La crisis del empleo formal se refleja con crudeza en las estadísticas de la seguridad social. Según los datos oficiales difundidos este domingo, entre enero y septiembre de 2026 un total de 145.004 trabajadores registrados despedidos sin justa causa comenzaron a cobrar la Prestación por Desempleo, lo que representa un incremento del 29,4% en comparación con las 112.056 altas contabilizadas en el mismo período de 2025. El impacto se concentró en tres sectores clave: la industria lideró con 35.922 casos, seguida por el comercio con 32.928 y la construcción con 21.663.
Al considerar las altas y las bajas por reincorporación laboral o agotamiento del beneficio, un total de 127.613 personas percibieron la prestación en septiembre de 2026. El cobro promedio alcanzó los $325.368, lo que representa una suba interanual del 18,7% respecto de los $274.324 de un año atrás. Sin embargo, ese ajuste quedó significativamente por debajo de la inflación interanual del 33,4%, lo que confirma la pérdida de poder adquisitivo que sufren los trabajadores que quedan sin empleo.
En cuanto al perfil de los beneficiarios, 86.288 son varones y 41.325 son mujeres. La provincia de Buenos Aires encabeza la nómina con 54.936 receptores, seguida por Santa Fe con 9.698, Córdoba con 9.658 y la Ciudad de Buenos Aires con 9.029.
El acumulado de la gestión de Javier Milei refleja una tendencia creciente en la destrucción de empleo registrado. En los dos años y nueve meses transcurridos desde diciembre de 2023, la suma de altas alcanzó las 473.186 prestaciones: 174.335 en 2024, 153.847 en 2025 y 145.004 hasta septiembre de 2026. Este volumen representa un salto significativo respecto de los registros de años anteriores, cuando se contabilizaron 108.942 altas en 2023 y 86.268 en 2022.
La comparación evidencia que el ritmo de cesantías se aceleró de manera sostenida y que la prestación por desempleo se convirtió en un amortiguador cada vez más demandado por los trabajadores formales que pierden su fuente laboral.
El derecho a percibir este seguro abarca a los empleados en relación de dependencia amparados por la Ley 24.013 que fueron desvinculados sin justa causa, por fin de contrato o por causas externas. Para acceder, se exige contar con al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido. Para trabajadores eventuales o de temporada, el requisito es poseer menos de 12 meses trabajados en el trienio y más de 90 días en el último año.
El beneficio se otorga por un período de hasta 12 meses, con seis meses adicionales para mayores de 45 años, en un esquema descendente: se percibe el 100% los primeros cuatro meses, el 80% entre el quinto y el octavo y el 70% entre el noveno y el duodécimo. Durante ese lapso, los beneficiarios conservan las asignaciones familiares, la cobertura de obra social y los meses de prestación se computan como antigüedad para la jubilación.
El crecimiento de las solicitudes de la prestación por desempleo se produce en un contexto de caída sostenida del empleo registrado. En septiembre de 2026, el monto mínimo de la prestación se ubicó en $191.900 y el máximo en $383.800, en línea con el Salario Mínimo, Vital y Móvil. La brecha entre el haber promedio y la inflación, sumada a la pérdida de puestos de trabajo en los sectores más intensivos en mano de obra, configura un escenario crítico para miles de familias que dependen de este ingreso temporal mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.
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