La Iglesia Católica alertó este mediodía sobre el avance del narcotráfico en los barrios más populares de la Argentina, criticó el retiro de las políticas sociales dirigidas a la integración sociourbana y advirtió que aplicar ajustes en los planes dirigidos a los más pobres “desde el punto de vista cristiano es un pecado”. El planteo fue realizado en un encuentro junto a ex funcionarios de los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández, que crearon el programa de obras en barrios populares llamado FISU, que fue desactivado por la administración actual, en medio de acusaciones de desvíos de fondos.
“Todos esperamos un orden macroeconómico que traiga inversiones, que esa economía derrame, que genere trabajo y que llegue a los barrios, pero hay urgencias. Hay urgencias y es claro que no se puede recortar por los más pobres. Eso, desde el punto de vista cristiano, es un pecado. Es un pecado recortar por los más pobres”, afirmó Gustavo Carrara, obispo auxiliar de Buenos Aires, integrante del movimiento de curas villeros y con llegada directa al papa Francisco.
Carrara participó de la conferencia sobre el valor de la integración socio-urbana en barrios populares y villas que organizó Cáritas, bajo el título de “Estado o Narcotráfico”. El prelado compartió escenario con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea; con el obispo de Quilmes y presidente de Cáritas Argentina, monseñor Carlos Tissera, y con Mario Quintana, ex vicejefe de Gabinete de Macri; Sebastián Welisiejko, ex secretario de Integración Socio-Urbana de la Nación, y Juan Maqueira, titular de la ONG Techo y ex funcionario del PRO.
También estuvo Fernanda Miño, una ex funcionaria y militante alineada con Juan Grabois, que fue la última responsable del Fondo de Integración Sociourbana (FISU), que destinó miles de millones de pesos a obras en barrios vulnerables y que fue imputada en una causa por presuntas irregularidades en el fuero federal. “Más allá del ataque que tenemos, como tenemos la conciencia tranquila y podemos dar cuenta de todo lo que hicimos en el Estado. Lo que sí no podemos nosotros es frenar lo que está pasando: el avance del narcotráfico. La necesidad que hoy viven los barrios hace que se está naturalizando, se dice ¿por qué no?”, afirmó Miño.
“Me sumo al llamado para que vuelva a financiarse (la política de integración socio-urbana) y que no haya miramientos políticos como fue en nuestra gestión. La gestión que llevamos adelante no hacía diferencias políticas para llegar a un barrio, porque primero estaba la necesidad, primero estaban nuestros hijos e hijas que están en manos de cualquiera y que hoy les puede cambiar la cabeza, hasta naturalizando el narcotráfico. Eso es lo que está pasando en nuestros barrios. Nos demonizan para hacerle el camino más fácil al narcotráfico, a la trata, a todo lo que nos hace mal en los barrios y cada vez somos menos”, consignó Miño.
Alerta de la Iglesia
Antes de las palabras de Carrara, habló monseñor Ojea que, como presidente de la Conferencia Episcopal, habló sobre las políticas llevadas adelante de común acuerdo con dirigentes de diverso origen ideológico para mejorar los barrios y resaltó los buenos resultados que tuvo el FISU como herramienta aplicada desde el Estado. “Se logró fue mucho y además podía dar trabajo a chicos y chicas de nuestros barrios. Es imperioso, cuidando todos los mecanismos que hacen a la transparencia, que el Estado esté presente en nuestros barrios, de lo contrario los entregamos al narcotráfico”.
“Querría señalar este peligro: el narcotráfico hace un Estado dentro de otro Estado. Los testimonios que nosotros tenemos de los sacerdotes y las comunidades que están trabajando pastoralmente nos aseguran que esto tiene un avance impresionante. Además, están proveyendo de bienes a aquellos chicos y chicas que trabajan en el narcomenudeo y que consumen, por lo tanto, tienen una doble esclavitud: estar consumiendo y estar trabajando para el narcotráfico. Y muchas veces entrando en el sicariato porque el narcotráfico termina en muerte, la ley es la muerte, es la anti vida”, afirmó.
Por último, Ojea hizo “un llamado desde Cáritas a no entregar nuestros barrios al narcotráfico, no entregar nuestros barrios, nuestros hijos, nuestras chicas, porque en poco tiempo, cuando se trabaja para el narcotráfico y se reciben remedios, alimentos y servicios esenciales -que se necesitan- terminamos con que todo un barrio puede ser cómplice. El Señor nos conceda poder iluminar nuestras mentes de todos los que tenemos responsabilidad para que no se repita en nuestra Patria lo que en algunos lugares de Latinoamérica ha cundido de un modo nefasto”.
El encuentro -que también tuvo la participación de la ex ministra de Desarrollo porteño, María Migliore- se concretó en el barrio La IAPI de Quilmes, en una zona de casas bajas y calles de tierra, a una cuadra del Camino General Belgrano. Los convocados propusieron una “reflexión sobre la necesidad de atención urgente que presentan las villas y barrios populares frente al avance vertiginoso del narcotráfico”.
“Vemos imperioso concientizar sobre el valor y relevancia de la integración socio-urbana de los barrios populares, como ya está establecido en la Ley 27.453 (que dio origen al FISU) y repensar lo que haga falta en cuanto a los instrumentos gubernamentales y sociales que deben intervenir en esta política pública. Cáritas expresó la importancia de todo control para la transparencia en el manejo de la obra pública, y al mismo tiempo, crear mayor conciencia de la importancia que tiene para la sociedad que no se prive de estas obras a los barrios”, se indicó.
Infobae