La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, la Comisión Provincial de la Memoria y diversos defensores de los Derechos Humanos interpusieron una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional, con la finalidad de que se declare que los crímenes de lesa humanidad no son susceptibles de la concesión de amnistías, indultos o conmutación de penas, en consonancia con diversos tratados internacionales. En ese sentido, peticionan porque se ordene cesar cualquier tipo de amenaza o alteración que tenga como finalidad la concesión de beneficios a autores de crímenes de lesa humanidad y genocidio.
La acción, firmada por Estela de Carlotto, Adolfo Perez Esquivel, Dora Barrancos, Carlos Rozanski y Jorge Cholvis, fue patrocinada por el constitucionalista Eduardo Barcesat y el abogado Daniel Valmaggia e iniciada en la Justicia Federal de La Plata. La causa recayó en el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo n° 2 de dicha ciudad, a cargo interinamente por Alberto Osvaldo Recondo.
“Quiénes suscribimos esta acción preventiva de amparo hemos transcurrido nuestras vidas, como personas e instituciones, en defensa de la vida, la libertad y la integridad física y psíquica de las personas”, sostiene el escrito de demanda para fundamentar su legitimación para accionar.
En cuanto a la amenaza sostenida por los actores de una posible política de indulto o conmutación de penas a genocidas, acompañaron como prueba documental diversas expresiones, entrevistas y declaraciones de la Vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, sobre la posibilidad de llevar a cabo esas acciones.
Por otra parte, los demandantes presentaron un escrito para que se remita la causa a un juez penal, sin embargo, el juez Recondo resolvió por declararse competente para intervenir. Asimismo, habilitó días y horas inhábiles dada la gravedad institucional denunciada.
Palabras del Derecho