La falta de crecimiento económico combinado con la inflación, la falta de inversión y el estancamiento en la creación de empleo formal traccionaron para abajo el índice. Sin los programas de ayuda social del Estado, la indigencia hubiera alcanzado al 17,1 por ciento de los y las argentinas y la pobreza al 47,6 por ciento.
“La pregunta no es cómo llegamos a una pobreza de más del 40 por ciento, sino cómo no fue superior en un contexto de caída de salarios, empleo y crecimiento”, se preguntan y responden los investigadores del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (Odesa), un instituto que cumple más de veinte años de historia en la medición de estos indicadores, y encuentran la respuesta en las transferencias sociales.
“Sacar los programas sociales sería realmente peligroso porque son los que mantienen, junto con el instinto de supervivencia de las familias, el equilibrio social”, advierte Agustín Salvia, el director de Odesa.
Son 18,7 millones de argentinos y argentinas que no cuentan con los ingresos necesarios para adquirir una Canasta Básica Total -que además de comida incluye otros rubros básicos como ropa y transporte- y 4 millones indigentes. Al ir un poco más atrás en el tiempo, se observa una tendencia alcista de ambos guarismos entre 2017 y 2019, acentuado en 2020 en el contexto de pandemia. Ya en el periodo de la post pandemia y hasta 2022, la tasa de indigencia venía descendiendo y la de pobreza pivoteaba entre leves alzas y estabilidad. Este 2023 la tendencia cambió: ambos guarismos aumentaron un punto y medio.
“La pobreza de ingresos y derechos son una consecuencia de políticas fallidas”, sentenció Salvia durante la presentación del informe de pobreza a la prensa, “más allá de las causas externas, las políticas fallidas son las verdaderas responsables de estos números”. Y continúa: “Sin crecimiento, inversión y sin empleo digno, tuvimos que tener mayor gasto social, que generó un déficit público y, por lo tanto, inflación. Este modelo contuvo el ambiente social, pero no resolvió la pobreza ni la indigencia”.
Los factores que logran atenuar, o incluso revertir, la tendencia creciente de la indigencia y pobreza por ingresos en un contexto de crecimiento inflacionario son, de acuerdo a los investigadores de la UCA, “las estrategias familiares que adoptan los hogares para la obtención de recursos – el mayor esfuerzo productivo y el incremento de la cobertura de la política pública – y no la calidad de los empleos, ni la evolución de las remuneraciones “.
Nivelar para abajo
A la hora de analizar cuánto afectaron estos indicadores según el nivel socioeconómico del entorno urbano, se observa un crecimiento tanto de la pobreza como de la indigencia entre quienes cuentan con un nivel socioeconómico “muy alto”, es decir quienes se encuentran entre el 25 por ciento de personas que más ganan.
Si se reduce el análisis para el 25 por ciento de la población que menores ingresos tiene, el 18,1 por ciento son indigentes y el 68,3 por ciento pobres. Esos guarismos, alarmantes, se redujeron respecto al 2022: eran 19,7 y 73,7 por ciento, respectivamente. Entre el quintil más rico, en cambio, aumentó la cantidad de pobres e indigentes: de 4,1 a 11 por ciento en el primer caso, y de 0,3 a 0,6 por ciento en el segundo caso. La brecha, aunque sigue siendo enorme, tiende a acercarse: los nuevos pobres en la post pandemia provienen de sectores medios no profesionales.
La pobreza está sobrerrepresentada en niños de hasta 17 años (el 62,9 por ciento son pobres). El porcentaje en este rango etáreo aumentó con respecto al 2022 y se encuentra casi veinte puntos por encima del 2015. La tendencia es similar al analizar la indigencia, que aumentó de 13,1 a 16,2 por ciento entre 2022 y 2023.
Multidimensionales
Además de la pobreza e indigencia medida por el nivel de ingreso, la UCA calcula la pobreza multidimensional, que hace referencia a las personas que son pobres por ingresos y a la vez tienen al menos una privación no monetaria, relacionada a déficit en alimentación, servicios básicos, vivienda digna, medio ambiente, educación o empleo. El 39,8 por ciento de la población es pobre por ingresos y alguna carencia. El 22,4 por ciento es pobre por ingresos y tres o más carencias, son “pobres estructurales”.
La falta de acceso al empleo y a la seguridad social constituye la dimensión en la que el déficit presenta mayor incidencia, el 35,7 por ciento de la población reside en hogares que no tienen ingresos por empleo registrado o jubilaciones o pensiones contributivas. Asimismo, una proporción cercana a 3 de cada 10 hogares presentaba situaciones de privación en el acceso a la educación esto implica que el 30 por ciento estaba compuesto al menos por un niño o adolescente que no asistía a instituciones educativas formales o adultos con rezago educativo (para la población la proporción alcanza al 13 por ciento).
Los niveles de privación e relación al acceso a la salud y la alimentación, el acceso a servicios domiciliarios y a un medio ambiente saludable se encuentra en valores algo más reducidos, aunque significativos alcanzando a 1 de cada 4 hogares y a 3 de cada 10 personas.
Hubo una mejora en aspectos vinculados a la inversión pública en infraestructura urbana y vivienda, a la vez que un deterioro en dimensiones más fuertemente asociadas con las oportunidades de empleo y la capacidad de consumo de los hogares.
El acceso a servicios básicos se ubica como la dimensión que tuvo mejoras más relevantes, explicada principalmente a partir de la fuerte inversión pública y se expresa en la mejora en los indicadores acceso a red de agua corriente y acceso a red cloacal.
La dimensión alimentación y salud presenta en cambio una dinámica desfavorable. Los registros muestran que en últimos años los incrementos de los precios de los alimentos tendieron a ser superiores a las variaciones generales, explicando una tendencia sostenida de incremento de los niveles de inseguridad alimentaria severa y moderada, asegura el informe de la UCA. Finalmente también se observa un deterioro en las oportunidades de acceso al empleo y la seguridad social.
Estado presente
El paquete de ayuda social que el Estado destinó para transferir ingresos y/o alimentos a los hogares evitó que la cantidad de indigentes fuera 17,1 por ciento- en vez del 9,6 por ciento registrado- de la población argentina. Este efecto inmediato de las transferencias de ingreso sobre la pobreza es menor que el registrado sobre la indigencia, que hubiese alcanzado al 47,6 en vez del 44,7 por ciento de la población de acuerdo a estimaciones de la UCA.
La asistencia pública tuvo un papel activo en contener las situaciones de deterioro. Durante 2023, el 35,9 por ciento de los hogares recibió alguna asistencia social (en 2006, al inicio de la serie, eran 11,3 por ciento de los hogares es decir 1 de cada 10). “Todos estos indicadores son la fiebre del termómetro, la manifestación de problemas estructurales. Evidentemente no hubo falta de asistencia e inversión publica, el principal problema es que no hay generación de trabajo”, explica el jefe del Observatorio, Agustín Salvia, a modo de resumen.
Al ser consultado sobre el escenario 2024, Salvia aseguró que “va a seguir aumentando la pobreza. No de manera explosiva, sino igual que lo que pasó en estos años de entre uno a tres puntos”.
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