“No es el caso solo de Camila. Hay miles de Camilas en todo el país. Pobre ella ya no está, ¿y todos los pacientes que quedan?”. Camila Giménez tenía 25 años y murió días atrás, luego de esperar un mes el envío de medicamentos oncológicos que el Ministerio de Salud de la Nación debía proveer y nunca envió, en medio de la política de ajuste para eliminar el déficit fiscal que ha implementado el gobierno de Javier Milei, sin importar en qué áreas se producen los recortes.
Giménez murió en el Hospital Pasteur de Villa María, provincia de Córdoba, producto de un tumor cerebral. Luego de que su familia hiciera público el caso, el Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que desmentía que hubieran dejado de enviar los medicamentos e indicaba que el área involucrada, la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) “no cerró ni cerrará durante esta administración” y habla de un “reordenamiento” y traspaso de la dirección al Ministerio de Capital Humano para “atender a la población vulnerable con cobertura pública exclusiva en medicaciones de alto costo”.
Aldo Giménez, el padre de Camila, contó a la radio AM750 que su hija murió luego de esperar durante un mes y medio que el Gobierno envíe los medicamentos contra el cáncer y que nunca llegaron.
El caso de Camila no es el único: ya son más de 100 organizaciones de pacientes con enfermedades poco frecuentes, patologías crónicas, discapacitantes y diferentes tipos de cáncer, las que hicieron un pedido y advirtieron por la situación “urgente” de cientos de pacientes en todo el país.
“El Gobierno no mandó los medicamentos a tiempo, como debía ser. Conseguimos una pastilla gracias al oncólogo y le pudimos hacer uno o dos tratamientos. Y falleció. La realidad es que no llegaron los medicamentos a tiempo. Tendría que haber hecho el tratamiento un mes antes”, agregó el padre de la joven.
Giménez resaltó que la muerte de su hija fue “un abandono tremendo de persona”. “Un médico fue el que le dio la pastilla de un paciente. Vaya a saber, un paciente que habrá muerto”, agregó.
“Pero ella necesitaba el tratamiento un mes y medio atrás, y lo empezó la semana pasada. No es el caso solo de Camila. Hay miles de Camilas en todo el país. Pobre ella ya no está, ¿y todos los pacientes que quedan? Hay gente que manda mensajes todos los días y el Gobierno no hace nada”, advirtió.
Según trascendió en una primera instancia, el SIAFA no recibió nunca por parte del Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, esos remedios requeridos con urgencia.
La respuesta del Gobierno
Como ya es habitual, la respuesta del Gobierno fue un desligarse de responsabilidad y redoblar la apuesta. Mientras acusaba a los familiares de las víctimas, como Aldo, de ser parte de una “operación de prensa”, aseguraron que la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) no cerró ni cerrará durante esta administración.
“El objetivo (es que la DADSE) recupere su sentido fundacional, que es atender a la población vulnerable con cobertura pública exclusiva en medicaciones de alto costo, y en complemento de las respuestas que también deben ir dando los sistemas provinciales y municipales como responsables primarios”, señaló en un comunicado.
De todos modos, si se revisa el archivo, se puede ver cómo el 2 de febrero, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano, había anunciado la suspensión de actividades de la DADSE “hasta tanto se revisen los circuitos administrativos que garanticen la transparencia”.
Página 12