A casi dos meses del inicio del nuevo gobierno nacional y la puesta en marcha de un conjunto de políticas focalizadas en una mayor desregulación y liberación de precios y con una inflación al alza que solo en diciembre duplicó su ya alto valor mensual (25,5%), el desplome en las ventas parece inminente y alcanzaría solo en enero el 20% de caída interanual.
A esto se suma que, según datos privados, las familias recurren en mayor medida al endeudarse por diversos canales para comprar alimentos y medicamentos que se volvieron inalcanzables, sobre todo a través del financiamiento con tarjetas de crédito (en torno al 40%) las que, por su parte, ya no tienen control de topes e intereses.
Ante tal panorama, que genera señales de alarma, cámaras sectoriales solicitaron al gobierno de Javier Milei mantener programas que les permitan recuperar el nivel de ventas que cayó, sobre todo, en los comercios de cercanía aunque también afecta a grandes superficies. A la par, un aspecto directamente vinculado tiene que ver con el aumento del financiamiento, según CEPAL el 54% hogares del país estaba endeudado, porcentaje que escala diez puntos en aquellos encabezados por mujeres y con niños.
En esta coyuntura, se conoció esta semana el informe sobre las proyecciones de la economía mundial que difunde el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que pasó de pronosticar un crecimiento a plantear una fuerte recesión para la Argentina en 2024.
Tal es así que la caída del Producto Bruto Interno (PBI) rondaría el 2,8% este año debido al “contexto de ajuste significativo de la política económica para restablecer la estabilidad macroeconómica”, según dice el reporte del organismo que publicó las condiciones del acuerdo extendido con el oficialismo y señaló que para lograr el superávit comprometido del 2% del PIB los recortes pasarán por una mayor quita de programas sociales, eliminación de subsidios energéticos (con subas del 200% en luz y del 150% en gas a partir de febrero) y caídas en salarios públicos y jubilaciones, todo lo que podría empeorar los ya pulverizados ingresos de la mayor parte de la población.
Un punto no menor, a causa del ajuste y el mal pronóstico local, también se verán afectados los países de la región donde las estimaciones de crecimiento cayeron del 2,5% al 1,9% en dos meses.
Números que preocupan
El impacto de una economía que sufrió en pocas semanas una devaluación inicial del 118%, inflación de precios arriba del 100% en bienes de primera necesidad, y la desregulación y liberación de precios en bienes y servicios, se hace evidente y pega de lleno en el nivel de consumo.
En detalle, según la consultora Scentia, en el primer mes de la nueva gestión nacional las ventas en comercios barriales, autoservicios y chinos cayeron 2,9% (en noviembre habían subido 5 puntos) y en grandes superficies si bien crecieron (5,9%) fue casi la mitad de lo que venían subiendo en meses previos. Asimismo, a inicios de enero, hubo un retroceso del 19% en el volumen de ventas en las grandes cadenas de supermercados con respecto al mismo mes del 2023.
Esto coincide con las estimaciones de la consultora Focus Market que relevó una baja interanual del 18% en enero, a la par que desde CAME habían registrado una caída en ventas minoristas del 13,7% en diciembre.
En este marco, días atrás se conoció un comunicado de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) solicitando la continuidad del programa “Ahora 12” ya que “es muy relevante para fomentar el consumo y, por su intermedio, la producción nacional y el empleo”.
De hecho, se trata de un sector que se había manifestado a favor del proyecto de “ley ómnibus” que se debate en el Congreso a pesar de que “muchos comercios van a caer en la volteada, no se van a poder sostener, porque al caer el consumo caen las ventas, y eso seguramente va a seguir por un tiempito” de acuerdo a lo expresado en una nota radial por el titular de la entidad y que luego, ante el inminente cierre del programa de consumo, mantuvo reuniones con representantes de Comercio para asegurar que el Estado garantice incentivos en las ventas.
El plan “Ahora 12” que fue creado en 2014 y ofrecía cuotas de 3, 6, 12, 18 y hasta 24 pagos en unos 30 rubros para compras con tarjeta de crédito llegó a su fin en enero luego se registrar en 2023 unas 70.700 operaciones por un monto de casi $3,5 billones, en base a datos oficiales y la administración libertaria decidió lanzar en su reemplazo el programa Cuota Simple, frente el escenario preocupante de caída de las ventas entre diciembre y enero.
El flamante programa entró en vigencia este jueves y al momento redujo tanto la cantidad de cuotas como los rubros a los que se puede acceder. Así, incluye compras en 3 y 6 cuotas con tarjetas de crédito, con una tasa que es del 85% de la tasa anual de plazos fijos vigente (110%), y mantiene sectores como indumentaria, electrodomésticos, línea blanca, neumáticos y hasta incluye “kits para la conexión domiciliaria a los servicios públicos de agua y cloacas”.
Un punto a tener en cuenta en ese sentido y que alertan desde agrupaciones de consumidores, tiene que ver con que el impacto real del programa puede encontrar sus límites dada la desregulación económica puesta en marcha en simultáneo por el gobierno nacional. Puntualmente esta misma semana la Secretaría de Comercio avanzó vía Resolución 51/2024 publicada en el Boletín Oficial con la derogación de 69 normas creadas en los últimos 30 años que protegían a consumidores, aseguraban el abastecimiento y el control de precios.
Entre algunos ejemplos concretos: en materia de tarjetas se eliminó la Resolución 134/98 que fijaba la obligatoriedad de que las entidades bancarias y financieras informen mensualmente la tasa de interés anual y efectiva mensual aplicada en el financiamiento, así como el interés punitorio, y por extracciones o adelantos de dinero, entre otros.
También para asegurar la “profundización de la libertad de mercados”, se dispuso la derogación de la Resolución 19/2002 que obligaba a los supermercados a informar precios máximos y mínimos, la variación semanal, y a garantizar el abastecimiento de productos en góndola, así como la Disposición 10/2014 mediante el cual las empresas productoras de insumos y bienes finales debían informar los precios vigentes, y la que garantizaba el acceso de productos regionales en las grandes superficies de venta, a lo que se suma el fin de la Disposición 14/2020 que establecía precios máximos para productos de la canasta básica.
En complemento quedó sin efecto la Resolución 926/2021 que establecía cómo tenían que ser exhibidos los productos de pymes nacionales en las góndolas, con el fin de evitar que las grandes marcas perjudiquen a las pequeñas y medianas empresas.
En el listado de las más de 60 resoluciones eliminadas aparecen además aquellas que fijaban la obligación de escuelas privadas de informar a Comercio el valor de sus cuotas, y lo mismo las que indicaban que los prestadores de medicina prepaga debían dar cuenta de forma precisa del valor de sus servicios.
Más deuda para consumos esenciales
El 54% de los hogares argentinos recurre a financiamiento y ese porcentaje supera el 60% en el caso de familias encabezadas por mujeres y con hijos a cargo, según datos de la CEPAL. Además, el 70% de las familias toma deuda para comprar alimentos y comida, y dentro de las familias que deben pagar un alquiler, el 56% están endeudadas en un contexto donde destinan el 32% de sus ingresos a un techo donde vivir, un número que aumentó tras la derogación de la Ley de Alquileres y se ubicó en 42% del total del gasto del hogar.
En ese sentido, una de las herramientas que encontraron las familias para financiarse dada la crisis de ingresos, es a través de las compras con tarjetas de crédito (en torno al 40%). Sin embargo, el conjunto de desregulaciones mencionadas genera que hoy sea más caro acceder a dicho financiamiento ya que se eliminaron los topes de interés punitorio que las empresas pueden aplicar por pagos mínimos y atrasos, teniendo ahora las familias que hacer frente a subas mucho más altas que las del 2023, donde existía un límite del 50% por sobre la tasa de financiación.
La liberación de precios (alquileres, alimentos, prepagas, servicios públicos) que promueve la Libertad Avanza perjudica también a los comercios ya que tampoco habrá control sobre el tope que les cobran por el servicio.
Se suman como condicionantes la posibilidad de que cualquier entidad pueda emitir tarjetas de crédito y que ya no será obligación informar en detalle las tasas y condiciones de los préstamos a los usuarios, todo lo que en definitiva lleva a una mayor desprotección en una coyuntura que incrementa la necesidad de alternativas para tratar de llegar a fin de mes.
Finalmente otro punto a tener en cuanta es que los hogares suelen estar endeudados con más de un acreedor, aparece en ese sentido el rol de familiares y amigos pero también, y cada vez en mayor magnitud, de las plataformas y prestadores informales que contribuyen a un círculo vicioso de endeudamiento para pagar más deuda para, en definitiva, sobrevivir.
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