El relevamiento del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana-ISEPCi evidencia una preocupante situación extendida de precariedad laboral, endeudamiento e inseguridad alimentaria en 78 barrios del Área Metropolitana del Gran Resistencia. El presente informe reúne los datos recolectados y procesados en una muestra con una extensión territorial ejecutada en el periodo comprendido entre el 24 de agosto y el 9 de octubre.
El relevamiento evalúa aspectos ocupacionales, niveles de ingreso, estado del endeudamiento, servicios de la vivienda y seguridad alimentaria familiar y las conclusiones correspondientes a cada pregunta realizada.
La situación laboral e ingresos y asignaciones familiares
El trabajo muestra una alta precariedad donde predominan la informalidad, el desempleo y los hogares con ingresos bajos, mientras una proporción importante no recibe asignaciones por hijos.
Empleo: el 60,9% de los hogares no tiene empleo formal: 36,3% depende de trabajo informal o changas y 24,6% está desocupado. Solo el 26% cuenta con trabajo registrado; el 13,1% corresponde a jubilados o pensionados.
Ingresos: el 67,7% percibe menos de $700.000 mensuales y 24,6% está desocupado. Dentro de ese primer grupo, el 45,1% recibe menos de $500.000. En contraste, solo el 12,9% supera los $1.200.000. Esto implica ingresos inestables, menor acceso a derechos laborales y mayor exposición a interrupciones del ingreso.
Es decir, aún cuando existe alguna ocupación, su remuneración no garantiza cubrir gastos básicos.
Asignaciones familiares: el 41,8% no recibe ningún beneficio por hijos. La Asignación Universal por Hijo-AUH es la prestación más extendida, alcanzando al 40,3%; mientras el salario familiar llega a solo el 9,2% de los encuestados, y las demás prestaciones tienen una cobertura reducida. Lo que muestra que una parte relevante de los hogares queda fuera o recibe apoyos limitados frente a sus necesidades.
En conjunto, los datos reflejan hogares con limitada estabilidad laboral, ingresos insuficientes y una cobertura de asignaciones que no alcanza a una parte considerable de las familias con hijos.
Capacidad para llegar a fin de mes, deudas y compra de alimentos
En el informe se ratifica una realidad negada fuertemente por el Gobierno Nacional: la mayoría de los hogares enfrenta serias dificultades para cubrir el mes, y las deudas reducen directamente la posibilidad de comprar alimentos.
El esfuerzo para alcanzar el fin de mes: el 83,1% llega con dificultad o no llega: 43,1% debió endeudarse y 40% tuvo que ajustar gastos, incluso esenciales. Solo el 14,6% llega justo y el 2,3% puede hacerlo con comodidad o ahorrar.
En cuanto a las deudas, el 50,6% tiene compromisos que le impedirían comprar todos los alimentos necesarios el mes siguiente. Este grupo enfrenta una doble presión: obligaciones impagas y reducción directa del consumo esencial.
Apenas el 12% declara no tener deudas; el resto sí las tiene, aunque presentes, no afectarían la comida.
Mientras que la modalidad de compra de alimentos, ante la falta de recursos, el 48,9% compra según el dinero disponible cada día y el 22,3% compra fiado. Son señales de falta de liquidez y de imposibilidad de sostener una alimentación planificada.
Además, el 14,6% usa tarjeta de crédito, el 9,1% recibe ayuda de otras personas y el 5,1% tuvo que empeñar o vender bienes.
Y si fuera poco, emerge una clara afectación de niños, adolescentes y adultos porque el 70,6% de los hogares con niños, niñas y adolescentes reporta que estos no pudieron acceder a una alimentación saludable, adecuada y variada por falta de recursos; en los adultos, esta privación alcanza al 78,8%.
Estos comportamientos muestran una economía cotidiana de subsistencia, donde el endeudamiento y la falta de ingresos estables comprometen el acceso regular a alimentos.
Pero también revela que la inestabilidad del empleo se traslada a una economía doméstica sin margen para planificar ni afrontar imprevistos.
Costos y precariedad de los servicios básicos
Los datos obtenidos en terreno muestran que el 52,3% dispone de electricidad sin medidor formal, el 10,9% tiene deuda en las facturas y el 7,4% no posee conexión. Estas condiciones reflejan una vulnerabilidad adicional en la vivienda y los gastos básicos.
Es decir, esta situación reduce la seguridad residencial y suma obstáculos para sostener condiciones de vida compatibles con un empleo estable.
Implicación principal
El análisis del documento concluye que la precariedad no se explica únicamente por la falta de trabajo: también responde a empleos sin registrar y mal remunerados, cobertura social incompleta, endeudamiento persistente y dificultades para regularizar servicios esenciales. El resultado es que incluso los hogares con alguna inserción laboral enfrentan restricciones severas para cubrir alimentación y otros gastos básicos.