El ex secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla desmintió al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien anunció la suspensión de todos los trámites vinculados con las leyes reparatorias para víctimas de la dictadura por irregularidades en su concesión.
“Cúneo Libarona oculta que estas maniobras criminales fueron señaladas justamente por víctimas del terrorismo de Estado, organismos y abogados/as querellantes de derechos humanos ya desde 2014”, replicó Pietragalla, en su condición de presidente de la Red Federal de Derechos Humanos.
“También omite que fue la gestión a mi cargo la que formalizó en la justicia la denuncia (y las pruebas) y se constituyó como querellante”, añadió.
Pietragalla aludió así a la decisión del Ministerio de Justicia de paralizar la totalidad de los expedientes de leyes reparatorias de víctimas del terrorismo de Estado en trámite hasta tanto se realice una auditoría sobre todos los casos.
“El ministro vincula esta decisión con el desarrollo de la causa ‘Martínez Moreira, Adrián y otros s/ defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita’, que investiga a un grupo de personas actualmente procesadas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional”.
Esa es la causa que Pietragalla sostiene que fue denunciada por las propias víctimas en 2014.
“El ministro utiliza un caso concreto, el de una banda de delincuentes que viene siendo denunciada desde hace muchos años, para echar mano al recurso del curro y lograr su verdadero objetivo: extender un manto de sospecha sobre todo el proceso de reparación. Y así dinamitarlo”, embistió el ex secretario de Derechos Humanos.
Pietragalla explicó que “los procesos de tramitación y otorgamiento de beneficios reparatorios fueron revisados en reiteradas oportunidades, ya que deben seguir determinados procedimientos establecidos por las normas que los crearon y los regulan, que establecen criterios procedimentales y probatorios para determinar cómo se resuelve cada caso”.
Esos procesos, precisó, han atravesado al menos dos procesos formales de auditoría, tanto por parte de la SIGEN, organismo externo al Ministerio (2016) como por la Unidad de Auditoría Interna (2021)”.
“En ninguno de los casos mencionados fue necesario paralizar los expedientes para realizar las auditorías”, subrayó.
Pietragalla recordó que “fue durante el gobierno de Carlos Menem, sumamente admirado por el gobierno del cual el ministro es parte, que fueron sancionadas las leyes reparatorias ‘madre’, dirigidas a personas que sufrieron la prisión política y a familiares de víctimas de desaparición forzada”.
“Este gobierno reivindica la dictadura y niega el terrorismo de Estado mientras intenta ensuciar una política pública ejemplar en el mundo con el objetivo de vaciarla, desfinanciarla o directamente clausurarla”, concluyó.
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