A través de un documento conjunto, al que titularon “Declaración de Villa la Angostura”, los mandatarios marcaron su postura en defensa de intereses regionales como los hidrocarburos, las concesiones hidroeléctricas, la obra pública, el turismo y la participación en la coparticipación, además de oponerse a que se vuelva a aplicar el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría.
“Estamos en un momento bisagra, donde nuestra premisa fundamental es la defensa del federalismo y entender que el país para crecer debe mirar hacia el sur”, postula el documento, y destaca: “Queremos tener decisión sobre cada una de las definiciones que impactan directamente sobre nuestras economías regionales”.
El documento, firmado por los gobernadores de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego y Santa Cruz, reclama “presencia” del Estado Nacional “en el territorio a través de la obra pública; especialmente en provincias como las patagónicas donde las grandes distancias y la escasa densidad poblacional hacen que muchas obras no sean rentables desde lo económico para el sector privado”.
Asimismo, postula la eliminación de “las asimetrías como la que existe respecto al reparto de los subsidios al transporte urbano e interurbano”, la defensa y promoción de “la generación de recursos que significa el turismo para la región”, y manifiesta la oposición de los gobernadores a las privatizaciones.
“No creemos en la necesidad de privatizar todas las empresas estatales, sino en hacerlas eficientes y rentables. El proyecto de ley ómnibus se apresura en querer modificar, sin distinción, la forma de comprender una empresa estatal”, sostiene.
En el ámbito de los hidrocarburos, los mandatarios observaron aspectos del capítulo 9 sobre Energía del proyecto de ley que “necesariamente tienen que ser revisados teniendo en cuenta que, de acuerdo a la normativa vigente, si bien el diseño de las políticas energéticas a nivel federal continúa siendo responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional, son las provincias quienes detentan el ejercicio del dominio originario y la administración sobre los yacimientos de hidrocarburos en sus territorios”.
“Como nosotros no somos una isla en la Nación, tampoco nos queremos convertir en una colonia de la cual se continúen extrayendo recursos naturales baratos a cambio de una pobre compensación”, destaca el documento firmado por los mandatarios.
Los gobernadores subrayan: “Las provincias patagónicas abastecemos de energía a la República a precios que han representado un verdadero sacrificio para nuestros habitantes a lo largo de la historia, y lo hemos hecho con alto sentido patriótico”.
La declaración también busca poner un límite a la modificación que habilita al Ejecutivo a fijar la política nacional hidrocarburífera para “maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos y satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país”.
“Creemos que dicho objetivo debe ser cumplido asegurando no solo la sustentabilidad económica de los inversores, sino también la sustentabilidad social y ambiental de las poblaciones y las regiones donde se desarrolla esta actividad”, puntualiza el texto.
Asimismo, hace hincapié en la “necesidad imperiosa” del “concurso del Gobierno nacional y del sector privado para llevar adelante las obras de infraestructura necesarias para acompañar el crecimiento poblacional, el cual muchas veces suele ser exponencial”.
En el plano del “federalismo fiscal”, los patagónicos proponen revisar la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos y coparticipar el Impuesto al Débito y Crédito bancarios y el Impuesto País.
“Sobre el Impuesto a las Ganancias, nos negamos a la reversión porque el impacto económico que tiene ese dinero en nuestras provincias y la distribución del mismo en la comunidad es mayor a lo que perciben por coparticipacion nuestras arcas provinciales”, postula el documento.
También pretenden acordar con el Estado Nacional la participación en los procesos de toma de decisiones sobre las concesiones hidroeléctricas; “participar en los directorios de las referidas sociedades que llevan a cabo la generación hidroeléctrica, mediante la designación de directores que respondan a los intereses de las provincias”; cobrar “canon por uso del recurso hídrico” y cobrar “regalías por la venta de la energía generada valorizada de manera que respondan a su real valor”.
Fuente: Télam