Antes de requerir abrir una investigación, la fiscal pidió a la justicia una medida previa: que solicite a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores que informe si alguno de los miembros del cuerpo efectuó alguna presentación y/o cuestión de privilegio relacionada con los hechos que motivan las denuncias.
La causa se inició con la denuncia del abogado Leonardo Martínez Herrero, quien planteó la necesidad de investigar hipótesis delictivas que se desprenderían de los dichos del Presidente Javier Milei, realizados públicamente el 26 de diciembre en un programa televisivo transmitido en el canal La Nación+.
El denunciante cuestionó que la fiscal no haya solicitado al menos la declaración en carácter de testigo de Milei, quien habló en reiteradas oportunidades de “coimas”.
Para el letrado, Milei tendría que haber denunciado si tiene sospechas de un delito. Martínez Herrero teme que el caso vaya camino al archivo.
Los hechos que denuncia se circunscriben específicamente a una declaración brindada por el Presidente con el periodista Luis Majul: “Sabiendo que cuando entra la maquinaria del Congreso le pone tanta lentitud que estropea todo. Parte de esa lentitud es porque buscan coimas. Algunos, no dije todos. Pero a esos que les gusta tanto la discusión, que discuten la coma, están buscando coimas. Esto apunta contra los corruptos, esa dinámica para vender sus votos. Ojo que hay mucho vivillo dando vuelta.”
El 27 de enero se replicó un artículo periodístico en el diario digital “La Política Online”, que rezaba “Milei volvió a acusar a los Diputados de Coimeros, ‘Tenemos identificadas las valijas hay decenas, de aceite, biodiesel´.” Esos hechos fueron denunciados dos días después por abogada Valeria Carreras, lo cual motivó la formación de otra causa.
Causas acumuladas
Los expedientes fueron acumulados por motivos de conexidad, ya que refieren a dichos similares del Presidente de la Nación en el marco del debate público sobre la aprobación del DNU 70/2023 y el proyecto de ley enviado a la Cámara de Diputados por el Poder Ejecutivo, denominado “Ley Ómnibus”.
Para la fiscal Mangano, “estos hechos por sí solos no permiten conformar un objeto de investigación que permita impulsar un caso penal, puesto que han sido manifestaciones públicas amplias y con escaso grado de precisión que se dieron en el contexto de un intenso debate político”
Pedido de informes
La fiscal, previo a dictaminar sobre el impulso del caso, “considera útil, para precisar las circunstancias denunciadas, solicitar a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Honorable Senado de la Nación y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación informe si alguno de los miembros del cuerpo efectuó alguna presentación y/o cuestión de privilegio relacionada con los hechos que motivan las denuncias presentadas, específicamente sobre la sospecha de comisión de delitos en el seno del Congreso de la Nación en ocasión del tratamiento de la “ley ómnibus” y/o la aprobación del DNU 70/23”.
“En su caso, que remita toda la información pertinente, incluyendo copias autenticadas de dichas actuaciones administrativas e informe el estado actual de ese eventual proceso”, añadió la fiscal.
Otra denuncia de diputados radicales
En tanto, en tribunales también tramita otra denuncia efectuada por diputados radicales para que se investigue la supuesta existencia de ‘coimas’ en el Congreso de la Nación.
La denuncia por la supuesta comisión de los delitos de “cohecho activo” y “cohecho pasivo” fue presentada, entre otros, por los diputados Rodrigo De Loredo (presidente del bloque de la UCR), Karina Banfi, Julio Cobos, Martín Tetaz, Fernando Carbajal y Jorge Rizzotti y recayó por sorteo en el juzgado federal 10.
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