Sobre esto habló el presidente del Comité contra la Tortura, Darío Gómez, y aseguró que no están conformes “con el proceso que llevó a sancionar esta ley”. “Estamos con ese sabor de gusto a poco, no porque se haya sancionado algo que no compartamos. Son las formas, la metodología”, sostuvo en una entrevista en los estudios de CIUDAD TV.
Comentó que el Comité tiene competencia directa en este tipo de cuestiones, la ley nos obliga”. “Nosotros recibimos pedidos de opiniones técnicas”, dijo y recordó que el organismo recorremos permanentemente las cárceles, comisarías y establecimientos donde se encuentran personas alejadas, sea privada de su libertad o por razones de salud o edad en establecimientos geriátricos.
“Acercamos, hasta donde sé, una media docena de opiniones de organismos técnicos especializados, tanto de la provincia como a nivel nacional”, mencionó y nombró al Comité Nacional, a asociaciones como Pensamiento Penal y de Abogados y Abogadas, al Ministerio Publico de la Defensa “que es la pata del Poder Judicial con el tema de cárceles”.
“Lamentablemente, nunca fuimos convocados a un debate. Hemos ido a alguna que otra Comisión, pero no hubo una interacción fue una exposición y no se produjo despacho”, reforzó.
También marcó como “un error” el que no haya intervenido la Comisión de Derechos Humanos. “Nos parece inadecuado, sale con el despacho de Legislación General, como que se cerró el debate y la participación”.
“Haciendo una crítica respetuosa y constructiva. Chaco es una provincia pionera en este tipo de políticas públicas y nuestro esquema de trabajo dentro de las cárceles en lo que hace a educación, estudio, capacitación, salidas laborales es muy conocido y respetado a nivel nacional e internacional
Remarcó la existencia del Consejo Consultivo creado por ley, con participación de todas las autoridades que trabajan el contexto de encierro: Poder Judicial, Ministerio de Gobierno, Fuerzas de Seguridad, la Legislatura a través de la Comisión de Derechos Humanos, la Procuración, el Ministerio Público de la Defensa, y delegados de toda la provincia. “¿Qué mejor espacio que ese para debatir una norma de este tipo. Ver lo positivo, lo negativo por la experiencia que tenemos. Tampoco se hizo”.
Cuestionó también “los discursos” de legisladores que argumentaron bajo la idea de delitos que se cometen en la provincia, cuestión que negó. “Nombras delitos que no se cometieron en Chaco. Entonces, están legislando, tomando experiencias de otros lugares del país o del mundo y haciendo leyes para nuestra provincia”.
Mencionó además los indicadores del Sistema Nacional de Estadísticas y Ejecución de la Pena. “En los dos últimos informes sobre personas privadas de libertad en la provincia del Chaco nos dice que tenemos una población carcelaria que tiene una conducta buena, muy buena y ejemplar que ronda entre el 91% y el 94%. Entonces, por qué retroceder con la sanción de esta norma teniendo todos estos indicadores”. Y advertimos esta situación”, sostuvo.
“Nosotros esperamos que se tenga en cuenta todo esto en la reglamentación”, manifestó.