La Cámara alta se propone realizar este jueves una nueva sesión especial, en la que se tratará una serie de ascensos diplomáticos y militares, como así también otros proyectos, entre ellos uno para modificar el Código Penal.
Debatirán dictámenes de los senadores Carolina Losada y Antonio Rodas para modificar el Código Penal respecto de la sustracción y/o comercialización de menores de edad.
También, según pudo saber parlamentario.com, abordarán el dictamen suscripto – como el anterior – el último jueves para declarar duelo nacional en el homenaje a las víctimas del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
Los tres temas fueron abordados el jueves último, cuando bien temprano la Comisión de Acuerdos del Senado se ocupó de analizar los pliegos de ascenso de funcionarios diplomáticos de carrera y personal militar, correspondientes a los pasados tres años.
Entre los ascensos solicitados, que serán puestos a consideración del pleno este jueves, se encuentran los actuales jefes de las tres Fuerzas Armadas para ser promovidos al grado inmediato superior: general de brigada Carlos Alberto Presti (Ejército), contraalmirante Carlos María Allievi (Armada) y brigadier mayor Fernando Luis Mengo (Fuerza Aérea).
En esa oportunidad se evaluaron seis expedientes solicitando ascensos para 120 miembros del ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y de otros 13 expedientes para ser promovidos al cargo superior a 309 integrantes de las tres Fuerzas Armadas, dependientes del ministerio de Defensa.
Cabe recordar que luego de darse lectura a la nómina propuesta para que personal de Cancillería pueda ascender una categoría (embajadores extraordinarios y plenipotenciarios y consejeros de embajadas y cónsul general), la senadora Anabel Fernández Sagasti solicitó dejar en suspenso el pliego de uno de los postulantes: Mariano Vergara, a fin de investigar su situación judicial porque fue denunciado presuntamente por violencia de género y ha sido un caso mediático. Sin embargo desde La Libertad Avanza aclararon que fue desestimada esa denuncia, por lo cual, de no haber ningún problema puntual, ese nombre será incluido en el temario.
En cuanto a la lista de ascensos de militares, fue retirado de la nómina al comandante de Brigada Pablo Francisco De Palo por estar incluido en el proceso abierto en la justicia para investigar lo ocurrido en mayo pasado en el Regimiento 14 de Paracaidistas del Tercer Cuerpo de Ejército Córdoba, a raíz de un “bautismo” con cal viva sufrido por 35 paracaidistas.
Otro caso que despertó una consideración especial fue la situación del vicecomodoro Daniel Algieri, quien según indicó Fernández Sagasti “fue impugnado por acoso sexual y laboral”, mientras que la titular de la comisión, Guadalupe Tagliaferri aseguró que “no se procedió a la impugnación y sigue estando el mensaje para su ascenso”.
Ese mismo jueves, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales dio luz verde al proyecto de ley proveniente de Diputados, que declara duelo nacional el 18 de julio en homenaje a las víctimas del atentado terrorista ocurrido en esa fecha de 1994 en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
Además, la comisión debatió sobre dos proyectos de ley que buscan incorporar el art. 148 ter. al Código Penal, en relación a la protección de las infancias; y modificar el art. 139 del Código Penal tipificando la sustracción y/o comercialización de menores de edad.
La senadora radical Carolina Losada presentó ese proyecto el 13 de marzo pasado, proponiendo entre otras cosas imponer prisión de 3 a 10 años al que reciba y a quien entregue un niño o niña, haya mediado o no precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación.
Asimismo incorpora al capítulo del Código Penal correspondiente a “Supresión y suposición del estado civil y de la identidad”, en el Título IV “Delitos contra el estado civil”, del Libro Segundo “De los delitos”, un artículo que reprime con prisión de 5 a 15 años a “quien facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos comprendidos en los artículos 138 y 139, haya mediado o no precio o promesa remuneratoria o ejercido amenaza o abuso de autoridad”.
En el caso del proyecto de Antonio Rodas, el mismo reprime con reclusión o prisión de 3 a 10 años, “el que facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos comprendidos en los artículos 138 y 139, haya mediado o no precio o promesa remuneratoria o ejercido amenaza o abuso de autoridad. Incurrirán en las penas establecidas en el párrafo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena el funcionario público o profesional de la salud que cometa alguna de las conductas previstas en los artículos 138 y 139”.
Parlamentario