El pueblo guaraní Mbya es asistido por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) y el Centro de Estudios Legales, (CELS), y el perjuicio recibido fue imposibilitar el reconocimiento del mismo en la Constitución de la Provincia de Misiones.
“Hemos patrocinado a lo que se llama Mbya Guaraní, que son 46 comunidades, en la presentación de un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esas comunidades en el año 2003 iniciaron un proceso en la provincia de Misiones, que tuvo acogida por la Cámara de Representantes, que por unanimidad aprobó la ley 4.000 en noviembre de ese año”, señaló a la prensa el doctor Julio García.
Añadió que esa ley refería “a la incorporación de los derechos de los pueblos indígenas a la Constitución de la provincia de Misiones, que no los tenía incorporados a su Pacto Mínimo de Convivencia”, y “requería un paso posterior que era la consulta al pueblo de Misiones, que debía ser realizada por el Ejecutivo provincial.
Observa que “ello no se llevó adelante, no hubo plebiscito y no se incorporaron los derechos de los pueblos indígenas. Hubo reclamos administrativos, luego judiciales ante el Superior Tribunal de Misiones, se demoró prácticamente 10 años, y a fines del 2021 se dictó una sentencia negando la convocatoria al plebiscito”.
Ante el rechazo, “se fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien expresó que era un caso local, no lo trató ni fue a la cuestión de fondo, y nos quedó como única alternativa recurrir al sistema internacional de protección de derechos humanos”.
Expresó García que “la Comisión Interamericana se interesó por el caso e inmediatamente corrió traslado a la provincia de Misiones, que tiene un plazo a partir de diciembre último de 3 meses, que puede ser prorrogado hasta 4, para contestar los planteos de la comunidades indígenas, de violación de los derechos políticos, de participación, de igualdad, no discriminación, cosas que la Constitución prevé para cualquier grupo humano pero que le fue vedado a la comunidad guaraní Mbya”.
Finalmente, el letrado reiteró que “el incumplimiento es del año 2003, lleva 21 años, y lo hemos planteado ante la Comisión Interamericana, porque el Superior Tribunal de Misiones violó algo que se llama plazo razonable, por haber frizado un expediente, no resuelto una causa donde no había mayores inconvenientes de tipo probatorio o cuestiones jurídica muy complejas para resolver, y demoró 11 años en resolver”, concluyó.