice la imputación y que yo soy supuestamente la única culpable. Desde el primer día, es lo que planteé. ¿Por qué yo? Y ¿por qué tanto tiempo después del corte?”, cuestionó.
La cacica fue a acompañar el corte cuando la docencia, que llevaba a cabo una protesta generalizada en la provincia, decidió extremar medidas con una restricción total del tránsito. Según explicó Ferril, la protesta docente en la ruta ya se había iniciado un mes antes pero duraba una hora o dos por día. La fiscalía la acusa por hechos ocurridos el 6, 7 y 8 de junio de 2023.
“Yo fui a ayudar, porque no pueden estar los docentes tanto tiempo haciendo ese tipo de manifestación, porque ya han ido a la casa de gobierno, a todos lados, han hecho una marcha en Salta cuando los golpearon, cuando los llevaron presos, y eso seguía”, insistió Ferril. Detalló que fue después de que una persona de la Comunidad la llamara para decirle que la Comunidad debía estar ahí ayudando. Añadió que como cacica ocupó el rol de vocera, por lo que también especuló que quizás la encausaron “por eso, o sea, es malo expresarse, es malo decir las cosas, no lo sé, no sé qué es malo para la justicia”, recalcó. Ferril cuestionó que si el Estado atendiera las necesidades de la comunidad, no tendrían por qué realizar esas medidas de protesta.
Persecución política, judicial y empresarial
Para la cacica, es llamativo el tiempo que transcurrió entre el corte y la notificación de la imputación, “como al mes o un poco más” y el hecho de que es la única imputada. Consideró que esta judicialización es una “persecución política, judicial y empresarial”, ya que en esos días su Comunidad se había opuesto al ingreso de una minera que desarrolla actividades de exploración.
“Llego a creer que la imputación es porque nosotros no dejamos ingresar a la minera AngloGold a nuestro territorio, a Organullo, que es muy conocida en este lugar, porque es donde hay oro. Nosotros sí lo sabemos, pero la empresa quiere entrar a toda costa ahí. Entonces nosotros impedimos porque hacemos denuncias, porque hay gente que vive en el lugar”, manifestó.
Ferril destacó que el aviso del encausamiento le llegó “a los dos o tres días” de que convocaran a la Secretaría de Minería de la provicia para informarle por qué en asamblea comunitaria habían decidido no permitir el ingreso a esta minera. “Al Estado pareciera que no le gusta que le reclames las cosas”. “Al Estado le gusta acompañar a las grandes empresas, a donde hay dinero”, pero la operatoria de estas empresas no se ve “en una inversión”, “no se ve un avance” en San Antonio de los Cobres, el pueblo principal de esa región de la Puna, mientras que “se están llevando el oro y sale por aviones” y “nosotros no la vemos ni pasar”, dijo.
“Hay una cantidad impresionante de mineras acá. Ahora hay una de explotación de oro. “¿Qué pasa con el tema de las regalías? ¿Qué pasa con la parte social de la que tienen que hacerse cargo las empresas? ¿Qué pasa también con los acuerdos firmados? Porque no podemos tener una ruta nacional 51 en las condiciones que está, y la invito a la prensa que recorra la ruta nacional 51 y da pena”, desafió.
Añadió que tampoco en la atención de salud se ven mejoras, que solo tienen una ambulancia alquilada. “Sigue pasando que sale un enfermo de acá y se queda en la quebrada. Eso no puede pasar más, ya estamos cansados, no pueden hablar de tantos lingotes de oro, de tantos kilos de litio, de la Salta pujante. Hay niños que no están escolarizados porque a alguien se le ocurrió cerrar el internado de la Escuela Hogar. ¿Dónde está la oportunidad para todos? ¿Dónde está la igualdad de oportunidades de la cual hablan que nosotros no la vemos reflejada?”, reprochó.
La cacica denunció que la minería “no trajo nada bueno” a la zona, y por el contrario, ahora enfrentan múltiples problemáticas, como la afectación al ambiente y a la salud. “Acompañé varios casos de cáncer de pleura, que ha sido lo más sonado en la gente que trabaja en las mineras”, aseguró. Señaló que cuando los trabajadores enferman los despiden. También indicó que hay mucha desocupación, porque las empresas no toman a pobladores locales y mayormente contratan a personas de otros lugares. Asimismo, dijo que otras actividades más sustentables que desarrollan las comunidades no reciben apoyo gubernamental a pesar de que lo requieren.
“Humanamente este gobierno está avasallando con los derechos humanos”, afirmó, y aclaró que se refería a “ambos” gobiernos, el provincial y el nacional, “porque son quienes agarran el dinero, quienes distribuyen, ¿cómo lo hacen? Porque se supone que el nacional agarra y le tiene que distribuir a la provincia, se supone que la provincia le tiene que distribuir bien a los municipios y especialmente a estos municipios de donde salen las regalías, de donde salen todos los minerales”, recalcó.
En cuanto a la causa en su contra, la cacica contó que en una audiencia la invitaron a declararse “culpable y que vaya a limpiar dos días la escuela”, y resaltó que ahora el fiscal no encuentra fundamentos para sostener la acusación. Añadió que ante el fiscal dijo que si considera que “no hay argumentos para seguir con esta causa”, si la acusación quedará “en nada”, “yo necesito también que ahora la justicia criminalice para arriba, ya que lo hizo para abajo, que lo haga para arriba. Que vea ese Estado. Necesito que ese Estado provincial abra las puertas para explicarle cuáles son las problemáticas reales de este lugar y que haga un trabajo en serio”, expresó.
Además, Ferril contó que la dejaron sin trabajo en el municipio después de que la imputaran por acompañar el reclamo docente. La cacica es madre de 7 hijos, el más pequeño va a la primaria.
Página/12