Los estudiantes del Centro Universitario Devoto, que fueron movidos del penal de Devoto al de Marcos Paz y ahora al de Ezeiza, aseguran que permanecen con todos sus derechos vulnerados. “Es muy cruel y perverso lo que está pasando en las cárceles de todo el país”, advierten.
Tras los traslados del penal de Devoto al de Marcos Paz y ahora al de Ezeiza, los estudiantes del Centro Universitario Devoto (CUD), dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), denuncian que permanecen con todos sus derechos vulnerados. Sucede en el Complejo Penitenciario Federal 1 y 4 de Mujeres, donde está ubicado el espacio educativo. Explican que están aislados de los miembros del Centro Universitario Ezeiza (CUE), que no los dejan interactuar con ellos y que se encuentran inmersos en «un plan sistemático de tortura».
Los traslados intempestivos fueron ejecutados luego de un acuerdo entre los gobiernos de Jorge Macri y Javier Milei. Estudiantes de Ezeiza advirtieron que no ingresan más a las Facultades que dictan las carreras que cursan los miembros del CUD por el terrible abuso que comete el personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en los controles para entrar al establecimiento. En paralelo, continúa el debate sobre el destino del predio del penal de Devoto.
Desde el CUE insistieron en que están proscritos por la Resolución 372/25, que prohibió el funcionamiento de los centros de estudiantes en todas las cárceles del Sistema Penitenciario Federal: «Los gobiernos de Macri y Milei destruyeron todos los derechos que fueron ganados durante más de cuatro décadas de lucha», señalaron los estudiantes, en diálogo con Tiempo.
Además explicaron que «la única salida que nos queda y seguro que nos va a proponer la UBA es que rindamos libre en mesas de exámenes». En ese contexto, la pérdida de las cursadas presenciales es inminente: «Desde que llegaron los libertarios, los docentes de Derecho y Economía dejaron de entrar a este penal, porque no soportan la agresividad y las requisas de los penitenciarios», agregaron.
También detallaron. «Los estudiantes del CUE fuimos llevados al módulo 1 y los del CUD están siendo alojados en el módulo 2, de ese modo logran que no tengamos contactos con nuestros compañeros universitarios». Aseguraron que los penitenciarios hacen lo que quieren, que los requisan todo el tiempo y que reciben «torturas física y psicológicas».
Situación traumática para los familiares
Los estudiantes del CUD enfatizaron: «Esto es algo que reagrava la situación, porque perdimos el cuatrimestre, cometieron un delito federal». Dicho esto, cabe destacar que los universitarios fueron trasladados fuera de los tiempos protocolares legítimamente establecidos. Y recordaron que las reubicaciones las ordenó el director general de Régimen Correccional del SPF; previa notificación al rector de la UBA.
Además de haber generado una situación traumática para los familiares de los presos que sufren junto a ellos todo lo que les pasa: «Los tienen bajo una lupa, porque ellos fueron los únicos detenidos en el penal de Devoto que se animaron a enfrentar al sistema de corrupción y violación de derechos», dijeron a este diario desde el grupo de familiares.
Los estudiantes del CUD aseguraron: «No nos dejan interactuar con los universitarios de este penal y ese es el primer error, nos mantienen aislados y con todos nuestros derechos vulnerados».
Una intervención internacional
Y reclamaron: «Necesitamos una intervención internacional urgente en materia de Derechos Humanos. Porque es muy cruel y perverso lo que está pasando en las cárceles de todo el país. Además, lo que estamos sufriendo nosotros acá, afecta en forma directa al sistema democrático argentino y la sociedad en su conjunto».
También denunciaron -del CUE y el CUD- que los penitenciarios «roban parte de las encomiendas que nos envían nuestros familiares«. En algunos casos, siguiendo la denuncian, se las abren y te ponen drogas para armarles causas internas, «según cuáles sean los detenidos y los intereses que tengan los penitenciarios».
En ese sentido, ya existen habeas corpus presentados ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora. Los propios detenidos consideran que los penitenciarios cometen estos delitos «porque sus sueldos son de miseria».
«Los penitenciarios también practican antisemitismo, tenemos compañeros de estudio que son de la comunidad judía y están siendo perseguidos constantemente. A ellos los revisan continuamente y los amenazan», reiteraron desde el CUE, en relación a una denuncia que hicieron ante la Justicia Federal y este diario publicó.
Un experimento positivista
Cabe destacar que la exministra de Seguridad de la Nación y actual senadora, Patricia Bullrich, puso en vigencia en todas las cárceles federales el Sistema Integral de Gestión de Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR), de tortura permanente.
Los detenidos están aislados, sin leer, escribir, ni escuchar radio y no les permiten profesar culto religioso. Las visitas son detrás de un vidrio, por lo cual no pueden tocar ni abrazar a sus familiares. Un experimento positivista que están aplicando -en su gran mayoría- a personas presas por narcotráfico y narcocriminalidad, muchos de ellos son estudiantes universitarios y sus carreras fueron interrumpidas.
Según expertos, cuando estos detenidos que están siendo torturados recuperen la libertad, la sociedad en términos generales recibirá más violencia y los crímenes serán más sangrientos. Aplicarán a sus víctimas todo el daño que les hicieron a ellos.
Más de cuatro décadas de trabajo académico
Cabe destacar que el Programa UBA-XII del que dependen estos centros de estudiantes fue creado en 1985 como un símbolo de la democracia para garantizar el derecho a la educación a las personas en situación de encierro en la órbita penitenciaria federal. El Centro Universitario Devoto (CUD) nació en 1986, cuando la UBA comenzó con el dictado de clases a personas detenidas en ese penal.
Primero iniciaron el Ciclo Básico Común (CBC) y luego se sumaron las carreras de Derecho, Sociología, Economía, Psicología, Exactas y Filosofía. Por su parte, los estudiantes fundaron el Grupo Universitario Devoto, con autoridades elegidas y establecieron un estatuto.
En esos tiempos recibieron donaciones, restauraron un espacio incendiado y crearon la biblioteca Santa Clara de Asís. Después, Ernesto Sabato donó su biblioteca personal como aporte a esa construcción. Todo sucedió mediante un convenio entre la UBA y el SPF, hoy vulnerado.
En una de las actividades de resistencia por el CUD, el diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Grabois, denunció en una clase pública que «los detenidos fueron trasladados porque el Papa León XIV pasará por el penal de Devoto».
Actualmente la cárcel de Devoto aloja a solo 76 pesos, hasta que pase la visita religiosa y que se ejecute el cierre definitivo. Grabois ahondó en que las autoridades realizaron los traslados con anticipación a lo pactado con las organizaciones sociales e instituciones públicas para que el Supremo Pontífice no encuentre la cárcel con sobrepoblación y hacinamiento, entre otras condiciones inhumanas.
¿Cuál será el destino del predio del penal de Devoto?
El Gobierno de la Ciudad quiere desarrollar en el lugar un proyecto inmobiliario y construir edificios privados con espacios verdes. No obstante, la querella por la «Masacre del Pabellón Séptimo», integrada por la abogada Claudia Cesaroni y la doctora Natalia D’ Alesandro, junto a las organizaciones sociales y la militancia, reclaman que todo el predio -no solo un sector- sea declarado Sitio de Memoria.
Porque allí, el 14 de marzo de 1978, plena dictadura cívico-militar, 65 detenidos perdieron la vida en un incendio. Cesaroni y D’ Alesandro lograron que desarchiven la causa de la Masacre y a finales del año pasado lograron que la Justicia condene a dos exjefes del Servicio Penitenciario Federal.
Cesaroni recordó -en diálogo con este diario- que en 2018 hicieron una presentación ante el juez Daniel Rafecas, titular del Juzgado Federal Criminal y Correccional Federal Nº 3, donde está la causa por la Masacre del Pabellón Séptimo.
En ese momento, pidieron que Rafecas dicte una medida de no innovación del predio del penal de Devoto, que no avancen con los traslados hasta que no se termine la etapa probatoria. El juez les concedió esa medida, pero la militancia reclama que todo el predio de la cárcel sea declarado Sitio de Memoria. La causa todavía se encuentra en curso.
Sobre el «Devotazo»
La cárcel de Devoto tiene un siglo y, por ende, una historia con varios sucesos. Uno de ellos sucedió el 25 de mayo de 1973, cuando Héctor Cámpora asumió la presidencia del país y ocurrió el «Devotazo». Fue cuando las militancias se encolumnaron frente al penal para pedir la liberación de los presos políticos, víctimas de la dictadura de Juan Carlos Onganía, llamada «Revolución Argentina».
Ese día, una multitud de miles de personas de la sociedad civil, militantes de la Juventud Peronista (JP), Organización Montoneros (OM), Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y familiares de detenidos, se congregó frente a las puertas del penal y reclamaron la liberación de los cautivos.
Fuerza por Buenos Aires, que es el bloque formado por la mayoría de la oposición en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presentó un proyecto -hace dos semanas- reclamando que todo el predio de la cárcel de Devoto sea un Sitio de Memoria.
Argumentó con los hechos que marcaron la historia de ese penal federal, porque el lugar tiene un valor testimonial y probatorio sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por los genocidas durante el terrorismo de Estado. Y además, en el predio del penal se encuentra pendiente una excavación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Tiempo Argentino