En la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia, entre este jueves y viernes se desarrollan los alegatos en el juicio oral contra cinco agentes del Escuadrón Nº 1 de Gendarmería Nacional de Presidencia Roque Sáenz Peña acusados por integrar una banda que simulaba operativos antidroga en el interior provincial.
Este jueves fue el turno del alegato del Ministerio Público Fiscal, encabezado por el fiscal Federico Carniel, que pidió una pena de seis años de prisión y el doble de tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos para el segundo jefe del Escuadrón, Julio César Perdaza, por los delitos de asociación ilícita, en concurso real con los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionarios público en concurso ideal con incumplimiento de la obligación de promover la represión.
Por los mismos delitos, para Enzo Aguirre se solicitó una pena de cinco años de prisión, más el doble de tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos; para Julián Matías Morinico, cuatro años de prisión e inhabilitación doble; y tres años de prisión en suspenso para Brian Corach.
Vale recordar que el jefe del Escuadrón Nº 1 de Sáenz Peña, Cristian Marangon, no llegó al juicio oral porque falleció el mismo día en que se ordenó su detención en esta causa.
“Una sanción ejemplar”
Durante su alegato, el fiscal Carniel consideró que quedó acreditado durante el juicio oral el funcionamiento de una organización criminal que encabezaron los jefes del Escuadrón Nº 1 de Gendarmería Nacional de Sáenz Peña que ordenaban la realización de operativos en los que se simulaba el secuestro de estupefacientes que ellos mismos plantaban y en los cuales nunca se lograba detener a nadie.
El fiscal subrayó que Gendarmería Nacional “es una de las fuerzas con más prestigio que tiene nuestro país” y aseguró que “de ninguna manera se puede colocar a la institución y empañarla con la actividad delictiva que realizan los funcionarios que aquí están sentados, que tienen una obligación y un designio que tiene todo funcionario público de Gendarmería que se calza el uniforme, que es darnos mayor seguridad a todos los que habitamos en este territorio”.
“No todo el Escuadrón Nº 1 de Gendarmería Nacional tiene que estar signado bajo una mancha venenosa sino que esto está circunscripto a un grupo determinado que involucraba directamente al jefe del Escuadrón y al segundo jefe del Escuadrón, Marangon y Perdaza”, sostuvo Carniel durante su alegato.
“Tenemos que aplicar una sanción ejemplar, por aquellos que hacen las cosas bien, por aquellos que se juegan la vida, por aquellos que dejan de lado un montón de cosas”, destacó, y exhortó que “quienes son descubiertos en actividad ilícita tienen que ser castigados, tienen que sufrir el rigor de una pena”.
En su exposición, el fiscal consideró probado que el gendarme Raúl Schuerman tenía contacto con los narcotraficantes de quiénes obtenía la droga que luego se plantaba en los supuestos operativos de prevención. Schuerman no llegó a la instancia oral porque aceptó un juicio abreviado donde reconoció su responsabilidad en los hechos.
Para el funcionario del Ministerio Público Fiscal, el accionar de la asociación ilícita quedó demostrado en el armado de procedimientos, el traslado de gendarmes con experiencia para que no interfieran con el objetivo de aumentar los operativos para evitar sospechas, el manejo que llevaban adelante el jefe y el subjefe del Escuadrón Nº 1 de Gendarmería, el nombramiento de Enzo Aguirre en la zona “Núcleo” y la utilización de personal inexperto a quién se manipulaba a través del miedo a posibles represalias.
“Perdaza y Marangon, con anuencia del juez federal (Miguel Aranda), eran quienes bajaban las directivas para que esta actividad ilícita se desarrolle. Scheurman y Aguirre, con su capacidad de poder definir acciones, también tenían un grado de participación importante a la hora de hacer cumplir las líneas que bajaban Marangon y Perdaza; y Morínigo y Corach eran quienes llevaban adelante esta función”, describió Carniel.
Al respecto, advirtió que “no hay ningún elemento que pueda ser utilizado como un atenuante a la hora de determinar el monto de la pena. Sin estas circunstancias: la falsificación de actas, plantar drogas en los procedimientos, la mentira y la violencia sobre sus subalternos deben ser considerados como agravantes a la hora de determinar la aplicación de la pena”.