La Procuración del Tesoro de la Nación salió al rescate de Javier Milei. El Presidente no quiere que se hable de sus perros, una tema que considera parte de su intimidad, y el organismo que conduce Rodolfo Barra actuó en consecuencia. A través de un dictamen, envió dos mensajes: primero, informó que no se utilizaron fondos públicos para la instalación de los caniles en la quinta de Olivos; segundo, estableció límites para el acceso a la información sobre “la vida privada” del mandatario.
Luego de las múltiples presentaciones que se realizaron para conocer detalles respecto a los perros que habitan en la residencia presidencial y el gasto público que implica su manutención, la Procuración del Tesoro indicó que las solicitudes de información sobre las mascotas no deben ser procesadas bajo la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública.
La resolución aclara que la consulta deriva en las “numerosas peticiones dirigidas a conocer ciertos aspectos vinculados a las mascotas del Presidente de la Nación, tales como, la cantidad, raza, nombre, edad, marca y tipo del alimento que consumen, elementos destinados al cuidado y manutención, incluido su embellecimiento; información vinculada a su estadía en la residencia Presidencial -fecha de ingreso, profesionales afectados a su cuidado pasado y presente, entre otros-, y al origen de los fondos con los que se solventaron las obras destinadas a su alojamiento (caniles)”.
De acuerdo al dictamen, se trata de información de “naturaleza privada y familiar”, que “no tiene relevancia pública” y que, por tanto, “no debe ser divulgada bajo la mencionada ley”. Asimismo, asegura que los gastos vinculados al cuidado de las mascotas “no fueron abonados con fondos del Tesoro Nacional,”, que los datos requeridos “no califican como públicos” y que “no se justifica su divulgación”.
En ese sentido, subraya que la ley de Acceso a la Información Pública tiene como objetivo garantizar la transparencia y rendición de cuentas de la función pública y no para abonar la curiosidad sobre cuestiones privadas. “El régimen de información pública no puede ser transformado, por vía de un ejercicio abusivo del derecho, para erigirse en un instrumento para canalizar la simple curiosidad ciudadana, que por cierto genera necesidad de incrementar áreas del estado y consiguiente dispendio de recursos públicos”, explicó.
Bajo esos argumentos, la Procuración del Tesoro remarcó que no toda consulta formulada con invocación del régimen de Acceso a la Información Pública debe ser aceptada y estimó “razonable y conveniente” modificar el artículo 3 de la ley para evitar prácticas abusivas. “La legislación respectiva no ampara la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando el pedido de información pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica. La banalidad misma de la cuestión impone no sólo el rechazo del pedido, sino que debería mover a la reflexión acerca del gasto (material y personal) innecesario, inútil e intrascendente que, para el Tesoro, este tipo de solicitudes provoca”, indicó.
La intervención del organismo asesor llegó a partir de un pedido expreso de la Secretaría General de la Presidencia, que encabeza Karina Milei, para que analice el marco jurídico de una serie de peticiones efectuadas respecto a las mascotas de Milei.
La postura de la Casa Rosada es que se trata de una “tema familiar”, en el que no les interesa profundizar. Así lo expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a principios de mayo, cuando señaló que es una cuestión “de la vida privada del Presidente”. “No vamos a hablar, ni ahora, ni en ninguna otra oportunidad”, sentenció.
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