En medio de la escalada de violencia en Rosario, el gobierno de Javier Milei avanza en una reforma legal para habilitar a las Fuerzas Armadas a intervenir en cuestiones de seguridad interior, algo que han tenido vedado desde el regreso de la democracia. El anuncio fue hecho por el Presidente y contó con el respaldo del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. En la volteada, los sectores pro-represores aprovecharon: piden que antes de involucrar a los militares en el conflicto interno, indulten a los que están presos por los crímenes de la dictadura.
“Estamos evaluando enviar una nueva ley de Seguridad interior que permita que las Fuerzas Armadas puedan tomar algunas acciones adicionales”, confirmó Milei en una entrevista con el canal Crónica. Según contó el líder de La Libertad Avanza (LLA), el tema se abordó en la reunión de gabinete de este martes. El ministro de Defensa, Luis Petri, habría ido con una propuesta. Pero, de acuerdo con la versión de Milei, él prefirió no tomar una “decisión final” porque faltaba la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ella se había quedado en Rosario, donde se había mostrado acompañando controles nocturnos mientras hablaba de “narcoterrorismo”.
A esta altura, es claro que no hay rispidez entre quienes dirigen Defensa y Seguridad. Bullrich negoció el desembarco de Petri –quien la había secundado en la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio– en Defensa. Ella misma impulsa hace tiempo el involucramiento de los militares en la lucha contra el narcotráfico. Se inscribe dentro de la doctrina de las nuevas amenazas, promovida por los Estados Unidos después de que la doctrina de la seguridad nacional –que nutrió ideológicamente a las dictaduras en la región– cayó en desuso.
Un día después de que el gobierno nacional activara la implementación de un comité de crisis, Pullaro salió a respaldar la iniciativa –por ahora difusa– de Milei. “No nos tenemos que quedar en debates ideológicos. Tenemos que ser muy prácticos para resolver un problema muy grave que estamos teniendo en este momento en la ciudad de Rosario”, dijo. “Que venga el Ejército, que vengan las fuerzas federales, que venga el acompañamiento de las fuerzas tácticas de otros gobiernos provinciales para que los rosarinos podamos tener un poco de paz”, agregó. Y dijo que las Fuerzas Armadas con el entrenamiento necesario podrían sumarse a las tareas que hacen las fuerzas de seguridad en Rosario.
Milei no pudo dar más detalles de la iniciativa. Respondió que eso debería hacerlo un experto en seguridad. Durante la campaña, el economista había delegado la cuestión securitaria en Victoria Villarruel. La actual vicepresidenta conoce al dedillo el mundo militar –del que es una de las hijas dilectas– y conoce bien Rosario. Allí, su padre era socio gerente de la agencia de seguridad Safety Argentina SRL.
Villarruel discutió públicamente con Bullrich en el pasado sobre implicar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. En las últimas horas, volvió a circular un hilo de tuits que había publicado en febrero del año pasado en el que daba sus razones para mantener a los militares al margen: básicamente dice que no están facultados para combatir contra civiles y que terminarán rindiendo cuenta ante los tribunales no militares. “Ningún uniformado en su sano juicio debería combatir a narcos (que para el Derecho son civiles) cuando el antecedente de los 70 tiene a viejos camaradas presos en cárceles comunes bajo las acusaciones de terroristas impunes”, alertó entonces Villarruel, de reconocida militancia en organizaciones que reivindican lo actuado por los militares durante los años del terrorismo de Estado.
Los (supuestos) cambios
Durante los primeros años de la democracia, se forjó un consenso: mantener a los militares lejos de la seguridad interior y de las tareas de inteligencia. Con los años, se fueron aprobando leyes que dieron cuenta de esos acuerdos. En 1988, se sancionó la ley de Defensa Nacional (23554); en 1991, la de Seguridad Interior (24059) y en 2001, la ley de Inteligencia (25520) –que fue reformada en 2015. En 2006, la entonces ministra de Defensa Nilda Garré promovió el decreto 727 que establecía que las Fuerzas Armadas únicamente serían empleadas ante agresiones externas estatales.
En las últimas semanas había circulado la versión de que el gobierno podría, a tiro de decreto, dejar atrás la doctrina Garré. Sin embargo, esa idea no pareció cuajar dentro de los propios militares. “Con eso no alcanza, los militares no quieren saber nada”, comentó una fuente.
En Defensa explican que están trabajando. A diferencia de lo que dijo el Presidente, todo parece estar verde. Dicen estar abordando la reforma del artículo 27 de la ley de Seguridad Interior. Allí se establece que, en caso de que se lo requiera el comité de crisis, el Ministerio de Defensa puede disponer que las Fuerzas Armadas presten apoyo logístico a través de los servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones, transporte, ingenieros y comunicaciones.
En los artículos siguientes se establece que las Fuerzas Armadas pueden intervenir si hay un atentado en jurisdicción militar –algo que no parece verificarse en la situación de Rosario– o si se declarara el Estado de sitio, algo que Milei no parece tener en sus planes. “No le da el cuero”, chicanean desde la oposición.
En el Congreso desconocen la iniciativa. “Son maniobras de comunicación política que se definen en la Casa Rosada. Ésta es una jugada de (Santiago) Caputo, Milei y (Manuel) Adorni. Ni Petri debe estar enterado”, dice un diputado. Por el momento, la apuesta es a que el gobierno muestre las cartas, si las tiene.
“Antes de modificar la Ley de Seguridad Interior y cambiar las funciones de las Fuerzas Armadas, hay que darles más facultades a las fuerzas federales en Rosario. Sería hacer algo similar a lo que se hizo en el operativo Cinturón Sur en 2011 –y que todavía continúa en la Villa 1-11-14 en Buenos Aires, donde la Gendarmería tiene el control total del territorio”, dice la exministra de Seguridad Sabina Frederic.
“Involucrar a las Fuerzas Armadas en seguridad interior sería un gravísimo error”, apunta, por su lado, el exministro de Defensa y exjefe de Gabinete Agustín Rossi. “En los países en los que ha sucedido, terminaron desprestigiadas. Las Fuerzas Armadas deben dedicarse a la defensa. La formación que tiene un militar no lo hace apto para un patrullaje urbano”, agrega. Para Rossi, hay otro punto que va en contra de la pretendida lucha contra el narco del gobierno de Milei: el proyecto de dolarizar la economía. Ya lo dijo el presidente de Ecuador, Daniel Noboa: “Eso es un elemento que ayuda al narcoterrorismo, que no tiene que cambiar moneda. Es simplemente entran dólares, salen dólares. No hay rastro cambiario”.
Al acecho
“Las Fuerzas Armadas no se quieren involucrar en la lucha contra el narcoterrorismo porque ya vieron lo que les pasó a los militares que combatieron contra el terrorismo marxista, terminaron todos ilegalmente detenidos”, escribió la activista pro-represores Cecilia Pando en la red social X.
Su marido, el mayor retirado Pedro Rafael Mercado, también compartió el diagnóstico pero fue un poco más allá: “Los políticos vuelven a necesitar a las Fuerzas Armadas para resolver un problema que fue agigantado por la misma política (…) La misma clase política que en los ‘70 ordenó y rogó a las Fuerzas Armadas que la liberaran del terrorismo marxista. Mientras tanto siguen muriendo presos quienes hace más de 50 años asumieron la defensa de la Patria. Que la casta primero libere a nuestros camaradas presos. Después hablamos”.
En la plataforma X, Javier Olivera Ravasi –el cura que da la “batalla cultural” en las redes y es hijo del represor Jorge Olivera– compartió un posteo que muestra que hay un consenso para buscar impunidad: “Empeñar a las Fuerzas Armadas en el combate del narcotráfico conlleva una condición esencial: indulto, reparación y anulación de los juicios ‘LH’ (de lesa humanidad)”.
Página/12