La ingeniera agrónoma Virginia Aparicio presentó en el Concejo Deliberante resultados de la investigación desarrollada en el marco del proyecto internacional SPRINT, que analizó la presencia de plaguicidas en personas, animales y distintos componentes del ambiente.
Durante una charla abierta realizada en la sala de sesiones del Concejo Deliberante, expuso datos sobre muestras tomadas en el sudeste bonaerense, respondió preguntas de los vecinos y planteó la necesidad de reducir el uso de estos productos, mejorar los controles y actualizar las normas que regulan su medición.
Desde el comienzo, Aparicio dejó en claro el carácter de su participación: se presentó como investigadora científica y defensora del ambiente, a título personal y no en representación de las instituciones que la emplean, el INTA y el CONICET. Explicó que decidió compartir los resultados ante los comentarios y las controversias que se generaron alrededor del proyecto, con el propósito de que la información científica pudiera ser conocida y comprendida por la comunidad.
“Con la finalidad de honrar la ética y la moral que tenemos para desarrollar ciencia, es que estoy con ustedes para que me pregunten después lo que necesiten saber, pero que la información que hemos generado sea clara y concreta para cada uno de ustedes”, expresó al iniciar la exposición.
La presentación estuvo centrada en SPRINT —Sustainable Plant Protection Transition—, una iniciativa financiada por la Unión Europea que se desarrolló entre septiembre de 2020 y febrero de 2026. El proyecto reunió a equipos de distintos países para estudiar la exposición a productos fitosanitarios y generar información que contribuya a reducir su utilización en los sistemas productivos. Según la ficha oficial de la Comisión Europea, contó con una financiación cercana a los 15 millones de euros.
Un estudio en el sudeste bonaerense
En Argentina, el trabajo se desarrolló en diez partidos del sudeste de la provincia de Buenos Aires: Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredón, Tandil, Benito Juárez, Necochea, Lobería, San Cayetano, Tres Arroyos y Coronel Dorrego. La investigación contempló distintos grupos de participantes: pobladores rurales, entre ellos personas vinculadas con prácticas agroecológicas y convencionales; habitantes de pequeñas localidades; y residentes de centros urbanos. También se convocó a representantes de entidades rurales, organizaciones de aplicadores, agrupaciones ambientales y sectores de la salud y la educación para recoger opiniones sobre posibles cambios en los sistemas productivos.
Aparicio explicó que se aplicaron protocolos armonizados de muestreo y análisis, con laboratorios compartidos con los equipos europeos. Esa metodología permitió comparar los resultados argentinos con los obtenidos en otros países bajo criterios equivalentes. El relevamiento abarcó más de 200 plaguicidas y contempló muestras de suelo, agua superficial y sedimentos, además de organismos como peces, insectos, lombrices y murciélagos. En las personas se analizaron muestras de sangre, orina y materia fecal y se utilizaron pulseras de silicona durante siete días para registrar la exposición a distintas sustancias presentes en el entorno.
La presencia de múltiples sustancias
Uno de los resultados que Aparicio destacó fue que la exposición no se limita a un solo plaguicida. En las distintas muestras se detectaron combinaciones de sustancias, una cuestión que consideró central porque, según explicó, los efectos suelen evaluarse de manera individual, mientras que en la vida cotidiana las personas y los organismos pueden entrar en contacto con varias al mismo tiempo. Como ejemplo, señaló que el polvo recogido en viviendas rurales presentó una mediana de 75 sustancias diferentes, con registros que iban de 25 a 121. En las muestras de agua superficial de arroyos y lagunas, en tanto, el valor típico fue de 20 residuos por muestra. Según detalló, ninguna de las muestras analizadas en ese conjunto estuvo libre de residuos y se identificaron también sustancias cuyo uso no está permitido.
La investigadora advirtió que la presencia simultánea de compuestos plantea interrogantes sobre los posibles efectos de esas mezclas en los ecosistemas. En ensayos de laboratorio con lombrices, por ejemplo, la combinación de productos utilizada en el experimento argentino generó efectos mayores que los observados con cada sustancia por separado. En plantas se registró una reducción del crecimiento de las raíces, mientras que en los colémbolos estudiados no se observaron efectos en las condiciones del ensayo. Aparicio remarcó que los resultados varían según el organismo y la combinación analizada, por lo que tanto los efectos observados como la ausencia de efectos en determinadas pruebas aportan información para continuar investigando.
Agua: diferencias con los parámetros europeos
Otro de los puntos centrales fue la presencia de plaguicidas en el agua. Aparicio explicó que, en un relevamiento de 154 muestras de agua destinada al consumo humano de la región pampeana, recogidas entre 2019 y 2022, se detectaron recurrentemente sustancias como atrazina, metolacloro, imazetapir, 2,4-D e imidacloprid. Según los datos que presentó, al comparar los resultados con el umbral de referencia de la Comisión Europea, nueve de cada 100 muestras de agua de red y 18 de cada 100 muestras de pozos rurales superaban ese valor.
La investigadora aclaró que esa comparación no significa que los análisis realizados por los proveedores de agua sean necesariamente incorrectos. Señaló que las normas argentinas vigentes no contemplan adecuadamente parte de los plaguicidas de uso actual y que, por ese motivo, el agua puede cumplir con los parámetros exigidos sin que se estén midiendo todas las sustancias que la investigación busca identificar.
En relación con los cursos de agua superficiales, sostuvo que las concentraciones registradas en las muestras argentinas fueron superiores a las de los sitios europeos estudiados. Explicó que, aunque la concentración de una sustancia individual no siempre represente por sí sola un riesgo para la vida acuática, la combinación de residuos puede plantear riesgos para peces y algas. A partir de esos resultados, propuso establecer un monitoreo sostenido de arroyos y lagunas, generar bases de datos que permitan observar su evolución y estudiar de dónde provienen los residuos detectados.
Menos uso y mejores prácticas productivas
La exposición también incluyó resultados vinculados con las prácticas agropecuarias. Según Aparicio, las muestras de polvo de viviendas de productores que utilizaban plaguicidas de manera convencional presentaron mayor cantidad y concentración de estas sustancias que las de productores vinculados con prácticas agroecológicas. También mencionó una experiencia desarrollada en España en la que voluntarios consumieron alimentos exclusivamente orgánicos durante seis días. Según los resultados que expuso, determinados indicadores vinculados con insecticidas en la orina descendieron entre un 57% y un 87%.
Para la investigadora, esos datos muestran que reducir la exposición es una posibilidad concreta y que existen alternativas para avanzar en esa dirección. En ese sentido, cuestionó el argumento de que disminuir el uso de plaguicidas necesariamente impida producir. A partir de las prácticas relevadas, sostuvo que se detectaron desvíos en las dosis utilizadas respecto de las indicaciones de las etiquetas, que en algunos casos llegaron a ser de hasta 20 veces. Consideró que esa situación abre una oportunidad para mejorar el asesoramiento técnico, la información disponible y el uso responsable de los productos. “Lo que se aplica acá, no sabemos dónde termina”, advirtió al plantear la necesidad de reducir la carga de plaguicidas y evitar que las sustancias lleguen a otros ambientes.
El reclamo de los vecinos y las respuestas de los concejales
La exposición dio lugar a un extenso intercambio con vecinos que se acercaron al recinto. Varias intervenciones apuntaron a la falta de controles, la necesidad de actualizar la legislación y la responsabilidad de las autoridades para transformar la información científica en medidas concretas. Uno de los asistentes preguntó si era necesario avanzar con políticas públicas de salud y normas que regulen el uso de estos productos. Aparicio respondió que ese es precisamente uno de los objetivos que debería perseguir la investigación: generar datos que puedan utilizarse para tomar decisiones.
Otros participantes expresaron su preocupación por la presencia de plaguicidas en alimentos, el impacto sobre las abejas y la actividad apícola, la aplicación de productos en banquinas y la necesidad de ampliar los estudios a las quintas y a otros sistemas productivos. También hubo vecinos que reclamaron que se revisen los análisis de agua y que se incorporen sustancias que actualmente no forman parte de los controles habituales. En ese contexto, se recordó que la detección de un compuesto no significa automáticamente que el agua no sea apta para el consumo, pero sí puede justificar nuevas evaluaciones cuando los parámetros vigentes no contemplan esa sustancia.
Durante el encuentro, el concejal Gabriel Petruccelli sostuvo que el cuerpo legislativo no tiene facultades ejecutivas para realizar por sí mismo todos los controles, aunque puede impulsar proyectos, solicitar información y promover medidas ante las autoridades competentes. Señaló, además, que la convocatoria buscó abrir un espacio para que la comunidad pudiera conocer los resultados y plantear sus dudas. En otra intervención, una exconcejal repasó distintas iniciativas presentadas en años anteriores vinculadas con el control de cultivos, la calidad del agua y las denuncias por aplicaciones indebidas de productos fitosanitarios. Según relató, varias de esas propuestas no avanzaron más allá de las comisiones legislativas. El intercambio dejó planteada la demanda de que las discusiones sobre plaguicidas no queden limitadas a declaraciones o proyectos sin continuidad, sino que puedan traducirse en mecanismos de seguimiento, controles y acceso público a la información.
“Más ciencia, más investigación y más prevención”
Al cerrar su presentación, Aparicio resumió los principales alcances de SPRINT: la exposición a mezclas de plaguicidas, la mayor presencia de glifosato en las muestras argentinas respecto de las europeas y los efectos observados en determinados organismos durante ensayos experimentales. Al mismo tiempo, reiteró que el estudio no determinó enfermedades en las personas participantes ni permitió identificar el origen exacto de cada residuo encontrado. La investigadora planteó como posibles líneas de acción para Balcarce mejorar el monitoreo de los cursos de agua superficiales, construir una base de datos actualizada, revisar las normas para que contemplen sustancias de uso actual y acompañar a productores y comunidades con información y educación.
“Esto solamente se corrige con más ciencia, con más investigación y con más prevención”, afirmó. Y agregó que generar temor o silenciar las discusiones no contribuye a resolver el problema: consideró necesario comprender los datos, ampliar los estudios y avanzar con medidas a medida que se obtiene nueva evidencia. Aparicio explicó que también decidió presentarse para responder a las personas que participaron voluntariamente en la investigación y que aportaron muestras biológicas para el estudio. “Me parece que esto lo debía”, expresó. La charla permitió acercar a los vecinos los resultados de un proyecto internacional y puso nuevamente en discusión el uso de plaguicidas, los controles ambientales y la necesidad de que la información científica pueda orientar políticas públicas. El desafío, según quedó planteado durante el encuentro, será transformar esos datos en medidas concretas de prevención y seguimiento, sin confundir la evidencia sobre exposición con conclusiones que la investigación todavía no permite establecer.
El Diario Balcarce