El coordinador del equipo jurídico del Centro de excombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), Jerónimo Iraola, sostuvo a Somos Télam que “en los próximos días presentaremos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA las observaciones finales para pedir que se declare la responsabilidad del Estado argentino por la omisión de haber investigado estos hechos a más de cuatro décadas de finalizada la guerra”.
El abogado precisó que esta petición fue admitida en el ámbito internacional “en diciembre pasado” y que resta que “el organismo presente un informe final para lo cual haremos estas últimas observaciones. El objetivo es que se declare la responsabilidad del Estado argentino por no investigar estos hechos”, añadió.
Iraola explicó que el proceso “no conlleva una sentencia sino que consiste en un pronunciamiento” y que desde el año “2015 en que fueron desclasificados los archivos, se ha presentado mucha prueba al respecto”.
En tanto, el abogado contó que en el ámbito nacional “el informe podría servir para que la Corte Suprema de Justicia tome nota de todo esto” aunque resaltó que el expediente no fue presentado con esta motivación sino con la de “poner en evidencia el ocultamiento de las violaciones a los derechos humanos y la ausencia de investigación y eventual condena” en la Argentina.
En este punto, detalló que existen “nueve recursos extraordinarios en la Corte” y que los querellantes solicitan que los jueces “entiendan que las torturas son graves violaciones a los derechos humanos, que no están prescritas y que existe el deber estatal de avanzar en la investigación y en el eventual juzgamiento”.
La primera denuncia sobre violaciones a los derechos humanos en Malvinas se consolidó en 2007, y hoy constituye una “megacausa donde se investiga a más de 100 miembros de las fuerzas armadas y donde hubo más de 200 testigos, muchos de ellos en condición de víctimas”, enumeró el letrado.
Sin embargo, los casos comenzaron a conocerse apenas terminada la guerra y “fueron constatadas en actas que luego se clasificaron hasta que en el año 2015, se desclasificó la documentación”.
Iraola añadió que en aquel contexto, “las Fuerzas Armadas estaban entrenadas no para la defensa sino para la represión de lo caracterizado como el enemigo interno, que la guerra se dio en el marco de una dictadura y que desde el 76 regía un régimen criminal que propició el terrorismo de estado”.
“En ese marco, los excombatientes fueron estaquedados, es decir, sujetarlos al piso a través de una estaca, obligados a sumergirse en agua helada, sufrieron golpes y enterramienteos y el hambre como logica de tortura”, enumeró.
En este sentido, sumó que “hay pruebas contundentes, por ejemplo, que muestran que mientras los miembros de las fuerzas comían bien y tenían todo lo que necesitaban, los soldados conscriptos sufrían y padecían y diversos tipos de torturas”.
Somos Télam