“Junto a centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y cientos de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas, pedimos a los mecanismos internacionales que exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas. Las presentaciones también fueron acompañadas por más de 15.000 firmas individuales”, informó hoy el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Entre los solicitantes se encuentran la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular-UTEP, la Ctep, ATE Nacional, Somos Barios de Pie, Polo Obrero, Patria Grande, Partido Obrero y Nuevo Encuentro.
Según se precisó, se enviaron “dos comunicaciones a los procedimientos especiales de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente, denunciando el nuevo protocolo” presentado días atrás por la ministra Bullrich y oficializado luego con la publicación de la Resolución 943/2023 de la cartera de Seguridad en el Boletín Oficial.
Las presentaciones -realizadas ante la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh)- cuentan con el respaldo de 1.700 firmas de centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, gremiales, ambientales, de los pueblos indígenas, migrantes, transfeministas, religiosas, colectivos de infancias, estudiantiles y políticos.
Además, las cartas fueron acompañadas por más de 15 mil firmas que apoyaron la presentación a título personal.
En los escritos, se advierte que “la mayoría de las disposiciones fijan pautas de actuación policial y estatal que son incompatibles con los derechos a la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión y a la protesta social, reconocidos tanto en normas locales, como en la Constitución Nacional y en los tratados y estándares internacionales de derechos humanos”.
“El protocolo establece que cualquier manifestación que se realice con cortes de calles o rutas constituye la comisión de un delito en flagrancia y habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta. A su vez, contiene disposiciones para recabar información y luego criminalizar, perseguir y estigmatizar a los líderes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas”, añadieron en la denuncia.
Asimismo, se solicitó al organismo dependiente de la ONU y a la CIDH que “manifiesten públicamente y ante el Estado argentino la preocupación por este protocolo, el cual también afecta los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de quienes ejerzan el derecho a la protesta”.
En la carta a la CIDH se pidió que se adopte las medidas necesarias para “hacer cesar la aplicación del protocolo y evitar la aprobación de otras normativas que buscan coartar o limitar la protesta social sin perspectiva de derecho internacional de los derechos humanos”.
En tanto, el escrito presentado ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) fue dirigido en particular al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, y a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor.
“Les solicitamos que exijan al Estado argentino que derogue el protocolo y garantice el derecho a la protesta y los derechos a la vida, la integridad personal y la seguridad de quienes se manifiestan”, finalizaron en la denuncia.
Télam