La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aportó su voz luego de que la CAEM (Cámara Argentina de Empresas Mineras) y la UIA (Unión Industrial Argentina) entre otros se manifestaran a favor del RIGI, el régimen de incentivo a inversiones que se propone dentro de la Ley Bases y que está siendo debatida en el Senado de la Nación.
“CAME considera que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) – contemplado en el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos – es un instrumento que por los beneficios fiscales otorgados tiene el potencial de atraer inversiones de gran volumen a nuestro país. El gran desafío que tiene este régimen por delante es que esas inversiones se constituyan en una palanca para el crecimiento económico sostenido y la creación de riqueza y desarrollo de la sociedad en su conjunto”, subrayó el secretario general de la entidad pyme, Ricardo Diab.
“Es indiscutible que sin inversión productiva no hay desarrollo económico sostenible y que en la actual coyuntura que atraviesa nuestro país las inversiones productivas de gran magnitud deben ser atraídas por incentivos fiscales. El RIGI es, a nuestro modo de ver, un potente sistema de atracción de inversiones productivas. Pero no se debe dejar de lado que todo incentivo hacia la inversión tiene como contrapartida una menor recaudación y un trato discriminatorio hacia las empresas que no cuentan con dichos beneficios.
“Por este motivo es que un régimen de incentivos es sólo justificable en la medida en que la sociedad en su conjunto obtenga un beneficio superior al costo en el que incurre y que dicho beneficio se materialice durante un largo período de tiempo”, sentenció González.
RIGI: el pedido para las pymes
“CAME comparte la necesidad de generar incentivos a la inversión productiva. Somos los primeros defensores de la economía real que se contrapone a la especulativa y somos conscientes de que sin incentivos no hay inversión. Pero a propósito del retorno sobre esa inversión surgen preguntas: ¿cuántos puestos de trabajo generarán esas inversiones? ¿Cuántos proveedores locales se integrarán a este proceso? ¿Cuál será el saldo neto de divisas que se generará en nuestro país como consecuencia de este régimen? ¿Cuáles son las cláusulas que fomentan la participación de nuestras empresas en el proceso de inversión?”, continuó el comunicado.
“Incluso creemos que podrían mejorarse algunas partes del articulado sobre la base de normativas vigentes. Sólo como ejemplo citaremos la Resolución del 256/00 del Ministerio de Economía de la Nación que impulsa la inclusión del contenido nacional en estos proyectos de inversión”, resaltó Diab.
“En definitiva, es perentorio atraer inversiones, es imperioso que nuestro sistema productivo ascienda a una escala superior y es necesario otorgar incentivos para motorizar esas inversiones. Pero al mismo tiempo es imprescindible integrar a este régimen a las pequeñas y medianas empresas, a la industria existente, a las economías regionales y a las locales. Es indispensable que se beneficie a la sociedad en su conjunto”, concluyó.
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