El desmantelamiento que el gobierno de Javier Milei viene llevando adelante en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) impacta de lleno en los juicios por crímenes de lesa humanidad. En Comodoro Py, ya comentan que desde el lunes no habrá quién registre las audiencias que se llevan a cabo si la Corte Suprema no toma cartas en el asunto. El escenario genera consternación entre víctimas y operadores judiciales, que saben que la administración de La Libertad Avanza (LLA) niega la magnitud del plan criminal llevado adelante durante la última dictadura.
Desde 2009, el INCAA registra lo que pasa en los juicios por crímenes cometidos durante los años del terrorismo de Estado. La iniciativa surgió por parte del máximo tribunal –entonces presidido por Ricardo Lorenzetti– que contactó a Liliana Mazure, entonces titular del INCAA para que los expertos audiovisuales se hicieran cargo de las filmaciones. Según quedó establecido en el convenio 4228/09, el material le pertenece al Poder Judicial y el INCAA está obligado a entregarlo diariamente.
En 2009, los juicios recién estaban empezando. Por entonces, los procesos porteños estaban en manos del Tribunal Oral Federal (TOF) 5 que se dedicaba a prohibir la televisación, el registro de imágenes, la grabación de las audiencias o incluso la presencia de periodistas en la sala de audiencias. Un mes antes de que la Corte decidiera firmar el convenio con el INCAA once organizaciones de la sociedad civil –entre ellas, la ADC, ACIJ, FOPEA, ADEPA y Poder Ciudadano– habían denunciado las prácticas como “violatorias del principio de publicidad”.
Para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo clave para la reapertura de los juicios a los genocidas, había prácticas “censoras” por parte del entonces TOF5. La llegada del INCAA marcó un quiebre en esa lógica y, sobre todo, la salida de la Policía Federal Argentina (PFA). Eran sus agentes quienes registraban los testimonios de las víctimas y las declaraciones de los perpetradores. Para muchas de las partes, era una situación intimidante porque la PFA tuvo un rol importante en la represión ilegal.
Desde entonces, el INCAA conformó el Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS) –que se dedicó al registro de los juicios de lesa humanidad. Tiene registros de más de 200 procesos en la Ciudad de Buenos Aires y en el interior del país. Desde 2009, se firmaron 43 convenios con las provincias que implicaban que el INCAA proveía el material para filmar los juicios y guardaba copias en su acervo.
En estos años, el MECIS también grabó juicios de trascendencia institucional, como el del incendio en el boliche Cromañón, la tragedia de Once y el del encubrimiento del atentado contra la AMIA. El 2 de mayo pasado, la jueza Sabrina Namer le había pedido al INCAA que registrara las audiencias por el intento de magnicidio que sufrió Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022. Las audiencias comenzarán el 26 de junio próximo a las 10 de la mañana y desfilarán 227 testigos. No se sabe si habrá quien lo filme.
En este momento, el MECIS está filmando el juicio contra el falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio –protagonista del primer caso de espionaje que se destapó durante el macrismo– y los procesos por crímenes en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF, ex Coordinación Federal) y Puente 12. También registra las audiencias en el juicio contra el marino Horacio Ferrari. El lunes, el fiscal Félix Crous pidió una precautelar para que se proteja no solo lo que el INCAA registró de la megacausa sobre la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) sino también del resto de los juicios de lesa humanidad que se llevaron adelante en el resto del país. Lo que sucede es que todo lo que registra el INCAA es prueba en los procesos.
Cuatro días antes del pedido de Crous había llegado una resolución del actual titular del INCAA, Carlos Pirovano, en la que informaba que una serie de trabajadores quedaban en disponibilidad. Decía que no había vacantes para reabsorberlos. Entre quienes estaban sujetos al proceso de disponibilidad estaban cinco de las personas que se dedicaban a registrar los juicios en los tribunales de Comodoro Py y San Martín.
El argumento de que no tenían tareas asignadas es falso porque estaban trabajando en los registros de los juicios que se llevan adelante en Comodoro Py y tenían varios en carpeta. Entre otros, Mansión Seré en San Martín y la masacre del Pabellón Séptimo y el intento de asesinato de CFK en Comodoro Py.
En Comodoro Py destacan que esta semana se filmaron las audiencias por el compromiso de los trabajadores del INCAA, pero que el lunes ya no habrá quién lo haga. El tema se trató el martes en el acuerdo de superintendencia de la Cámara Federal de Casación Penal, que preside Mariano Borinsky. La decisión de los presidentes de las cuatro salas fue anoticiar a la Corte Suprema, que, en última instancia, es la que firmó el convenio con el INCAA –que ahora decidió rescindir unilateralmente como correlato de la motosierra de la administración libertaria. El camarista Alejandro Slokar, que preside la comisión de la Casación encargada de monitorear las causas de lesa humanidad, está siguiendo el tema también.
En el Palacio de Talcahuano dijeron a este medio que estaban al tanto de la situación pero que aún no había llegado el oficio de Casación. El tiempo apremia. En Tribunales se preguntaban de dónde saldrán los recursos para registrar las audiencias. Entre los jueces no pasó desapercibido el tiro por elevación que hizo el supremo Horacio Rosatti en el congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), cuando dijo irónicamente que temía que el ministro de Economía, Luis Caputo, les recortara cargos.
Antes de que los recortes llegaran al INCAA, el secretario general de la Cámara de Casación Penal, Juan Montesano, le había hecho llegar una carta de agradecimiento por la labor que cumplen los técnicos en el registro de las audiencias y de las inspecciones oculares que se hacen a los lugares donde se cometieron los crímenes contra la humanidad. No alcanzó para impedir que el desguace llegara.
Según pudo reconstruir Página/12, el MECIS sigue existiendo, pero es una cáscara vacía porque se quedó sin sus trabajadores. En los últimos años, se fue conformando un acervo de los juicios de lesa humanidad dentro del Consejo de la Magistratura –que sirve de reaseguro de que las grabaciones no se perderán.
Desde que Crous planteó su preocupación sobre el destino de MECIS, sobrevivientes y familiares de víctimas expresaron su preocupación sobre qué pasará con esta política de registro para la memoria, la verdad y la justicia. Desde la agrupación H.I.J.O.S Capital hicieron saber su repudio a la decisión del gobierno de Milei. “Vamos a seguir defendiendo los juicios a genocidas porque la justicia es un derecho. Vamos a seguir defendiendo el trabajo de registro del MECIS porque estos juicios son históricos. Vamos a seguir reivindicando 30.000 luchas”, escribieron.
Página/12