El cónclave entre gremios, empleadores, el Estado nacional y los gobiernos provinciales se llevará a cabo esta tarde, primero en comisión, dónde tendrá lugar la discusión técnica en busca de elevar una propuesta de actualización, y luego en la sesión plenaria ordinaria del Consejo del Salario, para dar paso al debate central.
El último encuentro entre las partes, en la Secretaría de Trabajo, fue a fines de abril. En aquella oportunidad no se logró un acuerdo, al igual que en la primera convocatoria del año, y el Gobierno terminó definiendo un aumento del 15% en el piso salarial en dos tramos (abril y mayo).
De esta manera, el ingreso básico pasó de $202.800 a $221.052 en abril para los trabajadores mensualizados, mientras que en mayo alcanzó los $234.315,12. En cuanto a los empleados jornalizados, la hora aumentó de $1.014 a $1.105,26 en el cuarto mes del año y a $1,171,58 en el quinto.
Con el actual valor, el salario mínimo tiene un poder de compra 32,1% menor del que tenía en noviembre del año pasado, ya que “los aumentos nominales sumaron 60,5% respecto de noviembre de 2023, cuando en el mismo período se proyecta acumular una inflación superior al 136%”, de acuerdo a un informe elaborado por el Centro de Investigación y Formación (CIFRA) de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA).
Además, precisó que en lo que va del año, el sueldo mínimo real fue 53,1% menor que en 2015 y está en el nivel “más bajo de las últimas tres décadas”. En ese sentido, el reporte señaló que “el valor es inferior incluso al vigente durante la mayor parte de la década de 1990”.
Al respecto, desde el CIFRA sostuvieron que “en ese entonces, como ahora, el nivel era tan bajo que este instrumento había perdido su rol como piso salarial, tal como se buscaba desde un gobierno que bregaba por la desregulación y flexibilización del mercado de trabajo”.
El análisis también aseguró que “el retroceso histórico se evidencia también en la comparación del salario mínimo con las líneas de pobreza y de indigencia”, indicando que “este salario sólo sería suficiente en julio para comprar el 56,8% de la canasta básica de alimentos que define la línea de indigencia para una familia tipo y un 25,6% de la canasta de pobreza, relaciones comparables a las vigentes en la crisis final de la convertibilidad en 2001/2002”.
Asimismo, el área de investigación de la CTA remarcó que “si no hubiese tenido lugar la pérdida de poder de compra del salario mínimo sucedida desde fines de 2015 a la fecha, en el actual mes de julio este salario hubiera sido prácticamente de $540.000 y hubiese representado más del 143% sobre la canasta básica alimentaria aludida”.
Ante este escenario, los gremios buscarán conseguir un aumento que compense el impacto de la variación de precios en los salarios. En caso de que no haya acuerdo entre las partes, lauda el Gobierno al igual que en las dos reuniones que se llevaron a cabo este año.
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