El Gobierno informó este martes que evalúa declarar la educación como “un servicio esencial”, a pocos días del inicio de clases en todo el país y a dos de que se desarrolle el congreso nacional de Ctera, en el que los gremios docentes resolverán el camino a seguir ante la falta de convocatoria a paritaria nacional del sector y la decisión del Ejecutivo de no enviar a las provincias el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).
En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que “se ha tomado la decisión de comenzar con la evaluación para declarar a la educación como servicio esencial. Los iremos manteniendo al tanto con respecto a este tema”.
De esta manera el Gobierno busca poner en vigencia los artículos del DNU 70/2023 que modificaban la ley laboral argentina y que la Justicia suspendió al declararlos “inconstitucional” por vulnerar el derecho a huelga.
Las declaraciones del vocero se producen en medio del reclamo de los gremios docentes para que sean convocadas las paritarias del sector a nivel nacional y que se garantice el envío de fondos nacionales a las provincias, y fue uno de los temas analizados por el Gobierno durante la reunión de gabinete que se hizo este martes.
En este marco, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) llevará a cabo este jueves, a las 11, un Congreso Extraordinario en la sede del gremio, ubicada en la calle Chile 654, en la ciudad de Buenos Aires, donde se definirán eventuales medidas de fuerza.
“Veo complejo el inicio de clases porque las provincias dijeron que no pagarán el Fonid. Lo han hecho este mes, pero desde el próximo ya no. Nosotros reclamamos que se envíen esos fondos porque están planteados por ley”, explicó este lunes la secretaria General de Ctera Sonia Alesso a Radio 10.
Alesso afirmó que “antes del jueves” habrá definiciones gremiales sobre el inicio de las clases pero consideró “prematuro” anticipar si el gremio llevará a cabo un paro docente porque se están llevando adelante reuniones paritarias en varias provincias.
“Esta semana vamos a saber si empiezan las clases. Antes de (que se realice el) Congreso, seguro. No tenemos información si nos van a convocar (a paritarias nacionales). Esperamos que sí, pero no tenemos confirmación. Algunas voces extraoficiales dicen que nos van a convocar, ojalá así sea”, expresó la dirigente gremial.
A pesar de las diferentes versiones, el presidente Javier Milei descartó el viernes pasado que el Gobierno fuese a convocar a paritarias nacionales al señalar que las negociaciones dependen de las provincias.
“¿La educación de quién depende? Es un problema que tiene que resolver las provincias, ¿qué tengo que hacer yo como Nación metiéndome? Es un problema que tienen que arreglar las provincias. La educación, la seguridad y la salud es responsabilidad de las provincias”, dijo Milei el viernes a Radio Rivadavia.
En esa línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, recordó que “los docentes son empleados provinciales” y afirmó que el Fondo Incentivo Docente “caducó” tras lo cual consideró como “una decisión correcta” la del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de crear un incentivo docente de carácter provincial.
Concentración en la Plaza Pizzurno
En respuesta, organizaciones sociales, movimientos estudiantiles y sindicatos van a concentrar el próximo jueves en la Plaza Pizzurno, a partir de las 11, para reclamar que el Ministerio de Educación de la Nación entregue kits escolares que contengan la canasta básica escolar y contemple los útiles que son imposibles de comprar.
“Las ollas están vacías las mochilas también”, expresaron las organizaciones convocantes quienes advirtieron que “en estas condiciones, la educación deja de ser un derecho y una necesidad para pasar a ser un privilegio”.
DNU
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 fue suspendido por la Justicia en varios artículos, entre ellos el que incorporaba a la educación de nivel inicial, primaria y secundaria, los servicios de cuidado de menores y la educación especial como “servicio esencial”.
De esta forma, el Gobierno buscaba establecer que en ningún caso se podía “negociar o imponer a las partes una cobertura menor al setenta y cinco por ciento (75%) de la prestación normal del servicio de que se tratare”.
“Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental, quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”, se estipulaba en el DNU que modificaba el artículo 24 de la Ley N° 25.877.
Actualmente, el régimen laboral argentino solo considera esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo.
Este intento por parte del Gobierno nacional quedó sin vigencia luego del amparo interpuesto por la CGT y tras el fallo de la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo que declaró inconstitucional ese apartado del DNU.
La modificación debería analizarse en el Congreso mientras que desde el gremio advirtieron que el accionar del Gobierno Nacional “se inscribe en la ofensiva dirigida a intentar la destrucción de la educación” en un comunicado publicado el pasado miércoles 14 de febrero.
“La democracia, la libertad sindical, la dignidad y los derechos de las y los trabajadores de la educación jamás serán conculcadas”, aseguraron desde Ctera.
Télam