Las resoluciones 878/24 y 879/24, que el pasado 25 de marzo fueron dictadas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), consisten en actos administrativos que obligan a regularizar la situación de cooperativas que, por distintas razones, no hayan podido cumplir con las obligaciones establecidas por la Ley 20.337 y la autoridad de aplicación.
En este marco, la entidad que lidera Ramiro Martínez y está integrada por 16 federaciones de cooperativas nacionales, anunció que pondrá a disposición la asistencia necesaria para colaborar en el proceso de regularización de las entidades que se encuentren afectadas por esta medida.
“Desde nuestra Confederación, vamos a realizar lo necesario en pos de ayudar a nuestras asociadas, en el caso de que lo necesiten para poder cumplimentar con estas cuestiones, y llevar adelante la regularización lo más pronto posible”, afirmó Martínez.
Estas normas, que instan a la regularización de algunas organizaciones y establece la suspensión en casos puntuales, tiene su antecedente en la Resolución 3369/09, que se aplicó a las entidades que hubieran incumplido con el relevamiento y actualización del padrón nacional dispuesto por la Resolución Nº 3517/05.
El cooperativismo y mutualismo argentino representan hoy un 15% del Producto Bruto Interno (PBI), generan u$s4.000 millones anuales de exportación y propician 400.000 puestos de trabajo.
A su vez, según números de Valor Argentino, espacio construido por cooperativas y mutuales, 4 millones de personas son atendidas en salud gracias a estas organizaciones, 8 millones de hogares cuentan con luz, gas y conectividad otorgada por las mismas, y 10 millones de personas pueden acceder a alimentos más baratos.
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