Tras la disolución de la entidad financiera que dejó sin acceso a sus ahorros a la mitad de los paraguayos, la oposición inició el proceso para destituir al Presidente. Acusan a Peña de estar vinculado a los accionistas del banco. El oficialista Partido Colorado anunció que apoyará el juicio político.
Diputados de la oposición paraguaya tratarán formalmente un pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña por su presunto vínculo con la caída del Ueno Bank, la entidad dejó sin fondos a la mitad de la población de ese país y por la que durante los últimos dos días hubo masivas movilizaciones que pusieron en jaque la continuidad del gobierno.
El expresidente Horacio Cartés, uno de los principales referentes del Partido Colorado, ya le soltó la mano a Peña y emitió un comunicado en el que compromete el apoyo al pedido de juicio político.
La acusación incluye también al vicepresidente Pedro Alliana, sospechado junto con Peña de haber tejido vínculos con los accionistas de ese banco y haber aprobado procesos de salvataje a pesar de que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 por ciento del mínimo requerido. Debido a que la debacle no pudo frenarse, el Banco Central de Paraguay ordenó la intervención y disolución del Ueno.
El pedido de juicio político contra el presidente y el vice se activaría a través de una sesión extraordinaria convocada para hoy de manera urgente, a fin de tratar el asunto y dar luz verde al resto de los procedimientos que requiere la Constitución de ese país.
Cómo es el procedimiento para el juicio político
De acuerdo al artículo 225 de la Carta Magna paraguaya, se necesita una mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados (órgano acusador) para que la causa pase a la Cámara alta. A su vez, en el Senado (órgano juzgador) se necesita la misma proporción para declarar culpable al acusado y dejarlo afuera del cargo.
-Si la sesión cuenta con la asistencia perfecta de 80 diputados, el número mínimo de votos favorables para aprobar la acusación es de 54.
-Si eso ocurre, el caso pasa al Senado que, a su vez requerirá que al menos 30 de sus 45 miembros levanten la mano por la destitución.
En cambio, si la sesión extraordinaria convocada por la oposición no alcanza la mayoría constitucional para el avance del juicio político, el expediente será rechazado y pasará a archivo.
Esto también le pone límites a un nuevo intento acusatorio, porque el oficialismo podría alegar que el caso es “cosa juzgada” y por lo tanto no debería repetirse en caso de un nuevo planteo. Peña y Alliana salvarían su pellejo y la oposición deberá activar otras alternativas judiciales para encauzar eventuales reclamos.
Cada cual hace su juego
La presentación del juicio político fue iniciada por los diputados opositores Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo. El documento está respaldado por 35 firmas, cuya recolección comenzó en las últimas horas y contó en principio con el apoyo de sectores disidentes del Partido Colorado.
Sin embargo, ante la dimensión económica y social de la crisis, en las últimas horas esa poderosa fuerza política en su totalidad se expresó a favor del proceso acusatorio.
El principal referente del Partido Colorado, el expresidente Horacio Cartés, emitió un comunicado en el que expresó: “Acompañamos el juicio político (…) a los efectos de volver a reencausar la institucionalidad de la república”.
Otro que se pronunció fue el presidente del Senado, Basilio Núñez, también del Partido Colorado, quien reclamó directamente la renuncia de Peña. “Como titular del Congreso de la Nación, no nos ubicaremos del lado del despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados. Reclamamos la renuncia del Presidente Santiago Peña o, en su defecto, acompañamos el juicio político para reordenar la institucionalidad de la República y proteger a los ahorristas”, escribió en X.
Estos respaldos ponen en jaque a Santiago Peña, el hombre de la derecha que implementó un plan económico que fue modelo para el gobierno de Javier Milei y el equipo liderado por el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, quien sucesivamente se deshizo en elogios a la economía paraguaya.
La crisis del Ueno Bank
Peña quedó envuelto en una polémica después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenara la intervención y disolución de Ueno, un banco con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes.
La medida derivó en el cierre de sucursales y el cese de operaciones. Millonarios recursos de entidades públicas están depositados en esa entidad, que además patrocinaba equipos locales de fútbol y eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally.
Se conocieron sendos indicios de que Peña estuvo vinculado a accionistas de ese banco, aunque el presidente de esa entidad, Juan Manuel Gustale -actualmente detenido-, dijo que el titular del Poder Ejecutivo paraguayo no tenía nexo alguno con esa institución, aunque sí acciones en Ueno Holding que el mandatario habría vendido en abril de 2025.
La reacción tardía de Peña
Al verse entre las cuerdas, Peña promulgó una ley aprobada en tiempo récord por el Legislativo para agilizar la entrega en un plazo mínimo de 24 horas de los recursos retenidos a los clientes de la intervenida institución.
La ley “permitirá a los ahorristas cobrar en el menor tiempo posible una parte de los fondos de garantía a fin de que los recursos vuelvan a las manos de quienes corresponde”, publicó en X el mandatario, que debido a este escándalo no viajó a España para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana.
Cada depositante podrá recibir hasta 40 salarios mínimos mensuales, un monto que equivale a 121,7 millones de guaraníes (unos 19.787 dólares), en un plazo de 24 horas, y que no podrá exceder los cinco días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la normativa.
Pero la medida no aplacó los ánimos de los ahorristas y de cientos de ciudadanos que continúan manifestándose y que ayer, por segunda noche consecutiva, clamaron con pedidos de renuncia en las adyacencias del Panteón Nacional de los Héroes, el epicentro de las concentraciones masivas de ese país.
Página/12