Jordana Timerman*
El choque eléctrico como castigo para los que osan diferir de la ortodoxia capitalista puede aplicarse a toda una sociedad también. En Rusia, que fue ejemplo paradigmático de terapia de choque económico en los años ’90, muchos ciudadanos, incluyendo “líderes políticos como Vladimir Putin, creen que el caos y el dolor del proceso de transición fueron infligidos deliberadamente por Occidente a sus antiguos enemigos, como castigo por el largo desafío de Oriente a las normas democráticas liberales y las libertades de mercado”, según los académicos Kristen Ghodsee y Mitchell Orenstein.
Más allá de la clara convicción intelectual de Milei, las reformas que intenta forzar su gobierno tienen componente de castigo necesario hacia una sociedad que cometió reiteradamente, con convicción y placer, el crimen de la heterodoxia económica.
Con tratamientos extremos, la pregunta es la tolerancia del paciente. Cuando se trata de Argentina, un paciente reincidente, la pregunta es más específica: si la promesa de mejoras eventuales alcanza para que la sociedad se la banque, o si se arranca los cables y mata el doctor. Por lo menos en el segundo caso no se podría comprobar que el problema fue la receta, sino que el paciente mismo sería incurable, por intransigente.
El cuco que ejerce freno sobre todos los gobiernos democráticos argentinos es el descontento social, expresado a través de las calles. El actual gobierno jura no tenerle miedo al espectro. Promete domar las calles, sacarse de encima ese miedo a las masas que le impuso gradualismo a Macri y terminó en fracaso.
Enero se estira en confusas negociaciones en múltiples frentes por el devenir de las amplias reformas con las cuales Milei pretende corregir las perversiones argentinas. La multiplicidad de las reformas que abarcan tantas temáticas crea un sin fin de frentes de lucha, parte de la estrategia gubernamental. Una encuesta de la Universidad San Andrés muestra que el 38% de los participantes está de acuerdo con el mega proyecto de ley, mientras que el 41% está en desacuerdo. Pero dentro de esto, hay mucho desacuerdo acerca de medidas específicas.
La calle, termómetro del ánimo argentino y espacio de democracia directa, será espacio de puja en la batalla de choque mileista. El primer paro general en cinco años fue un flexionar de músculos, un mensaje al gobierno y los otros frentes –legislativos y judiciales– donde se ponen a prueba las reformas que son el eje vertebral del gobierno.
Un millón y medio de personas participaron del paro sindical el miércoles, con marchas en todo el país y demostraciones de apoyo por argentinos en el exterior también. En la Plaza de los Dos Congresos, la CGT calcula que participaron 600.000 personas.
La marcha fue también una prueba de la reacción del gobierno. Milei prometió represión en su discurso inaugural, y busca limitar los derechos de protesta y asociación libre, pero en la práctica no ha habido choques ni esfuerzos de reprimir las marchas sindicales y de organizaciones sociales, ni los cacerolazos de diciembre.
Si bien la imagen de Milei tuvo cierto declive, mantiene el visto bueno de más de la mitad de la población. Los opositores le recuerdan que la otra mitad existe y será cada vez más grande. Pero cada lado tiene que mantener cautela: una porción importante de la población apoya medidas anti-piquete, pero una represión violenta podría alterar ese cálculo. Si fuese un western, tendríamos al villano y al sheriff todavía en puntas opuestas de la calle donde se producirá el duelo. La música produce escalofríos y avanzan con pasos medidos. Cada uno pone la mano sobre el arma, todavía enfundada.
Tanto el oficialismo como los opositores reales se presentaron como victoriosos del día. Las calles se cortaron por la cantidad de personas, no hubo consecuencias. Para el gobierno la marcha pacífica fue ejemplo del éxito de su “protocolo”, en vez del devenir lógico de una protesta en democracia.
El gobierno de Milei deslegitima la protesta, la considera condicionante ilegal en vez de herramienta crítica para defender a los derechos, o directamente un condicionante ilegal. Por eso no sorprende que la ministra de seguridad Patricia Bullrich haya dicho que la participación del gobernador bonaerense Axel Kicillof en el acto del paro general del miércoles fue “violar la ley”.
O que el vocero presidencial Manuel Adorni argumente que no se puede debatir con el medio millón de personas que salieron a la calle a rechazar las reformas, porque “no se puede dialogar con quienes no quieren que el país salga adelante”. Adorni calificó el paro como “una pérdida de dinero para muchísimos argentinos, que va en contra de lo que muchísimos ciudadanos quieren, que es vivir en paz, en un país donde se empiezan a hacer las cosas bien”.
La objetividad es un espejismo, y para el oficialismo no son condicionantes las amenazas del gobierno de retaliación contra los empleados públicos que quieran participar en mostrar su rechazo a las reformas, descontándoles el sueldo del día.
Negociaciones (que no son negociaciones)
Pero las calles impactan en otros frentes. Es relevante que en la semana del paro la apuesta de todo o nada de Milei haya sufrido un tajante revés político. Después de días de tensas negociaciones en Diputados en torno a la Ley Ómnibus (a pesar de que Milei repite que no negocia), e intercambios cada vez más picantes con gobernadores de JxC y la UCR, el viernes a última hora el ministro de economía Luis Caputo anunció que se retira el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus.
Esto quita de la discusión la moratoria, el blanqueo, cambios a bienes personales y los dos temas que generaban más resistencia entre la oposición dialoguista: las retenciones y la actualización de la fórmula jubilatoria. También Caputo anunció que se retira la propuesta de modificaciones a ganancias.
El ministro de Economía extendió la mano a los gobernadores aliados: “¿Cómo no voy a entender a un gobernador que defiende los intereses de su provincia?”, dijo en conferencia de prensa el viernes a la noche. Un tono de conciliación desentonado con la lucha en días previos desatada por amenazas suyas y de Milei de recortarles los fondos a las provincias si fracasara la ley Ómnibus.
“Los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos”, espetó Milei en la reunión de gabinete del jueves. El viernes el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, replicó que podrían dejar sin energía al Gobierno nacional.
Ministro Caputo, en la Ca… Rosada
La decisión de retirar el capítulo fiscal salvó al gobierno de una sesión humillante en el Congreso, después de conseguir un avaro dictamen de mayoría el martes, con más disidencias que apoyos reales. La historia de la escandalosa firma de un dictamen en blanco – que se apuró desprolijamente, para obtener una victoria legislativa antes del paro de la CGT – y negociaciones posteriores para acordar posiciones, da cuenta de las complicaciones parlamentarias que enfrenta la ley Ómnibus en Diputados. Los firmantes niegan tajantemente que se iba a modificar el dictamen, pero versiones periodísticas hablan de un “dictamen blue” negociado en Recoleta.
Sin embargo, la decisión sólo patea para adelante los temas fiscales, que se podrían volver a proponer en proyectos separados, o pasar por decreto si el gobierno obtiene las facultades delegadas a través de la Ley Ómnibus. Justamente, Caputo dijo que no se renuncian las metas fiscales. La propuesta de emergencia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa será el nuevo foco de combate cuando la propuesta de ley llegue al recinto.
El otro punto más conflictivo de lo que queda de la ley Ómnibus sería declarar sujetas a privatización 35 empresas públicas, incluyendo Aerolíneas Argentinas y Ferrocarriles Argentinos. El gobierno aceptó dejar fuera de la lista a YPF y sólo la parcial privatización de Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT.
Al no acompañar de forma mancomunada, la oposición dialoguista volvió a ser “la casta”. Las reformas son para “devolverle libertades individuales a los ciudadanos”, dijo Milei en una entrevista que salió el viernes pero fue grabada el martes con la periodista colombiana Patricia Janiot.
“La verdad es que los argentinos de bien no tendrían por qué oponerse, la realidad es que los únicos que se están oponiendo a esto son aquellos que tienen privilegios por estar vinculados a la política, que es eso que denomino casta”. Dijo además que la posibilidad de dolarizar estaba cercana.
Las peleas entre el Gobierno y su oposición amigable y aliados anti-peronistas en el Congreso muestran los límites de la tensión inherente entre la posición anti-casta que definió a Milei hasta las elecciones generales, y la necesidad de alianzas que tuvo para ganar y ahora para gobernar. Lejos de resolverse, se estira el mecanismo al máximo. El manejo de las negociaciones parlamentarias además muestra el costo de la inexperiencia política, un factor de relevancia en las formas que entorpece, más allá de ideología, al gobierno.
El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, jefe de lo que se está denominando el “bloque quórum”, había llamado ya a un “diálogo positivo” el viernes, antes del anuncio de Caputo. “Hay que reconstruir el diálogo con los gobernadores de manera sincera, que sirva para que también acompañen una política nacional y ellos no sientan que pierden capacidad de funcionamiento en sus provincias. Si el gobierno en el corto plazo no va hacia un camino de coalición, tiene dificultades. Así no se puede funcionar los cuatro años”.
Se dilatan las definiciones sobre el DNU en el Congreso – la semana que viene el Senado tratará el DNU en el recinto -, mientras la Justicia va anulándolo de a pedazos. Ya son más de 60 casos ante la Justicia que buscan frenar todo o partes del DNU. Esta semana, la jueza nacional del Trabajo Liliana Rodríguez Fernández declaró inválidos seis artículos de la reforma laboral del mega DNU a partir del amparo que inició la CGT.
Austericidio
El apuro de Milei para implementar reformas apunta a capitalizar el envión de legitimidad electoral y popularidad de un flamante gobierno, antes de que se sienta el impacto redoblado de la crisis económica con aumentos de tarifas. La chocante (valga la redundancia) velocidad es justamente un eje vertebral de las políticas de terapia de choque clásicas. La estrategia política “enfatiza la rapidez para impulsar la reforma a través de una ‘ventana de oportunidad’ creada por acontecimientos políticos extraordinarios”, explicó Orenstein en una presentación de 1998.
Un importante efecto secundario de la terapia de choque amerita atención especial: el uso de decretos ejecutivos tiende a “deslegitimar el poder estatal, erosionar la base democrática de la autoridad estatal, socavar las capacidades fiscales del Estado y, por tanto, desestabilizar el sistema político en el largo plazo”, según Orenstein, que cuestiona la relación con las políticas económicas y el estado de derecho. (Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia.)
Las consecuencias del “shock” fueron severas en Rusia. Se les prometió prosperidad, pero el capitalismo brutal fue acompañado por una caída no solo de PBI (hasta 70% en algunas regiones), sino también por incrementos importantes en pobreza, corrupción y fugas capitales.
El economista Jeffrey Sachs, un arrepentido arquitecto de la política de choque tal como fue aplicada en Rusia, dijo que la lección que dejó el experimento neoliberal fue que la crisis económica conduce a una crisis política. “Parece una idea trivial, pero es muy importante. E implica evitar la crisis económica. Esa es la lección”.
El gobierno está lejos de esa perspectiva. La terapia de choque es de alto riesgo, cura o mata. Pero todo es mejor que vivir con la enfermedad de la heterodoxia. El discurso de Milei en Davos lo dejó en claro, habría una guerra (no muy) fría de los colectivistas contra el capitalismo. ¡Que las Fuerzas del Cielo nos ayuden!
(*) Nieta de Jacobo. Colaboradora habitual del New York Times.
Publicada en elcohetealaluna.com