Un nuevo escándalo envuelve a la política estatal de asistencia para desempleados, denominado Potenciar Trabajo. El fiscal federal Guillermo Marijuan investiga a los empleados públicos de las 24 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, en paralelo, son beneficiarios del programa más importante del ex ministerio de Desarrollo Social, que ahora está administrado por la Secretaría de Niñez y Familia, en la órbita del ministerio de Capital Humano.
Si bien los datos que hasta el momento recibió el funcionario judicial son parciales porque no todas las provincias respondieron, ya se puede afirmar que existen, como mínimo 5.000 incompatibilidades.
En las últimas horas el fiscal envió un oficio con “apercibimiento del incumplimiento de funcionario público” a los gobernadores que hasta ahora no enviaron las bases de datos de sus empleados públicos, ordenada por Marijuan a principio de noviembre.
Solo 9 provincias cumplieron con la demanda judicial. Las otras 15 no lo hicieron: Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. A la nómina se debe sumar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la fiscalía los investigadores evalúan dos posibilidades: “o no quieren dar a conocer los datos porque es un hecho escandaloso y que va contra la normativa del Potenciar Trabajo – que establece que la persona que consigue trabajo mientras lo está cobrando queda automáticamente suspendido en su cobro” -, o “están atrasados por las elecciones y el cambio de gobernadores en varios distritos”.
Las incompatibilidades
Hasta el día de hoy, y en base a los entrecruzamientos ordenados por el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), y que se realizó con la nómina de empleados públicos de las provincias que respondieron, y realizado por el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) surgen que como mínimo existirían 4.656 incompatibilidades y en condiciones de ser dados de bajo.
En la provincia de Buenos Aires, en la cual fue reelecto Axel Kicillof, se registran 809 empleados públicos que a su vez cobran el programa social. El dato es parcial porque apenas corresponde a la nómina del ministerio de Seguridad, a cargo de Sergio Berni.
En Buenos Aires optaron por que cada repartición envié la base de datos de sus empleados en vez concentrarla en una sola, con lo cual la investigación se hace mucho más lenta y tediosa.
En Córdoba se contabilizaron 194 beneficiarios del plan social, que además son empleados provinciales. En Corrientes fueron 518 las posibles incompatibilidades. Según la base de datos enviada por la provincia de Formosa, allí existiría 180 personas en condiciones de ser dadas de baja, un hecho que, según la normativa del Potenciar Trabajo, el hecho debería ser automático.
En La Rioja se registran 303 empleados que cobran el plan y 757 contratados, lo que da un total de 1.060 de potenciales incompatibilidades.
En Río Negro el registro de posibles bajas es de 198 y en Salta, 434. En Santa Cruz las incompatibilidades fue de 128.
Hasta ahora la provincia de Tucumán es la que más empleados públicos registra cobrando el Potenciar Trabajo : son 1135 de acuerdo al análisis realizado. El distrito, no obstante, podría ser ampliamente superado por la gobernación a cargo de Kicillof ya que en un solo ministerio se registraron 809 posibles irregularidades.
De seguir esta tendencia, el número de bajas que podría solicitar Marijuan al finalizar su investigación superaría las 20.000, según fuentes judiciales.
En ese marco, los investigadores intentan dilucidar algunos interrogantes: ¿Trabajaban estas personas en una Unidad de Gestión dependiente de la propia provincia o cooperativa de algún movimiento social? ¿O es un pago que recibían por actividades políticas-partidarias? ¿O no sabían que figuraban en la nómina del Potenciar Trabajo y un puntero político, dirigente, o piquetero se quedaba con el dinero? ¿O iba a una caja negra para gastos de campaña o a bolsillos negros?
Un hecho sí es determinante y no merece discusión, estas casi 5.000 personas no deberían cobrar la asistencia del Estado porque no cumplir con las exigencias del programa, que tiene como objetivo “promover la inclusión social de las personas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social y económica”. Y “según lo establecen la Resolución y sus modificatorias (Res. 1625/2021 y 1868/2021 MDS) el beneficio está destinado a personas físicas que se encuentren en situación de enorme vulnerabilidad económica, con la finalidad de promover su inclusión social y el mejoramiento progresivo de sus ingresos”.
Entre las irregularidades la normativa destaca un impedimento para recibir el beneficio es “la existencia de empleo formal registrado, a excepción de los trabajadores temporarios o estacionales conforme lo contemplado”.
A su vez, se puntualiza como incompatible “el ingreso y la permanencia en el Programa para aquellas personas que realicen alguna prestación social y/o de empleo en el estado provincial, municipal o en organizaciones no gubernamentales cuyas tareas suplante la actividad propia de los empleados de los mismos”.
Además, la normativa vigentes indica que: “La misma reglamentación establece que la pérdida o modificación de la condición de vulnerabilidad social del titular acreditado al momento del ingreso, al igual que la falsedad de las declaraciones juradas debidamente constadas conllevan al egreso del Programa (conf. Res. 1868/2021 MDS)”.
Los que incumplieron
Hasta ahora quienes no brindaron información a la fiscalía y ya fueron intimados son: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Los antecedentes
El 25 de octubre pasado Guillermo Marijuan le solicitó a la entonces ministra Victoria Tolosa Paz la baja a 159.919 personas que cobran el Potenciar Trabajo y salieron del país” en cruceros, barcos, aviones, micros y autos y hasta aviones privados “mientras percibían un beneficio estatal”.
En su investigación detalla que el Estado, destina más de 10 mil millones de pesos mensuales a casi 160 mil beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que no deberían percibirlo. Y afirmó que existe “descontrol en los planes sociales” desde hace 14 años.
“Desde 2009 a 2023- el Estado derivó subsidios millonarios a, por lo menos, a 211.977 personas que salieron del país mientras percibían un beneficio estatal”, sostuvo el fiscal federal y precisó: “De ese total, 159.919 corresponden al período 2020-2023″ y completó: “Reciben, todos los meses -a valor de octubre- $66.000, esto es la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil”, por cuatro horas de labores que realizan en una Unidad de Gestión. Esta puede depender de las cooperativas de trabaja de los movimientos sociales, intendencias, gobernaciones ONG y hasta iglesias.
El 1° de noviembre, el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social envió un oficio dirigido a Tolosa Paz para ponerla al tanto de la investigación que impulsó. En su misiva también le reclamó a la ahora diputada nacional: “Le sugiero que, además de las medidas que se tienen que tomar de manera inmediata en este caso, se extremen los controles sobre el padrón vigente de beneficiarios”.
El escrito judicial fue enviado después de que Tolosa Paz diera de baja a sólo 1.129 inscriptos en el Potenciar Trabajo por viajar, mientras cobraban el plan, según ella misma reconoció a Alemania, España, Francia, Holanda, Panamá, México, países árabes, Qatar -durante el mundial de fútbol en que Argentina se coronó campeón y Cuba. También a países limítrofes.
Ante el cuestionamiento de dar de baja apenas 1.129, contra las 159.919 solicitadas por Marijuan, Tolosa Paz se defendió señalando que no había tenido acceso a la denuncia fiscal.
El fiscal, no dudó en responder a través de un oficio judicial en el cual le comunicó a la funcionaria que “la denuncia que motivara el inicio de la causa nro. CFP 3749/2023 ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 1 de esta ciudad se basó en un entrecruzamiento de datos ordenado de oficio por el suscripto sin mediar voluntad ni participación de su ministerio. El mismo fue efectuado por el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) tomando, por un lado, el padrón de personas con planes Potenciar Trabajo VIGENTES que fue proporcionado por el organismo a su cargo -luego de reiterados reclamos de esta Unidad Fiscal- y, por otro lado, los registros de la Dirección Nacional de Migraciones”.
El mismo fiscal ya había denunciado penalmente a la funcionaria de Alberto Fernández y al dirigente del Movimiento Evita y ahora ex secretario de Economía Social Emilio Pérsico por las supuestas irregularidades desprendidas en el otorgamiento del Plan Potenciar Trabajo.
Después de una serie de medidas de prueba que incluyeron las declaraciones testimoniales del ex titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y del ex jefe de Gabinete, Juan Manzur, Marijuan cuestionó que de los 253.000 planes que según un informe elaborado por la AFIP presentarían alguna irregularidad en 2022, el Ministerio de Desarrollo Social solamente dio de baja a 2243.
La decisión de las autoridades del gobierno de Javier Milei adoptarían otro tipo de decisiones a las tomadas por el gobierno saliente. Esto es respetar los mandatos judiciales.
Algo similar a lo que dijo esta mañana el vocero presidencial Manuel Adorni desde la Casa Rosada y ante los periodistas acreditados sobre los piquetes: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada y se va a cumplir a rajatabla”.
Infobae