El Gobierno nacional salió a promocionar los nuevos cambios en la Ley Ómnibus con el mero objetivo de cortejar a la oposición light. Con ese objetivo en mente, una de las modificaciones en el texto es la quita de las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente, un ítem que el PRO, UCR y Hacemos Consenso Federal considera vital para completar las negociaciones.
El argumento usado fue que con la nueva redacción se “terminará con un privilegio de la casta”. Lo que parece no entrar en esa categoría que Javier Milei usa como latiguillo son las asignaciones mensuales vitalicias que cobran los jueces de la Corte Suprema ya que este régimen jubilatorio zafó de la motosierra que tanto pregona el gobierno de ultraderecha.
Los cambios quedan explicitados en la nueva versión de la Ley Ómnibus, que el Gobierno vende como “texto final”. Allí se estipula, en el artículo 73, la “eliminación de las asignaciones mensuales vitalicias destinadas a presidente y vicepresidente de la Nación, establecidas por ley 24.018”. En su lugar, “les serán aplicables las previsiones de la Ley 24.241, del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones”.
El nuevo régimen para presidente y su vice fue una bandera que alzó el opo-oficialismo, cuyas mayores terminales están en el PRO, el bloque comandado por Miguel Ángel Pichetto y un sector importante de la Unión Cívica Radical. La intención de estos diputados es la presunta “lucha contra la corrupción” y usan de slogan los montos dispuestos para Cristina Kirchner y Alberto Fernández.
Pero, tal cual está redactado por el Gobierno -¿con la venía de la oposición light?- parece ser un jueguito para la tribuna, ya que la modificación de las asignaciones mensuales vitalicias para los exmandatarios y sus vices correrán (en caso de que se apruebe) “para quienes culminen sus mandatos con fecha posterior a la sanción de esta ley”. Es decir, recién incluiría las pensiones para el actual gobierno en adelante.
Pero la clave de esta modificación “para quitar privilegios” está en el artículo 75. En el mismo se considera que “los jueces de la Corte Suprema de la Nación quedan comprendidos en el régimen de asignaciones mensuales vitalicias que se establecen en el presente capítulo a partir del cese en sus funciones”. En otras palabras, no se modifica ni una coma de las jugosas jubilaciones que gozarán cuando ellos mismos decidan dejar su cargo vitalicio en el máximo tribunal. De esta manera parece borrarse de un plumazo la intención del gobierno anterior en tratar de financiar parte la quita de Ganancia con el ahorro de las mensualidades de privilegios del Poder Judicial.
Favor ¿con favor se paga?
No parece ser causal esta consideración del Gobierno nacional. Es que en la Rosada hipotetizan que será la Corte quien decida, en última instancia, la vigencia del proyecto central para La Libertad Avanza: el Decreto de Necesidad y Urgencia que elimina derechos laborales y desregulariza la economía. Una normativa que corre desde fin de año y que la Justicia de Trabajo decidió suspender preventivamente el capítulo referido a lo laboral.
Los cuatro jueces de la Corte probablemente resuelvan, terminada la feria judicial, el pedido de la provincia de La Rioja que el máximo tribunal decidió patear para febrero. En el amparo, que lleva la firma del gobernador Ricardo Quintela, se explicita el pedido para declarar inconstitucional el DNU que lleva la firma de Milei y que todas las versiones ubican a Federico Sturzenegger como ideólogo del texto
El fallo de los magistrados será resuelto con una certeza: sus jubilaciones seguirán siendo de privilegio.
Página 12