La acusación fue formalizada por la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario, que encabeza Miguel Moreno, a través de un escrito de más 500 páginas en las que detalla las imputaciones efectuadas contra los máximos directivos de Vicentin.
La fiscalía pidió 16 años para los ejecutivos, Daniel Buyatti y Alberto Macua, otros 17 años para Roberto Gazze; 14 años para Omar Scarel; 12 para Máximo Padoán y otros 10 años para Cristian Padoan y Martín Colombo.
Además, solicitó 13 años de prisión para Sergio Roberto Vicentin; 10 años a Pedro Germán Vicentin y Yanina Boschi; y ocho años para Javier Gazze y Miguel Vallaza.
Además la Fiscalía de Delitos Económicos, solicitó siete años de prisión para el socio de la consultora KPMG y auditora de los balances de Vicentin, Eduardo Harnan, y de otros tres años para los síndicos Ernesto García, Diego Telesco y Carlos Amut.
Todos los acusados ocupaban el directorio de Vicentin SAIC hasta fines de 2019, cuando la empresa adujo “estrés financiero” y se declaró en cesación de pagos.
Al fundamentar la imputación por asociación ilícita, el Fiscal Moreno sostuvo hoy que los directivos de la cerealera “operaron como grupo, de manera concertada, siguiendo un plan, con división de roles, durante un período prolongado de tiempo”.
“En una dinámica interna que nada tenía que ver con el cometido ni la estructuración de los cargos societarios que detentaban, pero aprovechándose de ellos para realizar una serie de ilícitos”, afirmó el funcionario judicial.
Desde la querella, en tanto se anticipó que la instancia de juicio oral y público de la causa, llegaría en la primera mitad del 2024.
“En febrero la querella seguirá los pasos de la Fiscalía y concretaremos nuestra acusación y seguiremos bregando para el juicio y la condena”, dijo el abogado querellante en la causa, Gustavo Feldman.
En octubre de 2021 el fiscal Moreno imputó a los 12 directivos de la agroexportadora por defraudación y estafas, al entender que falsearon datos en los balances de Vicentin SAIC, previos a su concurso en marzo de 2020.
Moreno les atribuyó 37 hechos de estafa cometidos entre enero de 2017 y diciembre de 2019.
Todo ello, mediante “la utilización de un plan de puesta en escena de empresa solvente y confiable de Vicentin, destinado a generar confianza en los productores, vendedores de granos, acopios, cooperativas y corredores”.
En el mismo sentido estimó el perjuicio económico para los bancos nacionales en US$ 500 millones, mientras que en el caso del Banco Macro, la estafa habría alcanzado los $508 millones.
En mayo pasado, la Fiscalía imputó a los directivos por asociación ilícita destinada a la “planificación y comisión de una pluralidad de delitos”, entre los que se encuentran defraudación, estafas y administración infiel”.
Con las acusaciones y pedidos de penas a los exdirectivos de Vicentin, la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), finalizó la investigación penal preparatoria.
Télam