De manera sorpresiva y poco clara Argentina se retiró del Proyecto SPRINT, una iniciativa académica-científica dirigida a medir la presencia de residuos de agroquímicos en el ambiente y las personas, que es financiada desde 2020 por la Unión Europea.
Argentina ingresó al consorcio de instituciones científicas que llevan adelante el Proyecto en el año 2021, cuando empezaron a realizarse las primeras mediciones a cargo de la doctora Virginia Aparicio. La participación del país se hizo a través del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
SPRINT que en sus siglas en inglés significa Transición Sostenible de Protección Vegetal, Un Enfoque de Salud Global; es un relevamiento que se extenderá hasta el 2025 y busca “evaluar los riesgos e impactos en el medio ambiente y la salud humana a los efectos de acelerar la adopción de soluciones innovadoras reales, hacia una protección real en el contexto de un enfoque de salud global”.
La salida imprevista del proyecto por parte de Argentina estaría asociada a los resultados comparativos adversos que la posicionarían encabezando índices de contaminación con pesticidas por encima de los países europeos, sólo superados por los Países Bajos.
Sin una explicación fundada el entonces presidente del Consejo Directivo del INTA, Mariano Garmendia, anunciaba mediante Resolución firmada el 7 de diciembre pasado (días previos a su renuncia), el retiro de la Argentina del relevamiento, del que también participan Dinamarca, Croacia, Eslovenia, Francia, Portugal, España, Italia, Suiza y República Checa.
Cifras críticas. A partir de los informes publicados y hechos públicos a nivel internacional, pero que Argentina no los hizo oficial, queda en evidencia que el país presentó las cifras más altas de las reportadas por todos los países intervinientes.
Del muestreo en Argentina participaron 73 personas. De las cuales, un tercio eran consumidoras; un tercio habitantes de pueblos pequeños y “vecinos de productores”; y un tercio productores agropecuarios, de los cuales la mitad usa plaguicidas y la otra mitad trabaja agroecológicamente. Se tomaron pruebas en ambiente, alimentos, granos y muestras biológicas en animales.
En los informes publicados queda detallada la siguiente información. “El total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal”. En los ambientes en los que esas personas se mueven a diario, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 7 a 53 plaguicidas en las pulseras de detección de contaminación ambiental”.
En alimento para animales, en “un rango de 5 a 25 plaguicidas”. En suelos, “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”. También en agua superficial (en la zona de trabajo de SPRINT) en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas”.
Comparativamente, los resultados señalan que hay presencia del herbicida Glifosato, en orina en el 86,1% de los argentinos muestreados y en el 35,2% de los europeos, mientras al analizar las heces humanas se detecta ese plaguicida en el 70,5% de las personas residentes en Europa y en el 100% de los bonaerenses.
Para el caso del clorpirifos, el 3,7% de europeos tiene en sus heces ese tóxico, mientras que para la Argentina el número asciende a 37,7%.
Mala decisión. Para comprender las consecuencias en lo académico, científico y hasta sanitario, UNNE Medios convocó al doctor Horaco Lucero, Jefe del Laboratorio de Genética y Biología Molecular del Instituto de Medicina Regional-UNNE, un referente en el estudio del problema sanitario vinculado al uso de Agroquímicos en la Argentina.
-Ayúdenos a analizar decisiones de esta índole, posiblemente haya razones que justifiquen que Argentina se haya separado de SPRINT.
-Existen países, como los impulsores del proyecto, genuinamente preocupados por los efectos adversos demostrados por los pesticidas y la necesaria “Transición Sostenible de Protección Vegetal”. Por eso están acumulando evidencias científicas sólidas en gran volumen, que ayudarán a la toma responsable de decisiones hacia esa transición gradual e impostergable. Vivir en un país que niega sistemáticamente la avalancha de evidencia de peso científico en pos de la rentabilidad del producto de la actividad extractiva, es muy angustiante.
-¿Que ocurre cuando existe información sostenida por evidencias claras y publicadas en las revistas de divulgación científica más prestigiosas, y aun así esos antecedentes y alertas, no logran modificar conductas?.
-Si alguien resta importancia a la avalancha de evidencias científicas, debería al menos encarar, si fuera idóneo, o encargar estudios científicos que demuestren lo contrario mediante pruebas validadas y sometidas a consideración por la comunidad científica. ¿Es una obviedad decir que tales estudios deben ser independientes?. Si están subsidiados por las compañías productoras y comercializadoras de Agroquímicos, los resultados y conclusiones son más predecibles que el mismo futuro de nuestras próximas generaciones sometidas a dosis crónicas de tóxicos ambientales.
Resulta muy poco serio adherir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) proclamados por la ONU para 2030, si no vamos a aceptar como país los resultados que claramente demuestran el desmanejo por décadas enteras, en lo que respecta al uso responsable de Agroquímicos en los territorios.
Muchos países ya han comenzado a formular planes nacionales para una Transición Justa, y observar estos ejemplos prácticos puede servir de inspiración y de lección en otros lugares del mundo. Cuarenta y seis naciones se comprometieron a desarrollar estrategias de Transición Justa en la Cumbre de Acción Climática de la ONU en 2019, y desde entonces otros países y empresas se han sumado al esfuerzo.
Claramente esta decisión nos deja fuera de los países seriamente interesados en estos objetivos y demuestra una notoria fractura del mundo académico con las políticas públicas.
-Que el país disponga de esa información actualizada, ¿para qué le sirve?, ¿qué utilidad le puede dar?.
-Contar con datos confiables, obtenidos por métodos estandarizados internacionalmente, le permite a los países ejercer acciones preventivas antes de tener indicadores de salud que demuestren que el daño ya está hecho.
Los Pesticidas pueden ejercer una acción tóxica al genoma de cualquier especie y que está en directa relación con la dosis, el tiempo de exposición y la naturaleza misma del compuesto sintético y del ADN en cuestión.
Además, existe un mecanismo de reparación del ADN en las células que se encarga de restaurar el genoma dañado. Pero ese mecanismo es eficaz siempre que no exista una contaminación crónica a pequeñas o grandes dosis que puede dar como resultado una acumulación de mutaciones que ese mecanismo ya no puede reparar en forma adecuada, como es el caso de la exposición inadvertida a Pesticidas y el riesgo de comenzar procesos oncológicos.