Según un estudio de alcance nacional realizado por 15 universidades nacionales públicas de todo el país, al contrario de lo que propone la Ley Bases, la mayoría de la población está a favor de la presencia estatal en ámbitos relevantes de la vida social. El 81 % de la población encuestada de los centros urbanos se pronuncia a favor de la regulación y del subsidio de tarifas y servicios, el 76% considera que el Estado debe intervenir en el mercado inmobiliario poniendo tope a los alquileres. El 78% está en contra de arancelar la atención en los hospitales públicos, el 86 % entiende que el Estado debe garantizar la educación de nivel primario y secundario y el 83,5% está en contra del arancelamiento a las universidades.
Estos y otros datos ponen entre paréntesis la pretensión de universalidad de las políticas o más bien no políticas públicas que pretende llevar adelante el gobierno nacional.
El estudio es parte del proyecto “La distribución en disputa: las políticas por la igualdad y sus soportes sociales desde la perspectiva del análisis de clase” del Programa de Investigación Regional Comparada de la Estructura Social Argentina (PIRC -ESA), un programa federal interuniversitario formado por 15 universidades públicas e institutos asociados, y aporta evidencias para, por lo menos, poner en duda la idea de que el avance contra la presencia estatal como garantía de derechos sociales, cuenta con sostenes políticos y culturales firmes en la ciudadanía.
El trabajo se basa en una encuesta probabilística presencial de 1500 casos, personas de entre 18 y 69 años de edad, a nivel nacional, relevada entre abril y mayo.
“Este es un adelanto de una investigación grande, con distintos niveles de análisis. Decidimos difundirlo ahora porque entendemos que los núcleos de consenso que se relevan a través de este instrumento suponen puntos de partida distintos a los que se están dando por supuestos en gran parte del debate actual sobre los cambios normativos. Creemos que puede ser una advertencia importante para todos los actores políticos, pero sobre todo para aquellos que están en este momento con la responsabilidad de discutir estos cambios y sostienen una orientación hacia una mayor democracia y menor desigualdad social”, a Página/12, Verónica Maceira, profesora de la Universidad Nacional de General Sarmiento e investigadora del Programa de Investigación Regional Comparada-Estructura Social Argentina (PIRC-ESA).
En relación a la propuesta de liberalización de mercados de bienes y servicios esenciales contenida tanto en el DNU 70/23 como en la Ley Bases, el 72% consideró que el Estado debe garantizar el acceso al financiamiento de la vivienda única familiar.
En temas laborales, en los que el gobierno propone la desregulación del trabajo, el 83% está a favor de aumentar las penas a las empresas que mantienen trabajadores en negro. En temas jubilatorios, en los que se propone desde el Ejecutivo la eliminación de la moratoria jubilatoria, el 72% considera que el Estado debe garantizar la jubilación de quienes no hayan realizado aportes suficientes en su vida activa.
También hay una contundente oposición a la mercantilización de los servicios sociales básicos tradicionales como salud y educación. El 78% está en contra de arancelar la atención en los hospitales públicos, el 86 % entiende que el Estado debe garantizar la educación de nivel primario y secundario y el 83,5% está en contra del arancelamiento a las universidades, aspecto, este último, que quedó en evidencia con la masiva movilización universitaria federal de abril.
En relación a las necesidades de cuidado de niñas, niños y adultos mayores, el 75,3% se pronunció a favor de garantizar jardines maternales públicos y el 93% acordó en la necesidad subsidiar los medicamentos para los adultos mayores. Además, el 82% consideró que es obligación del Estado proveer alimentos a los comedores populares.
“Estas valoraciones son expresadas por personas de distintos grupos de edad y géneros, si bien el apoyo a la regulación y sostén estatal es sistemáticamente algo mayor entre las mujeres que entre los varones (entre dos y cinco puntos porcentuales) en todas las dimensiones descritas”, explica el informe. ¿Por qué las mujeres tienen criterios más solidarios? “Entendemos que tiene que ver con que experimentan dos condiciones. Por un lado, son aquellas que se encuentran en doble situación de desventaja social y son las que están directamente involucradas en la ética del cuidado. Por otro, expresan también el cambio político y cultural progresivo que las tuvo como protagonistas en las últimas décadas”, dijo Maceira.
Considerando las diferencias de clases entre las personas encuestadas, el informe da cuenta de que “aquellos segmentos con bajos y medios niveles educativos, hacen presente un acuerdo aún más intenso respecto de las políticas de formalización del empleo e intervención en el mercado laboral, mientras que los y las encuestados de altos niveles educativos expresan un sesgo aún mayor hacia la defensa de la educación pública”.
-El resultado más evidente es que la mayoría de la gente se expresa a favor de la intervención del Estado en distintos aspectos. ¿Cómo analizan esto en relación con que la mayoría de la población votó por el gobierno actual? -preguntó Página/12.
-Ese es el resultado relevante que queremos destacar en esta instancia, es evidente en la medida que surge de la investigación, pero no es lo evidente ni lo visibilizado en el contexto público de la discusión actual. Entendemos que las divergencias en torno a cuáles son las mejores políticas para salir de la crisis y mejorar las condiciones de vida que se expresaron en la contienda electoral no deberían confundirse con un consenso en torno a la impugnación respecto de los derechos sociales básicos y del papel del estado en la garantía de esos pisos de protección.
-El gobierno sigue teniendo apoyo a pesar de sus políticas de hambre, estos resultados parecen decir lo contrario. ¿Cómo lo interpretan?
-Estos resultados no discuten el apoyo que sigue manteniendo el gobierno actual. Es un resultado electoral reciente y es probable que los niveles de adhesión, como relevan otras encuestas específicas, sigan siendo altos. En relación a esto nuestra investigación supone una advertencia sobre la diferencia entre una confluencia electoral coyuntural y lo que pueden entenderse como cambios sustantivos, sociales y culturales, en los horizontes compartidos por la sociedad y sus criterios de justicia. Que parte de la población haya construido su encuadre político electoral en referencia a la corrupción de la burocracia política no debería ser confundido con un apoyo a la mercantilización del conjunto de los bienes públicos ni con un acuerdo con la falta de garantía estatal de los derechos sociales básicos.
En ese sentido, Maceira destaca que estos resultados permiten pensar que “no necesariamente tenemos que dar por supuestos los puntos de partida de la agenda que se propone”. “En todo caso, en sintonía con eventos recientes, como la gran marcha federal universitaria, muestran núcleos de consenso en torno a la educación pública, a la salud pública, a la seguridad social, que son bases para la construcción de otros consensos”, finalizó.
Página/12