La pena es inferior a la que se le había dictado en una instancia anterior, en septiembre de 2021, que fue de un año de cárcel firme, aunque superior a la pedida por la Fiscalía, de un año exento de cumplimiento.
Sarkozy todavía tiene una instancia ante la cual apelar, el Tribunal Supremo, lo que le evitará, de momento, ir a prisión.
A diferencia de los otros acusados, el expresidente no ha sido acusado por el sistema de facturas falsas en sí, ideado para ocultar la explosión del gasto: casi 43 millones de euros frente al límite legal de 22,5 millones.
A 12 antiguos responsables de su campaña se los juzgó en apelación por complicidad en la “financiación ilegal de campaña”, pero también por fraude o abuso de confianza, entre otros, informó la agencia de noticias AFP.
El caso salió a la luz dos años después de la campaña para las elecciones presidenciales de 2012, en las que perdió ante el socialista François Hollande.
En 2025, el exmandatario conservador tiene otro proceso abierto por las sospechas de que su campaña electoral de 2007 fue financiada por el Gobierno libio de Muammar Kaddafi.
Además, apeló su condena a un año de prisión en un proceso sobre la corrupción de un alto magistrado.
Y, en octubre, Sarkozy, pareja de la cantante, actriz y modelo Carla Bruni, fue imputado en otro caso por una presunta manipulación de testigos.
Télam