Dos empresarios dedicados al reciclaje en Resistencia y Fontana podrían afrontar un juicio oral por presuntamente comercializar medidores de agua que previamente fueron robados a la empresa Sameep.
El 10 de noviembre pasado, el fiscal de Investigación 6, Roberto Villalba, requirió a la Cámara Segunda en lo Criminal la citación a juicio de la causa en la cual están imputados los comerciantes Javier Usatore y Ignacio Gómez. Ambos están imputados por el delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, con una pena que va de los 3 a los 6 años de prisión.
De acuerdo a la fiscalía, en fecha y hora no determinada pero anterior al 10 de agosto de 2023, Javier Usatorre recepcionó “con conocimiento de su procedencia ilícita” 73 llaves maestras, 24 llaves de paso; ocho llaves esféricas; cinco cuerpos de medidores; tres medidores de agua distintas marcas y medidas todos usados y 20 cuerpos de medidores los cuáles se hallan rotos.
Además, en misma fecha pero a horas 11, recibió más mercadería irregular: ocho tapas de forma circular de material plástico, marca “asteria”, con retazos de carcazas de color azul y seis relojes de medidores, los cuales fueron sustraídos por personas desconocidas a través de distintos hurtos y/o robos a los usuarios de la empresa estatal SAMEEP.
Estos elementos fueron secuestrados al empresario el 10 de agosto de 2023, en un allanamiento en avenida Alvear 3000, en Fontana, lugar donde funciona la “chacarita” de reciclaje. Según la imputación, el empresario no pudo justificar su legítima tenencia, advirtiendo además que estos elementos eran volcados posteriormente a la cadena de reutilización y/o comercialización con el fin de obtener un beneficio económico.
En cuanto a Ignacio Gómez, el fiscal recordó que en fecha y hora no determinada pero anterior al día 10 de agosto de 2023, el empresario del reciclaje recepcionó “con conocimiento de su procedencia ilícita” veinte llaves de paso de material de bronce, los cuales fueron sustraídos por personas desconocidas a través de distintos hurtos y/o robos a los usuarios de la empresa estatal SAMEEP.
Estos elementos se le fueron secuestrados a Gomez en un allanamiento realizado el mismo día en el que se realizó el de Usatorre (10 de agosto) pero en la intersección de calles Chamamé y Goitía de Resistencia, lugar donde funciona la “chacarita”. El dueño del lugar no pudo justificar su legítima tenencia.
Si bien tanto Usatorre como Gómez intentaron brindar una explicación sobre lo ocurrido, el fiscal Villalba consideró que dichos argumentos no eran suficientes para desvirtuar la imputación.
“Al hacer efectivo su derecho de defensa material no han esgrimido argumentos convincentes, con lo cual no desvirtuaron las pruebas de cargo que lo incriminan, las que constituyen un caudal probatorio serio y eficaz para formar la convicción en el suscripto, de que es muy probable que los imputados intervinieron en el hecho en las circunstancias de tiempo, lugar y modo, tal como fuera intimado, por lo que así las cosas se satisfacen plenamente los recaudos legales para hacer viable el dictado del presente auto de elevación a juicio”, concluyó el fiscal.