La acción tiene como finalidad que se declare la inconstitucionalidad de dicho acto y se ordene al Poder Ejecutivo Nacional a que eleve una nueva propuesta que garantice la diversidad de género.
Tras el anuncio de la Oficina de Presidencia, el pasado 15 de abril se formalizó en el Boletín Oficial la propuesta de Lijo y García Mansilla como candidatos al Máximo Tribunal. Ello, a los fines de cumplimentar el trámite establecido en el Decreto 222/2003 que regula el procedimiento de designación de cortesanos, conforme el artículo 99 inciso cuarto de la Constitución Nacional.
“Desde 2005, el Estado Nacional desarrolló una conducta progresiva que garantizó la diversidad de género en la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bajo ningún punto de vista fáctico o argumental es posible justificarse una regresión estatal en lo atinente a la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación intentando imponer una integración compuesta exclusivamente por hombres”, sostiene el escrito de demanda.
El abogado fundamenta su acción en torno al art. 75 inc. 23 de la Constitución argentina que le impone al Congreso la obligación de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato de manera general y de forma particular. Asimismo, cita las Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de la Argentina (25 de noviembre de 2016) del Comité para la eliminación contra la Mujer que recomiendan políticas que establezcan la paridad de género en la Corte.
La acción recayó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal n° 12, a cargo de Macarena Marra Giménez.
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