La diputada que impulsó la anulación de las leyes que impedían juzgar a los responsables de la dictadura será despedida este viernes en el Congreso.
Era común encontrarse con Patricia Walsh en los tribunales de Comodoro Py. Sin estridencias, acompañaba audiencias o asistía a juicios. El 13 de mayo último estaba desde temprano en el subsuelo. Tenía que cumplir una de sus tantas misiones: declarar sobre el asesinato de su hermana mayor, María Victoria “Vicki” Walsh.
Aunque no lo decía, estaba inquieta. Quería que esa memoria prodigiosa -heredada seguramente de su padre, Rodolfo Walsh – no fallara para presentar ante el tribunal un rompecabezas de una masacre que había sido el puntapié inicial de la tragedia que sacudiría a toda su familia durante la dictadura. A pesar de que cada detalle brotó de su boca en orden, junto con algunas amargas ironías que les dedicó a los perpetradores de aquellos crímenes, Patricia Walsh no podrá escuchar esa sentencia por la que tanto peleó: murió este jueves a los 74 años.
Será recordada por su militancia por los derechos humanos y como la diputada nacional que impulsó la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Siguiendo los pasos de su hermana, Patricia se mudó de La Plata a la Capital Federal poco después de terminar la secundaria. Por aquellos meses, consiguió su primer trabajo como periodista en la revista Gente. Al tiempo, encontró a un empleo que se adecuaba más a sus intereses en la revista Ciencia Nueva. Le gustaba porque en esa época estudiaba Medicina en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
En esos tiempos, se casó con Jorge Pinedo y, en noviembre de 1973, tuvieron a su primera hija, María Eva. Al mes siguiente, como la situación económica era apremiante, Patricia le pidió a su padre que le consiguiera un trabajo en el diario Noticias, que acababa de lanzar la organización Montoneros. Entró a trabajar como redactora en la sección Policiales, donde tenía como jefe, nada más y nada menos, que a Rodolfo Walsh.
Las cosas fueron poniéndose más difíciles para la familia, especialmente a partir del golpe del ‘76. “Vicki” tenía a su hijita Victoria, “Tolita”, que solía pasar largo rato con su prima. Todo eso quedó atrás después del 29 de septiembre de 1976, cuando las fuerzas represivas montaron un operativo descomunal sobre la calle Corro al 100, en el que terminaron muertos “Vicki” y otros cuatro compañeros de la secretaría política de Montoneros.
Patricia, que esperaba a su segundo hijo, tuvo que avisarle a su madre, Elina Tejerina, de lo sucedido y acompañarla en la búsqueda. También siguió a la distancia el cortejo para despedir a su hermana. En aquel entonces, la familia tenía marcada en la carne la certeza de ser perseguida.
Pasó la Nochebuena del ‘76 con su padre y Lilia Ferreyra. A los tres meses, Rodolfo sería emboscado en San Juan y Entre Ríos y herido de muerte por una patota de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Su cuerpo nunca apareció. Su obra fue robada después de que saquearan la casa de San Vicente en la que vivía. Quiso el destino que el mismo día de la muerte de Patricia se aprobara la expropiación para que el lugar se convierta en un sitio de memoria.
En los años ‘80, denunció la desaparición de su padre ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). También le tocó ir a declarar ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (Consufa). Lo hizo con su abogada, Alicia Oliveira, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
A mediados de los años ‘90, cuando su tercera hija era muy chiquita, se integró a H.I.J.O.S. Capital. Militó allí durante cuatro años. “Compartimos la militancia en HIJOS en los años ‘90 siendo parte de los primeros escraches, movilizaciones por encarcelar a los genocidas y la profunda amistad siguió hasta el día de hoy porque de vos aprendimos tan fuertemente que la resignación no es un camino posible”, la recordó Alejandrina Barry.
Hacia fines de los años ‘90 se integró a Izquierda Unida. En 1999 y en 2003 fue candidata a presidenta por esa fuerza. En 2001, ganó una banca en la Cámara de Diputados. Había hecho campaña con una promesa: anular las leyes y los indultos que impedían juzgar a los responsables de la dictadura. En marzo de 2002, presentó el proyecto.
El 9 de junio de 2003, Néstor Kirchner la invitó a la Casa Rosada para participar del acto por los fusilamientos de José León Suárez, que su padre había documentado en Operación Masacre. Ella fue con una carpeta debajo del brazo: el proyecto para la nulidad.
En la víspera del 12 de agosto de 2003, recibió en su casa la llamada del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño. “Diputada Walsh, usted ganó. Vamos a dar quórum”. Las leyes se anularon en la sesión especial que ella había pedido. En 2005, la Corte validó la decisión del Congreso y declaró la inconstitucionalidad de las normas. Más de 1250 represores fueron condenados desde entonces.
A Patricia la osadía le costó cara. Los sectores pro-impunidad la implicaron en una causa por la bomba que explotó en julio de 1976 en la sede de Coordinación Federal. La causa sigue abierta.
Myriam Bregman, su abogada y amiga, la definió como una de sus grandes maestras. En un posteo recordó otro fuerte golpe que sufrió Patricia en 2008, cuando murió su hija, María Eva, trabajadora de Página/12.
A pesar de los pesares, Patricia encontraba la oportunidad para el humor ácido. “Nos reímos mucho, pensamos tantas cosas para encarcelar a los genocidas, para impedir que los liberaran. Esa era nuestra fortaleza: saber que era por los 30.000 detenidos-desaparecidos, que esa pelea valía la pena si queríamos construir otro futuro, sin opresión ni explotación”, escribió Bregman.
Fueron muchos quienes la despidieron en redes sociales. Entre otros, Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S., el CELS y los senadores Alicia Kirchner y Eduardo “Wado” de Pedro. Será velada este viernes en el Salón Blanco del Congreso, entre las 12 y las 16. Allí ella dejó su marca inconfundible: ser fiel, como su padre, al compromiso que asumió de dar testimonio en tiempos difíciles.
Página 12