“La semana pasada tomó intervención un equipo que conformó el Comité y que ya venía analizando la situación, porque esta medida se había anunciado antes del decreto, que tiene por objeto liberar las calles cambiando fundamentalmente el enfoque de cómo abordar esta problemática que entendemos que es una problemática social compleja. Lo cierto es que en la provincia del Chaco sigue vigente la Ley 7710 que es un protocolo que regula la actuación de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones públicas”, aseguró la comisionada que visitó este martes los estudios de CIUDAD TV .
Álvarez recordó que el protocolo chaqueño “busca garantizar tanto la seguridad y la posibilidad de las personas que van a manifestarse, independientemente del tema que los convoque o del reclamo o del planteo que puedan hacer y también regula, da mucha certeza y mucha precisión a las propias fuerzas de seguridad garantizando el derecho de otras personas a circular en la vía pública”.
“Sabemos que un decreto no va a modificar la ley y hasta tanto no se derogue la ley, la policía va a seguir actuando conforme este protocolo provincial, se garantiza el desplazamiento y se acuerda previamente, es un protocolo que se basa en el diálogo, en la posibilidad de acuerdo, porque no busca impedir que la gente se manifieste, sino regular en el sentido de por dónde se van a desplazar y la seguridad, incluso prevé el acompañamiento de la policía durante el desplazamiento y la asignación de determinados espacios para que se lleven adelante los actos o las concentraciones, buscando siempre que las vías queden al menos parcialmente abiertas para la circulación o para el tránsito de las personas, grupos, vehículos, y otra gente que no esté participando de la movilización”, explicó sobre la norma provincial.
Detalló además que en “prevé hasta la selección del personal policial, porque son momentos de mucha tensión, hay un tiempo en el que el encargado del operativo va a acercarse, junto con un equipo de mediadores, porque en general detrás de lo que conocemos como piquetes hay reclamos que tienen que ver con cuestiones sociales, vivienda, alimentación, pedidos de justicia, hay una variedad muy amplia, entonces, la Provincia dispuso un equipo de mediadores, que se encarga de dialogar y de recepcionar los petitorios, luego se solicita que se retiren y que continúen en la vereda”.
“Este protocolo prevé una serie de pasos que la policía va a dar en articulación con la justicia, en articulación con los mediadores, buscando que las personas se puedan manifestar, pero que a la vez se garantice la circulación y fundamentalmente la seguridad de todo el mundo, que nadie termine lesionado o lastimado”, reafirmó Álvarez.
La comisionada señaló que la principal diferencia entre el decreto de Bullrich y la ley local es que “el protocolo provincial tiene por objeto regular, dar certeza, dar precisiones y garantizar el accionar policial en el marco de una manifestación, no habla de impedirla. Porque reconoce el derecho de cualquiera de nosotros. Otra cosa es un protocolo que esté pensado para impedir manifestaciones”.
“Es muy importante dar previsibilidad, garantizar los derechos a todos, pero ser muy cuidadosos en no montarnos en el hastío de la gente y avanzar sobre derechos o sobre cuestiones que se tornan peligrosas. En el nuevo protocolo se puede avanzar incluso con medidas de represión sin hacer parte a la justicia”, declaró.
Asegurando que, ”hay diferencias importantes, pero diferencias que parten de supuestos distintos. En uno se busca garantizar el derecho que tienen las personas a manifestarse, no de cualquier forma, si respetando también el derecho que tienen las otras personas o los otros grupos que no participan de la movilización y este otro protocolo busca prohibir directamente”.