La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, Cristina Fiore, presentó ayer un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El recurso es contra el gobierno nacional, por omitir su responsabilidad legal y constitucional de garantizar el normal curso de leyes vigentes, como las de financiamiento educativo y de educación nacional.
El Estado salteño planteó ante la Corte Suprema que el gobierno libertario formalizó una decisión que tomó hace meses de forma unilateral. Mediante el decreto de necesidad y urgencia 280, que se publicó en el Boletín Oficial el 26 de marzo, dejó de contribuir al financiamiento del sistema educativo de las provincias.
La provincia argumentó que esas garantías y responsabilidades se establecieron con anterioridad. Primero mediante la Ley de Financiamiento Educativo 26.075, l sancionada en diciembre de 2005, conocida actualmente. Y luego, mediante la Ley de Educación Nacional 26.206, de diciembre de 2006. Mediante esos dos instrumentos legales el parlamento argentino estableció que dentro de todo el territorio nacional la educación es considerada un bien público, una prioridad nacional, y sobre todo, una política de Estado.
“Lo que se planteó fue la nulidad y la inconstitucionalidad de un decreto de necesidad y urgencia publicado justo antes de Pascuas, que es el 280”, explicó ayer la ministra Fiore en el canal oficial del gobierno de Salta. Detalló que mediante ese DNU, el gobierno que conduce Javier Milei “estableció la eliminación de los fondos destinados a financiar el Incentivo Docente”.
Si bien en el texto del DNU 280 no se mencionan directamente las dos leyes vigentes que estructuraron el argumento central del recurso de amparo que elevó el gobierno de Salta a la CSJN, en la página 178 del Anexo 1 de ese decreto, el gobierno nacional aclaró que, del Fondo Nacional de Incentivo Docente, discontinuó partidas por casi 277 billones de pesos, o lo que es lo mismo, por casi 277 millones de dólares, promediando en mil pesos por dólar la cotización en el mercado de divisas.
El regalo de Pascuas del gobierno nacional fue interpretado por provincias como Salta como “una decisión intempestiva, arbitraria y apresurada”, según calificó Fiore. Además, para el gobierno salteño, la Nación incumplió con mandatos constitucionales, porque las leyes de Financiamiento Educativo y de Educación Nacional establecen “claramente la responsabilidad que tienen tanto el Estado nacional como el Estado provincial de atender a la aeducación”, insistió la ministra.
Asimismo, aclaró por qué Salta considera que la medida sobre el FONID -que el gobierno nacional aplicó a través del Ministerio de Capital Humano- fue intempestiva: “ocurrió de un día para el otro y sin ningun fundamento”. La ministra fue una de las primeras en salir a la palestra cuando desde la administración de Javier Milei se anunció que las partidas que financiaban el FONID serían canceladas y, por lo tanto, no habría más plata para girar a las provincias. “No giran los fondos por venganza”, dijo a mediados de febrero, cuando la discusión por el incentivo docente se mezcló con el fracaso del tratamiento de la ley ómnibus.
Ayer, la funcionaria detalló la estrategia del gobierno de Salta con la medida cautelar. “Mientras la Corte resuelve la cuestión de fondo sobre el DNU 280, la provincia solicita que se le pague lo que le corresponde en concepto del Incentivo Docente”, informó. “Nosotros lo que hacemos es defender el salario de los docentes. No existe ninguna razón para que Nación no remita esos fondos”, aseveró. Luego recordó que si bien con el FONID se cubre el 10 por ciento del salario, eso ocurre desde 1998.
Justamente, en el recurso de amparo se historizó que el FONID fue creado por ley sobre finales del siglo pasado y que su finalidad fue mejorar la retribución de la docencia argentina en esos tiempos de neoliberalismo y menemato.
Se transformó en una batalla ganada para las y los educadores, en medio de la protesta de la Carpa Blanca, que se extendió entre 2 de abril de 1997 y 30 de diciembre de 1999. Desde su sanción en el Congreso, la ley 25.053 del FONID fue prorrogada durante 26 años mediante distintas leyes y decretos.
Segundo encuentro de gremios en mesas técnicas
Aunque la propia ministra Fiore admitió la semana pasada que en la coyuntura actual “se complica acordar con los sindicatos” mejoras salariales, el viernes último participó en la mesa técnica -dentro de la discusión paritaria- con gremios educativos.
En ese encuentro no se discutieron mejoras en los ingresos de la docencia de escuelas públicas de la provincia. El último incremento salarial se otorgó por decisión administrativa en tres tramos que culminarán con la liquidación de los sueldos de abril.
Durante esta segunda reunión, las y los representantes de los siete gremios docentes de Salta trabajaron sobre temas relacionados la actualización de normativas fundamentales para la carrera docente y la elaboración de una hoja de ruta que incluya “instancias de investigación, sistematización de datos, asesoramiento y participación de especialistas”, informó el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. El objetivo del gobierno es “conformar una agenda de trabajo hasta el 2027” con las y los educadores públicos de la provincia.
Página/12