“En la provincia de Chaco tenemos un equipo trabajando aquí en Resistencia y otro en el interior con integrantes del Comité Nacional. Estamos recorriendo no solamente lugares de encierro por cuestiones penales, sino también centros de recuperación de adicciones, centros de tercera edad, centros de minoridad y estamos recabando toda la información que oportunamente, en términos de confidencialidad, enviaremos a las autoridades pertinentes para enmendar las situaciones que advertimos”, expuso el titular del Comité sobre los objetivos de la iniciativa que realizan en todas las provincias del país.
Aclaró que, por cuestiones de confidencialidad, los resultados de las inspecciones se darán a conocer públicamente luego de presentar el informe final a las autoridades. “Lógicamente, le damos margen a las autoridades para que vayan haciendo las modificaciones que sugerimos, nos respondan o no, y después hacemos públicos los informes”, indicó.
Sobre el trabajo en el Chaco, Irrazábal contó que se acompaña a los integrantes del Comité local para “reforzar su actividad en los lugares de encierro y, fundamentalmente, también para hacer conciencia con todos los poderes del Estado de que más allá de la complejidad del contexto, hay que respetar la dignidad de las personas y el derecho de cada uno de ellos, no solo a tener un juicio justo y una condena justa, sino también a posibilidades de resocialización”. En tanto, agregó que respecto a la “protesta callejera, se comparte el protocolo de actuación de la fuerza de seguridad para resguardar el derecho de las personas en materia de protesta callejera.
Consultados sobre las problemáticas locales, el presidente del Comité nacional aseguró que las “mayores situaciones de preocupación están en el interior de la provincia, en comisarías”. “Hay mucha gente que está en comisarías, inclusive condenada, y es un problema potencial que va a tener que resolver la provincia del Chaco ya que, a mediano y a largo plazo, va a ser un drama insoluble si no se empiezan a tomar medidas ahora”, planteó.
Asimismo, expuso que en el interior “mejorar toda la situación de infraestructura es fundamental, no solamente por la dignidad de las personas, sino también para darle posibilidad de resocialización, reintegración y para darle también al Servicio Penitenciario la posibilidad de cumplir con sus obligaciones en términos de razonabilidad”.
También se refirió a los encuentros con cada uno de los poderes del Estado: “Con el Ejecutivo, estamos dialogando en materia de infraestructura, en materia de política penitenciaria, en materia de capacitación, actualización de información y demás. Con el Legislativo, la política criminal, la política de ejecución penal y todas las políticas que se llevan adelante a través de la legislación; tiene que empezar a mirarse de nuevo a ver si sirven los fines de seguridad con la que se imponen, porque lo que se está consiguiendo hasta ahora no solamente en el Chaco, a nivel país también y en todas las provincias, es que con motivo de seguridad el Estado asume un rol de prisionalización permanente y después es un problema que tiene el mismo Estado porque no puede reintegrar, no puede mantener ni sostener esa política que no sirve a los fines y la seguridad”, aseveró.
Mientras que “con el Poder Judicial estamos trabajando para mejorar también los servicios de defensa y para que el sistema de acusación penal y el sistema acusatorio vaya en línea con un equilibrado juego entre la fiscalía que acusa y la defensa pública, para que tenga el el mismo nivel de jerarquía que la acusación, lo que no ocurre en todas las provincias. Se le da mucha importancia a la fiscalía, al acusador y poco a la defensa pública, que para el que no puede pagar un defensor particular es muy importante”, remarcó.
Uso de celulares en las cárceles
Irrazábal también fue consultado sobre la limitación en el uso de telefonía en las cárceles y consideró que “es un argumento que no se sostiene en la realidad de los hechos”. “El uso de celulares está garantizado por compromisos internacionales y demás, puede ser regulado, puede ser controlado, hay inhibidores de señales, hay mil formas de utilizar racionalmente este recurso que, por otra parte, sirve para la comunicación, sirve para la distensión de las personas que están en situación de encierro y sirve también para que ejerzan elementales derechos de comunicación que tenemos todos los seres humanos”, destacó y afirmó que “no es cierto que solamente se usen para fines delictivos y el Estado tiene los poderes suficientes para instrumentar control razonable del uso de celulares”.
“Estamos tratando de hacer conciencia en este sentido, trayendo experiencias de otros lugares del país, trayendo experiencias buenas de control porque permite una mejor estadía de las personas en las cárceles”, reafirmó.