En medio del desarrollo del juicio oral sobre los autores materiales del intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la fiscalía pusiera el ojo en el comportamiento de la custodia en lugar de indagar sobre los autores políticos del atentado, dirigentes del kirchnerismo salieron a pedir justicia y mayor compromiso y visibilidad del primer intento de magnicidio de la historia argentina.
Juan Martín Mena, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires sostuvo que “sectores muy chicos pero poderosos de la Justicia Federal entraron en un pacto de impunidad para que no se sepa realmente qué ocurrió aquel 1 de septiembre con Cristina Kirchner. Elevaron a juicio a los autores materiales pero hay otras vinculaciones».
«La jueza María Eugenia Capuchetti se negó durante cuatro meses a pedir el teléfono del diputado Gerardo Milman, mientras él sabía lo que pasaba en la investigación. Entregó dos aparatos, uno comprado posteriormente al hecho y otro borrado a cero. Están cometiendo un delito gravísimo que es el de ocultamiento de un magnicidio. La Corte Suprema no actúa y el Poder Judicial muestra su peor cara”, agregó el funcionario.
Por su parte, su compañera de gabinete bonaerense, la ministra de Ambiente Daniela Vilar preguntó: “¿Qué le pasa a la jueza que no quiere investigar? Quizás tenga que ver que haya sido designada por Mauricio Macri, que tenga vínculos políticos con el jefe de Diputados del PRO Christian Ritondo, que se haya descubierto que cobra un sueldo del Ministerio de Seguridad de CABA, algo que está terminantemente prohibido”, expresó.
“Este juicio se inició sólo para los autores materiales, no para los intelectuales y financieros. Hay un claro pacto de impunidad. Se manipularon las pruebas, no se investigaron las relaciones políticas y empresariales, con un apoyo no sólo ideológico sino que facilitaron el intento de asesinato”, agregó Vilar.
También salió a hablar la diputada por Córdoba Gabriela Estévez, quien agregó que “en dos semanas declarará Cristina en el juicio por el atentado en su contra. Este proceso juzga solo a los responsables materiales, sentenciará lo que todos vimos y es imposible omitir”.
Por su parte, la senadora Anabel Fernández Sagasti, cuestionó: “¿Por qué Capuchetti sigue siendo jueza de la causa? Fue seis veces recusada por haber destruido la prueba del celular de Fernando Sabag Montiel, que se borró y rompió el celular en su juzgado. Además, se negó a investigar la pista Milman (acusado por su secretaria) y tampoco investigó el financiamiento probado de la familia Caputto y más”.
A su vez, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, señaló que “el poder judicial oculta a los verdaderos responsables del atentado a Cristina Kirchner”. En esa línea, aseguró: “La persecución judicial y la demonización a Cristina solo tienen como objetivo disciplinar a aquellos que tienen responsabilidades políticas para que no intenten enfrentarse contra el poder económico. Todos los días este gobierno le quita más derechos a la clase trabajadora, y no es causalidad. Ya lo había dicho Cristina, vienen por todo, no iban por ella, vienen por todo el pueblo argentino”.
El intendente de Hurlingham, Damián Selci, también se refirió a la causa que reinicia las audiencias el próximo miércoles 31 de julio: “Mientras el pueblo argentino se encuentra padeciendo nuevamente el desempleo, la pobreza y el hambre, Cristina Fernández de Kirchner es objeto de una farsa judicial inédita, donde en una causa se la condena sin pruebas y en otra se omite investigar a los autores intelectuales del atentado en su contra”.
El intendente agregó: “Bajan los salarios y atacan a Cristina. Destruyen las jubilaciones y atacan a Cristina. Suben el desempleo y atacan a Cristina. Privatizan el país y atacan a Cristina. Hambrean a los chicos y atacan a Cristina. No es solo correlación. Es sobre todo causalidad”. Otro de los dirigentes que cuestionó que la causa no investigue a los autores intelectuales del intento de asesinato fue el diputado Rodolfo Tailhade. “El juicio por el intento de magnicidio no sirve para saber quién mandó a matar a Cristina, sólo sirve para ver con claridad el pacto de impunidad entre sectores políticos, mediáticos y judiciales, para no investigar a los instigadores y los financistas del atentado”, dijo.
Otra de las diputadas que salió a reclamar justicia es Paula Penacca, quien sostuvo que “no lo vas a ver como titular de ninguno de los grandes medios de comunicación, pero detrás del intento de asesinato a Cristina hay un gran pacto que garantiza la impunidad de quienes fueron los autores intelectuales de este grave hecho”, añadió en la misma línea la diputada nacional porteña.
Asimismo, la extitular del PAMI Luana Volnovich preguntó “¿Qué esconden? Los autores materiales sabemos quiénes fueron. Los vimos disparar en la TV, pero queremos saber quién lo diseñó, quién lo planeó, quién los financió”, sentenció la diputada. Tomás Ledesma, diputado entrerriano dijo: “No nos olvidemos del diputado Gerardo Milman, mano derecha de Patricia Bullrich, quien le facilitó el perito informático que formateó su celular y los de sus asesoras. Milman es el diputado al que le escucharon decir en un bar ‘cuando la maten voy a estar camino a la costa’, días antes del atentado, y quien hasta el día de hoy, no ha sido acusado ni investigado”, recordó Ledesma.
Su par jujeña, la diputada Leila Chaher sostuvo: “La jueza Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo solo obstaculizaron la investigación que hoy está plagada de irregularidades, la pregunta es ¿A quién o quiénes protegen?”. “Intentan invisibilizar el hecho más grave desde la vuelta de la democracia. ¿Por qué bajo la custodia de la jueza María Eugenia Capuchetti se rompió y se borró el celular de Sabag Montiel y esto no fue ni es un escándalo mediatico ni Judicial?”, cuestionó.
También habló la legisladora nacional Florencia Carignano quien cuestionó “por qué no investigan a Patricia Bullrich y al actual ministro Caputo, que le pagó millones de pesos a Jonathan Morel, líder de Revolución Federal, por hacer mesitas de luz?”. “Muy turbio todo”, agregó. En tanto, el presidente del Comité de Cuenca del Río Reconquista de la provincia de Buenos Aires, Martín Sabbatella sostuvo que el atentado fue “el hecho de violencia política más grave desde el retorno de la democracia”. “Sin embargo, cuando aparecen elementos que vinculan a la política, la jueza boicotea la investigación. Sabemos que existió el financiamiento millonario de la familia Caputo a grupos violentos, que el diputado de PRO Gerardo Milman sabía con anticipación del ataque y que se borró información clave en celulares de implicados en el intento de magnicidio”.
Tiempo Argentino