La Justicia admitió formalmente el amparo presentado por los legisladores nacionales entrerrianos del peronismo Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay contra el Gobierno por la retención de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles que tienen asignación específica para el mantenimiento de la infraestructura vial.
El juez federal de Victoria, Federico Martín, ordenó al Ministerio de Economía y a la Dirección Nacional de Vialidad que presenten, en un plazo de tres días, un informe sobre el destino de los recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL). Los organismos fueron notificados la semana pasada y desde entonces corre el plazo para responder en el expediente “Bahl, Adán Humberto y otros c/ Estado Nacional – Ministerio de Economía y otro s/ amparo Ley 16.986” (N° 12957/2026).
El planteo de los legisladores sostiene que los fondos recaudados a través del impuesto a los combustibles tienen una afectación específica establecida por ley y, por lo tanto, deben destinarse exclusivamente a la infraestructura vial. Según argumentan, mantener esos recursos colocados en instrumentos financieros para contribuir al equilibrio fiscal implica desvirtuar el propósito para el que fueron creados.
A partir de ese diagnóstico, Bahl, Michel y Marclay reclaman que se reactiven las obras y las tareas de mantenimiento de la red vial nacional en Entre Ríos, con especial atención sobre las rutas nacionales 12, 14, 18, 127, 135 y 174, entre otras.
Polémica por el estado de las rutas
Uno de los principales argumentos del amparo es el volumen de recursos que ingresaron al sistema y que, según el relevamiento presentado por los legisladores, no fueron aplicados a obras viales.
Entre enero de 2024 y mayo de 2026, el SISVIAL recibió a nivel nacional más de $1,5 billones. Sin embargo, durante ese período apenas se destinaron unos $394.406 millones a obras. En otras palabras, tres de cada cuatro pesos recaudados no llegaron a la infraestructura vial.
El informe señala además que, al 31 de mayo, más de $1 billón permanecía colocado en títulos públicos y plazos fijos. De acuerdo con el planteo judicial, el propio Gobierno nacional reconoció que esos recursos se computan para sostener el equilibrio fiscal.
El reclamo judicial se produce en paralelo al avance del esquema de concesiones viales impulsado por la administración de Javier Milei. El pasado 7 de octubre, Nación concesionó por un plazo de 20 años un total de 276 kilómetros de rutas entrerrianas.
La medida comprende el tramo de la ruta nacional 18 entre Paraná y Puerto Yeruá y el de la ruta nacional 12 entre Crespo y Paraná.
Para los legisladores, esa decisión no responde al interrogante central del amparo: qué ocurrió con los fondos recaudados durante los últimos dos años y por qué no se aplicaron al mantenimiento de la red vial. Además, advierten que la concesión de esos corredores tampoco resuelve el deterioro del resto de las rutas nacionales que atraviesan la provincia.
La respuesta que deberán presentar Economía y Vialidad Nacional ante la Justicia será el próximo paso en una disputa que pone bajo la lupa el destino de los recursos del impuesto a los combustibles y la política de infraestructura vial del Gobierno nacional.
Fuente: Ámbito