La caída de los ingresos y del poder adquisitivo de las familias, la retracción del consumo y el aumento de los costos están impactando directamente sobre la actividad comercial y productiva. En ese contexto Chaco presenta uno de los indicadores más preocupantes del país: el 12,3% de morosidad empresarial, solo por detrás de Santiago del Estero (13,3%) y muy por encima del promedio nacional.
Los datos fueron expuestos durante la presentación del nuevo Mapa de la Deuda de las Empresas en el Senado de la Nación, una herramienta desarrollada por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) junto a la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), sobre la base de información de la Central de Deudores del Banco Central.
El relevamiento permite analizar los niveles de endeudamiento y morosidad según el tamaño de las empresas, la actividad económica y la ubicación geográfica.
El senador Jorge Capitanich, como presidente de la Comisión de Economías Regionales del Senado, participó de la presentación del mapeo sobre la situación de morosidad de las pymes en Argentina junto a los senadores Mariano Recalde, Alicia Kirchner (Presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo), Marcelo Lewandowski (Presidente de la Comisión de Industria) y la economista Delfina Rossi (Directora del Centro de Estudios para la Ciudad de Buenos Aires). Además, expusieron Leandro Fadul (Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos), Julián Moreno (Presidente de APYME), Guillermo Polke (Presidente de la Federación Económica de Santa Cruz).
“Este modelo destruye a las familias y a las PyMEs”, afirmó Capitanich, y advirtió sobre el impacto del aumento de los precios de bienes y servicios, medicamentos y alimentos, junto con el mayor endeudamiento de los hogares, una combinación que, según señaló, está “generando una bancarrota generalizada”. “Cuando hay una crisis de ingresos y de salarios, los primeros que sienten el impacto son los comercios de barrio. Si las familias tienen menos dinero para comprar, consumen menos, priorizan los gastos esenciales y eso repercute directamente en los pequeños negocios”, sostuvo.
Informó Capitanich que en Argentina existen 21,5 millones de familias endeudadas, “tenemos más de 7 millones con morosidad manifiesta y sistemática. Obviamente si afecta a las familias, afecta a las pymes, porque la gente no tiene poder de compra”.
Capitanich criticó que mientras en el Congreso se debaten beneficios para los grandes capitales a través del RIGI y el denominado “Super RIGI”, no hay lugar para una ley de emergencia para las pequeñas y medianas empresas. “La tasa de los que vienen ahora es más baja que la de quienes siempre estuvieron invirtiendo y aportando en la República Argentina”, señaló, en referencia a las condiciones diferenciales que reciben los nuevos inversores frente a las empresas que sostienen históricamente la producción y el empleo en el país.
Destacó que se presentaron iniciativas en el Senado para discutir una emergencia previsional y tributaria, el endeudamiento comercial, el costo tarifario energético, el financiamiento para las pymes “pero no fuimos escuchados”. “Hay una discriminación alevosa para las pequeñas y medianas empresas que afecta la vida cotidiana”, agregó.
“Estamos a tiempo, esto tiene que ser una voz para los que no tienen voz, una voz en tierra fértil. Este mapa nos va a ayudar a comprender la realidad del problema, y a utilizar herramientas eficaces. Esto no se resuelve con tozudez y con dogma, se resuelve con medidas prácticas para salvar fuentes de trabajo y el capital reputacional construido”, finalizó.
Los distintos legisladores y representantes de las industrias fueron exponiendo la situación de las diferentes regiones del país
El senador nacional Mariano Recalde destacó la importancia del Mapa Interactivo de la Morosidad de las PyMEs en Argentina, una herramienta elaborada a partir de datos oficiales que permite conocer los niveles de endeudamiento y las dificultades de pago de las empresas. Si bien reconoció el anuncio del Gobierno sobre la suspensión de embargos de ARCA, recordó que se trata de una medida que ya había sido propuesta por legisladores de su bloque y advirtió que resulta insuficiente si no se modifican las condiciones económicas.
“Podemos darle facilidades para ponerse al día, planes, cuotas, suspender los embargos para no ahogar la actividad. Pero si no reactivamos el consumo, si no reactivamos la actividad económica, si las familias no empiezan a tener suficientes ingresos como para hacer frente a sus gastos, esto va a volver a empezar”, sostuvo.
Delfina Rossi presentó el Mapa de la Deuda de las Empresas y advirtió que el principal problema es el modelo económico y el desplome de la economía real. Entre los datos destacados, señaló que la mora de las familias es la más alta desde 2010, que la caída de los salarios retrae el consumo y que la industria lleva ocho meses operando por debajo del 60% de su capacidad instalada.
También mencionó el impacto de la caída de la obra pública en la construcción y el aumento de la morosidad en PyMEs vinculadas a sectores como la minería y el petróleo. Además, señaló el mapa de las provincias más afectadas: Santiago del Estero con una mora del 13,3% y Chaco con 12,3%.
Según el relevamiento, las microempresas registran un 17% de mora, mientras que 645.000 monotributistas y autónomos acumulan deudas con más de 90 días de atraso. Además, el 19,7% de las empresas en mora también presenta deudas fiscales. “Estamos viendo una asfixia financiera por parte de las pequeñas y medianas empresas”, sostuvo, y advirtió que “no hay refinanciación que alcance” sin una recuperación de la actividad. En ese sentido, reclamó “un plan integral de alivio financiero, pero también de recomposición del consumo y del bolsillo de los trabajadores y trabajadoras”.
La senadora nacional Alicia Kirchner, presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, advirtió sobre el elevado endeudamiento de las familias y las PyMEs de la Patagonia, especialmente en Santa Cruz y Tierra del Fuego, y reclamó medidas concretas para revertir la situación. Recordó que en el Congreso se presentaron más de 60 proyectos vinculados al endeudamiento familiar y empresarial y cuestionó la falta de respuestas.
La exgobernadora de Santa Cruz señaló que, al finalizar su gestión en 2023, la desocupación provincial era del 1,9%, mientras que actualmente, según indicó, supera el 10%. También vinculó el deterioro económico con el retiro de YPF y el incremento del costo de los servicios públicos, particularmente el gas en el sur y la electricidad en el norte del país.
El senador nacional Marcelo Lewandowski, presidente de la Comisión de Industria y Comercio, cuestionó la política económica del Gobierno nacional y advirtió sobre el impacto de los costos energéticos y la caída del consumo en las PyMEs. También consideró insuficiente el anuncio del ministro Luis Caputo sobre la suspensión de embargos de ARCA.
“Primero arrancamos presentando soluciones o por lo menos medidas para crecer. Ahora estamos actuando de bomberos para tratar de evitar que sigan cerrando PyMEs”, sostuvo. Además, advirtió que sin una recuperación del mercado interno, las facilidades de pago no resolverán las dificultades del sector.
El presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Julián Moreno, advirtió sobre el crecimiento de la morosidad en el sector productivo y destacó la importancia de contar con información oficial desagregada por tamaño de empresa, actividad económica y ubicación geográfica para diseñar políticas públicas.
Moreno cuestionó el impacto del modelo económico sobre las PyMEs y reclamó medidas urgentes para sostener las unidades productivas, entre ellas una reducción de las tasas de interés y herramientas de asistencia financiera. “Si nosotros no hacemos algo hoy para sostener a las unidades productivas que están cayendo, se dificultará la recuperación de la actividad económica” concluyo.
El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos (CCIARG), Leandro Fadul, vinculó el incremento de la morosidad de las PyMEs con la recesión económica y la caída de los ingresos, que impiden afrontar los costos operativos y las obligaciones financieras y fiscales.
“A este momento y a esta situación de morosidad, llegamos porque las PyMEs tenemos costos de estructura y tenemos que hacer frente a esos costos de estructura todos los meses”, explicó. “La suspensión de los embargos es bienvenida y necesaria, pero hay que acompañarla ahora de una herramienta financiera por parte del órgano fiscal, porque si no también va a resultar insuficiente”, sostuvo.
El presidente de la Federación Económica de Santa Cruz, Guillermo Polke, advirtió sobre las consecuencias de la crisis económica en la Patagonia, particularmente en Santa Cruz, donde señaló que el retiro de YPF provocó la pérdida de más de 10.000 puestos de trabajo, con un fuerte impacto sobre el consumo, la recaudación provincial y la actividad comercial. También alertó sobre el despoblamiento de la región, producto de la falta de oportunidades laborales y el elevado costo de vida.
En ese contexto, reclamó políticas que permitan preservar las unidades productivas y el empleo. “¿Qué mejor que ayudar a las PyMEs, que somos una de las redes más importantes de contención social porque generamos más del 70% de las fuentes de trabajo en la República Argentina?”, planteó.
El senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro cuestionó el modelo económico del Gobierno nacional y advirtió sobre el deterioro de la actividad productiva en la provincia de Buenos Aires. Según los datos del mapa de morosidad, señaló que el 12,2% de las PyMEs y el 14,2% de las micropymes bonaerenses presentan dificultades para afrontar sus créditos.
“Ya que Patricia Bullrich habla de su preocupación por las PyMEs, creo que algunas de todas las iniciativas que tiene el senador Capitanich, que son más de 100, algunas de esas seguramente Patricia Bullrich las va a votar con todo su bloque”, ironizó.
El senador nacional Carlos Linares advirtió sobre el deterioro económico y social de la Patagonia y señaló que Comodoro Rivadavia perdió 10.000 puestos de trabajo durante el último año, mientras que la desocupación pasó de niveles históricos cercanos al 1% a un 9,5%.
También cuestionó el retiro de YPF de la región, las dificultades de acceso al crédito y el creciente despoblamiento. “Las tasas son imposibles, impagables”, sostuvo sobre el financiamiento bancario, y aseguró: “Vamos a acompañar y a votar toda movida que sea un alivio para la pequeña y mediana empresa y para los argentinos”.
Por último, el senador nacional Fernando Salino cuestionó las consecuencias del modelo económico del Gobierno nacional, que afecta el consumo, la producción y el empleo, y advirtió que la crisis también está deteriorando el tejido social. “Si se cae el ingreso, se cae el consumo y va a pasar todo esto. Ya nos pasó muchas veces”, sostuvo. Reclamó una salida con sentido federal, basada en el fortalecimiento de las economías provinciales y la recuperación de la actividad industrial.
“La salida no va a ser desde lo financiero. El tema es productivo. Nosotros necesitamos la industria, necesitamos producir, necesitamos reactivar el consumo”, afirmó, y comprometió su voto a las iniciativas legislativas destinadas a aliviar la situación de las PyMEs.