El texto final de la ley ómnibus que busca obtener dictamen, modificó el pasamanos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que el ministro de Economía, Toto Caputo quiere quedarse para su licuación.
Ahora se votará que antes del traspaso al Tesoro, se compensará con esa caja las deudas previsionales de las provincias. Además, para vender las acciones premium una bicameral tendrá que aprobar la liquidación. Sumado a la cancelación de la deuda pública, la administración libertaria busca liquidar cerca de u$s32.000 millones de la plata de los jubilados.
Durante el plenario de comisiones, los bloques peronistas rechazaron toda transferencia de activos a manos del Ministerio de Economía; mientras que una parte de la Unión Cívica Radical (UCR), los bloques Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal (IF), exigieron que si las acciones se vendían, garanticen un flujo de dinero para sostener la asistencia que la Nación le brinda a las 13 cajas previsionales de las provincias que son deficitarias.
Es decir que, La Libertad Avanza (LLA) aceptó el pedido y se determinó que antes del traspaso al Palacio de Hacienda se garantizarán los flujos que permitan hacer frente a las compensaciones anuales por las cajas jubilatorias no transferidas de las provincias, entre ellas las de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.
Entonces, cuando el FGS llegue a manos del Tesoro, ya se habrá licuado una parte de la cartera que en los últimos años se utilizó para el fondeo a proyectos productivos y créditos para personas jubiladas y trabajadoras de bajos ingresos.
Luego, la intención de Caputo es tachar deuda interestatal, según confirmaron fuentes de Economía, que conforman el 73% del total del fondo. Según el artículo 223 de la ley base, los más de u$s22.000 millones que valen los títulos públicos se prestarán a ser cancelados por “confusión patrimonial”, ya que el Estado pasa a ser acreedor y deudor de sí mismo. Entonces borra el renglón y le da un crédito al tenedor del bono.
Qué puede pasar con las acciones del FGS
La nueva redacción del proyecto de ley, establece: “Para poder vender las participaciones accionarias provenientes del fondo que ya hayan sido transferidas al Tesoro Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional deberá contar con un dictamen previo favorable emitido por la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones establecida en la Ley N 23.696, el que deberá considerar las condiciones de mercado”.
Se trata de una comisión reactivada por LLA luego de años en desuso. En el documento inicial, no existía restricción alguna para la liquidación de los papeles de las compañías e incluso – también en el texto actual – se derogan los artículos normativos que limitan las operaciones financieras que se pueden hacer con esas acciones.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, ya había adelantado frente al plenario de comisiones que ese tramo de la cartera de la ANSES valía alrededor de u$s5.500 millones y que serviría para unos dos meses de pagos de asignaciones y jubilaciones.
La dirección de Osvaldo Giordano al frente de la ANSES cambió la forma de valuar el FGS. De tomarse el tipo de cambio oficial, se pasó al de mercado (Contado Con Liquidación) y se adoptó el compromiso de realizar informes mensuales. El último, correspondiente a noviembre, asegura que entre títulos y acciones el fondo vale u$s32.658 millones, de los cuales u$s5.678 millones corresponden a los activos de las empresas.
Las principales tenencias accionarias son de Ternium (20,2%); Pampa Holding (10,2%); Transportadora Gas del Sur (9,4%), Banco Macro (9,1%) y Grupo Financiero Galicia (8,1%). Puestas a la venta, los papeles son muy atractivos para el mercado y sobre todo para las mismas empresas que buscan retirar la participación del Estado y sacar la silla estatal de la mesa de sus directorios. Es el caso, entre otras firmas, de:
- Ternium (de Paolo Rocca del Grupo Techint)
- Camuzzi Gas (distribuidora de gas natural de Jaime Barba)
- Pampa Energía (energética de Marcelo Mindlin)
- San Miguel (la mayor citrícola del país, de las familias Miguens-Bemberg)
- Banco Macro (de Jorge Brito)
Algunas posturas del mercado consideran que, tal vez, no sea el mejor momento para vender esas acciones. Diego Ilan Méndez, de Portfolio Personal de Inversiones (PPI), aseguró que “es innegable que la mayoría de ellas se encuentran en su mejor momento en más de cuatro años”, pero que “es cierto también que estas valuaciones podrían seguir mejorando si las condiciones fueran propicias”.
El plan original de Caputo para estos activos era utilizarlos como garantía en el caso de una dolarización. En el paper que la consultora Anker le entregó a Milei en mayo de 2023, se aseguraba que insertos en un fideicomiso bajo legislación extranjera, servirían para conseguir unos u$s5000 millones de dólares, necesarios para el cálculo de los u$s40.000 millones que entonces se necesitaban para intercambiar la base monetaria de pesos por divisa estadounidense.
En gestión, Hacienda niega que el FGS se vaya a utilizar con ese fin.
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