Las personas, familias, trabajadores, trabajadoras y organizaciones atravesadas por la discapacidad llevan años reclamando mejoras en todo lo que tiene que ver con su acceso a derechos. Pero desde que comenzó el gobierno de Javier Milei y en línea con otros colectivos que se encuentran entre los más vulnerados de la sociedad, no hacen más que ver empeorar su situación.
La semana pasada encendieron una nueva alarma, ante un proyecto de decreto que desregula el nomenclador que establece –desde hace 25 años- los mismos aranceles por prestación para todos los financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas para la Habilitación y Rehabilitación. Que rija la mano invisible, la del mercado.
“Determínese que los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad mencionados en el artículo 7° de la Ley N° 24.901 fijarán de forma independiente -y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad”, dice el artículo 2 del proyecto de decreto, fechado el 8 de mayo y firmado por Diego Spagnuolo, director libertario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y abogado de Milei en distintas oportunidades.
El texto del proyecto se filtró y llegó a las organizaciones de familias y trabajadores acostumbrados a luchar por el aumento de los aranceles del Nomenclador. Ahora, tienen que salir a luchar contra su desregulación.
Así lo advirtió el Consejo Argentino Para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS): “Que cada financiador tenga sus propios aranceles en lugar de que estos sean acordados en el Directorio de Prestaciones Básicas para todo los financiadores del Sistema conspiraría contra la universalidad de la atención de calidad, y resultaría una medida contraria al principio de progresividad establecido en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues se trataría de una medida de política pública regresiva para la garantía de derechos de las personas con discapacidad, a la par que llevaría a los prestadores a brindar servicios al ‘mejor postor’, conforme la lógica del mercado.”
“Ciudadanos de segunda”
“Siempre tuvimos cuestiones desiguales. El Nomenclador de alguna manera emparda esa desigualdad, compensa. El CUD (Certificado Único de Discapacidad) hace que se acceda, y el Nomenclador hace que haya profesionales para esas terapias. Con el Nomenclador mercantilizado –porque desregular es un término edulcorado para vender ajuste- lo que sabemos es que va a generar ciudadanos de primera y de segunda, en un colectivo ya de por sí vulnerado”, alertó Julia Domínguez, psicopedagoga y miembro de la Asamblea de Trabajadores de Inclusión, que este martes está realizando clases públicas en distintas provincias para visibilizar la situación en el marco de un paro.
“Al recorte que significa la desidia en que se tratan los aumentos en las prestaciones para personas con discapacidad, a la ola de despidos, a los recortes de pensiones, a los discursos de odio y violencia simbólica, hoy se suma la angustia que genera en el colectivo el proyecto de decreto que apunta a desregular el sistema de prestaciones”, difundió esa Asamblea mediante un comunicado.
“El decreto afecta de manera muy negativa al colectivo de discapacidad. Al darle autonomía a los entes financiadores, lo que están diciendo es que van a hacer un ajuste. Y ese es un problema, porque al desfinanciar todos los fondos que están contemplados en el artículo 7 de la ley 24.901, las obras sociales que son beneficiarias de estos fondos no van a tener el dinero para pagar las prestaciones. Eso va a generar una cadena donde las obras sociales no van a poder cumplir el 100% de las prestaciones en discapacidad porque no van a tener dinero”, apuntó Juan Guardatti, de Derechos sobre ruedas.
“Y tampoco las personas con discapacidad se van a poder financiar por sí solas las prestaciones. Porque 8 de cada 10 no tienen trabajo en este país. Y la pensión por invalidez equivale al 70% de una jubilación mínima”.
“Una desigualdad absoluta”
Hasta el cierre de esta nota, la ANDIS no dio precisiones sobre los avances del proyecto de decreto ni sobre cuáles serían los ‘beneficios’ de desregular el Nomenclador.
Familias de personas con discapacidad publicaron una petición en la plataforma Change para pedir que no se avance en ese sentido, mientras sigue el reclamo por declarar la Emergencia en el ámbito de la discapacidad.
“Al desregular eso y dejar que cada obra social pague lo que quiera, lo que vamos a terminar sufriendo es una desigualdad absoluta. Donde aquellos que tengan obras sociales que paguen más van a poder acceder a las prestaciones, y quienes tengan obras sociales que decidan recortar su presupuesto en prestaciones no van a poder acceder”, lamentó Valeria Díaz, integrante del colectivo como familiar de una persona con discapacidad.
Agregó: “Esto va en línea con todo lo que está haciendo el Gobierno, que es desintegrar cualquier tipo de ayuda desde el Estado, sobre todo a sectores vulnerables. Lo vimos con los jubilados y los problemas de acceso a medicamentos, con las personas con enfermedades graves que no están pudiendo acceder a medicamentos de los que depende su vida. Y lo vemos ahora con las personas con discapacidad, que no van a poder acceder a servicios para garantizarles calidad de vida. La alerta la tenemos encendida, no queremos que se desregulen las nomenclaciones”.
“Todo lo que pedimos que hagan, van y hacen lo contrario. Pedimos más intervención del Estado y se corren. Hasta el año pasado en ANDIS había alguien -a raíz del reclamo nuestro- llamando a las obras sociales para mover pagos trabados. Ahora hay un corrimiento. Un abandono y una legitimación del abuso de poder. Las relaciones entre prestadores, obras sociales, gerenciadoras y afiliados frente a esos monstruos son desiguales”, se indignó la psicopedagoga Domínguez, desde Córdoba.
La profesional alertó sobre los efectos que va a tener el nuevo escenario sobre quienes trabajen en torno a la discapacidad, pero también sobre familias y pacientes. “Esto se traduce en que menos prestadores van a querer trabajar por obras sociales y el trabajo va a ser devaluado, va a generar competencia desleal entre colegas, abandono de tratamientos, pérdida de vínculos terapéuticos. Más frustraciones, fobias, patologías de salud mental generadas por esto. Hay un arrastre de situaciones graves. A las familias las pone en situación desesperante. La vulnerabilidad es enorme y el abandono es grande”.
“Una medida regresiva”
El 25 de abril último, cuando ya se hablaba de la intención de desregular el Nomenclador –que se confirmó con la circulación del proyecto de decreto firmado el 8 de mayo- el Consejo Argentino Para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS) emitió un comunicado para explicar “por qué el Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas debe ser único”.
Remarcó que el sistema, que funciona desde hace un cuarto de siglo, “es una de las principales políticas públicas para las personas con discapacidad certificada de nuestro país. El Sistema tiene por objeto la cobertura integral de las necesidades y requerimientos de esta población y la universalidad de la atención de calidad mediante la integración de políticas, recursos institucionales y económicos”.
“Llamamos la atención a estos dos conceptos: integralidad y universalidad. La integralidad se vincula con el deber de cobertura total, al 100 %, de las prestaciones y servicios contemplados (…) La universalidad se relaciona con que todas las personas con discapacidad certificada, sin importar si son afiliadas a obras sociales nacionales, al PAMI o a Incluir Salud, accedan a servicios y prestaciones de la misma calidad”.
“Dejando de lado los incumplimientos, que por supuesto existen, todos los beneficiarios del Sistema acceden a una cobertura integral de calidad, lo que permite afirmar que el Nomenclador con aranceles únicos ha robustecido el mandato de integralidad y universalidad que surge de la ley 24.901”, afirmó el CAIDIS.
Por eso, cuestionó y alertó sobre la posibilidad de su desregulación. “Implicaría que la Agencia Nacional de Discapacidad abdicara de su rol de organismo de regulación del Sistema, asignado por el artículo 1 del Anexo 1 del Decreto 1193/98”.
Además, “romper la política de arancel único para todos los financiadores del Sistema es poner en riesgo la universalidad de la calidad de las prestaciones y servicios del sistema, porque el nomenclador está indisolublemente asociado a la calidad de las prestaciones que exige el Marco Básico para todos los prestadores registrados. Si ANDIS no va a regular el sistema y el Directorio no va a establecer los aranceles para que cada financiador pague distintos montos, se corre el riesgo de que los criterios que sigan para establecer los aranceles no aseguren la calidad que caracteriza al sistema desde su origen”.
Si eso ocurre “será una consecuencia inevitable que los beneficiarios de aquellos financiadores que paguen menos accedan a prestaciones de menor calidad. Por todo esto, que cada financiador tenga sus propios aranceles en lugar de que estos sean acordados en el Directorio de Prestaciones Básicas para todo los financiadores del Sistema conspiraría contra la universalidad de la atención de calidad, y resultaría una medida contraria al principio de progresividad establecido en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues se trataría de una medida de política pública regresiva para la garantía de derechos de las personas con discapacidad”.
Tiempo Argentino