Para la Navidad de 1978, Nora Cortiñas decidió viajar a Dolores con dos compañeras de Madres de Plaza de Mayo, Josefina “Pepa” Noia y Hebe Pavello de Mascías. Las tres mujeres habían leído en el diario que habían aparecido cuerpos en las costas. Querían saber si eran sus hijos, a quienes buscaban desde hacía meses. Fueron a golpear la puerta del juzgado de Dolores y finalmente lograron que las atendiera el juez, Carlos Facio. El magistrado nunca las dejó ver los cadáveres, que se enterraron –al tiempo– como NN. Cuarenta y cinco años después de ese pedido desatendido, Facio deberá sentarse ante un tribunal que juzgará su rol durante la dictadura como encubridor de los vuelos de la muerte, la fase final del exterminio.
Por la omisión de investigar lo que había pasado con las catorce personas cuyos restos habían aparecido en las costas en diciembre de 1978 y por impedir su reconocimiento, el juez Martín Bava procesó por encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público a Facio, un vecino famoso de Dolores. Después de que la Cámara Federal de Mar del Plata confirmara su procesamiento, Bava mandó el expediente al tribunal oral de esa ciudad para que sustancie el juicio.
El juez Bava también elevó a juicio al médico policial Miguel Cabral –que intervino en cuatro expedientes sin consignar las muertes violentas de las víctimas– y al exjefe de Catastro del municipio de General Lavalle Juan Domingo Montenegro, que fue parte del encubrimiento posterior –tal como surge de los documentos de inteligencia de la Policía Bonaerense– para que los organismos de derechos humanos no hallaran los cuerpos que estaban enterrados como NN.
En la misma resolución, Bava mandó a juicio a siete exagentes de la Policía bonaerense que cumplieron funciones en la costa: Domingo Martínez, Alberto Martínez, Emilio Luchetti, Juan Antonio Estrada, Mario Castronuovo, Ednio Llorens y Francisco Aristegui.
La fiscala Laura Mazzaferri sostuvo que todos los imputados tuvieron una “participación indispensable para la producción de los homicidios masivos a través de los vuelos de la muerte”.
El rol del magistrado
Facio fue nombrado juez en agosto de 1976 por Ibérico Saint Jean –el interventor de facto en la provincia de Buenos Aires– y estuvo en el cargo hasta mayo de 1984. En febrero de 1984, Cortiñas y Nelva Falcone lo habían denunciado públicamente como uno de los magistrados que impidió la identificación de los desaparecidos y habían pedido que no siguiera en su cargo.
“Como magistrado a cargo de toda la investigación tenía el mapa completo de todo lo que estaba ocurriendo –escribió Bava sobre la responsabilidad de Facio–. Sabía de la existencia de catorce cuerpos arrojados por el mar en idénticas condiciones; sabía que presentaban lesiones que se correspondían con los vuelos de la muerte; había sido puesto en advertencia por Madres de Plaza de Mayo que entre esos cuerpos podían estar sus hijos, víctimas de la dictadura militar; un juez que lo suplió durante un mes advirtió todo esto y dio lugar al Habeas Corpus y al reconocimiento de los cadáveres; y, en todo ese contexto, el imputado hizo todo lo que estuvo a su alcance para impedir ese reconocimiento y para cerrar las investigaciones a fin de que no se investiguen los asesinatos ni sus autores”.
La investigación de Bava se ciñó a lo sucedido con los restos de catorce personas que habían aparecido entre el 16 y el 20 de diciembre de 1978 en las costas del actual Partido de la Costa, Pinamar y Villa Gesell. En democracia, diez de esos cuerpos pudieron ser identificados gracias a los esfuerzos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Esos fueron los casos de Cristina Magda Carreño Araya, Isidoro Oscar Peña, Jesús Pedro Peña, Helios Hermógenes Serra Silvera, Nora Fátima Haiuk de Forlenza, Oscar Néstor Forlenza, María Cristina Pérez, Carlos Antonio Pacino, Santiago Villanueva y Omar Rodolfo Farías. Cuatro de ellos habían estado secuestrados en el circuito conocido como Atlético-Banco-Olimpo.
La Justicia argentina ya acreditó que los vuelos de la muerte fueron la fase final del exterminio en distintos campos de concentración. En 2017, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 condenó a los pilotos del vuelo en el que tiraron a las aguas a las Madres Azucena Villaflor, Esther Careaga y Ana Bianco, las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y siete militantes más que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz. Otro tribunal de San Martín sentenció a los jefes de la estructura de aviación de ejército con asiento en Campo de Mayo.
Página/12