El juez Fabián Lorenzini, a cargo de la liquidación de la quebrada textil Algodonera Avellaneda S.A. en el norte santafesino, dispuso una serie de medidas destinadas a avanzar en la liquidación de los activos de la empresa y, al mismo tiempo, preservar fuentes de trabajo, atender la situación de los empleados y procurar la mejor realización posible de los bienes de la firma.
Habilitó un registro de interesados en adquirir activos y establecimientos de la empresa y la inscripción estará abierta hasta el 11 de noviembre de 2026 a las 12:45 horas.
El tribunal busca identificar inversores interesados en las unidades productivas vinculadas a la cadena del algodón (desde la fibra hasta la producción de hilo y tela).
También pretende acelerar la venta de bienes no esenciales u ociosos para generar liquidez y afrontar salarios e indemnizaciones laborales, entre ellos, el inmueble de Buenos Aires, por el que se recibirán ofertas hasta el 11 de noviembre de 2026 a las 12:45 horas.
Está ubicado sobre calle Saenz Peña al 1074 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), a poco más de 100 metros de la autopista 25 de Mayo y a pocas cuadras de la Av. 9 de Julio. Una tasación realizada el año pasado por una inmobiliaria con vínculos con los Vicentín la valuó en 4,3 millones de dólares, mientras que el Banco Nación la tasó en U$S3 millones, pero cuando el juez la quiso vender a 1,9 millón, no consiguió ni un oferente concreto.
Lorenzini aclaró que tanto la preinscripción como las ofertas por el inmueble tienen carácter preliminar, y que la mejor oferta presentada no otorga automáticamente el derecho de compra, y que toda eventual operación quedará sujeta a posterior autorización judicial y podría abrirse a mejoras de oferta.
Quienes se preinscriban como interesados, podrán realizar anticipadamente visitas a las plantas industriales y establecimientos y obtener información actualizada, financiera, económica y laboral de la empresa.
Consideraciones
El juez dice que tiene en cuenta “la gravísima situación de vulnerabilidad económica, social y sanitaria que atraviesan las familias de los trabajadores dependientes de aquella empresa” y que “es imperioso obrar con debida diligencia”.
También señala la necesidad de actuar rápido “para preservar tanto los intereses de los acreedores concurrentes (largamente postergados), cuanto el valor real de mercado de los activos”.
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