La Cámara Primera en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña ya fijó para octubre y noviembre las audiencias del juicio oral y público contra el ahora exjefe policial. Se trata de Daniel Melchiori, que era jefe de la seccional de Taco Pozo, donde los denunciantes habían viajado para atender de forma gratuita a miembros de la comunidad wichí local.
No es solo la historia de un jefe policial que enfrenta un juicio por agredir a un grupo de médicos solidarios. Es también la historia de un pueblo de Chaco que sufrió y denunció atropellos, pero nunca fue escuchado. Hasta ahora.
“Los vecinos de Taco Pozo – comienza el relato la abogada Adriana De Longhe – vivieron durante mucho tiempo bajo el amedrentamiento de este comisario: amenazas, detenciones arbitrarias, intimidaciones a quienes lo criticaban en redes sociales. Pero no se quedaron callados. Se organizaron, se manifestaron y presentaron más de 25 denuncias para que las autoridades supieran lo que estaba sufriendo toda la comunidad. Sin embargo, la respuesta de la conducción policial y política fue defenderlo. Lo de los médicos no fue un hecho aislado: fue la gota que rebalsó el vaso”.
La Cámara Primera en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña ya fijó para octubre y noviembre las audiencias del juicio oral y público contra el ahora exjefe de la comisaría de Taco Pozo, Daniel Melchiori, por tres delitos graves en concurso real: apremios ilegales agravados por haber sido cometidos con violencia en el ejercicio de su función, privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica en instrumento público, por el informe en el que inventó una orden judicial.
“En Chaco no se conoce un caso desde el retorno de la democracia como lo que ocurrió en Taco Pozo. Un violento protegido por el jefe de Policía de la provincia, que se sentía por encima del poder político y judicial”, asegura De Langhe, quien junto a su hermana Fiorella De Langhe representa a la querella, integrada por los médicos agredidos.
Recién clareaba el domingo 17 de agosto de 2025 cuando los profesionales de la salud, estudiantes y voluntarios cordobeses de la Asociación Civil Todo por Todos se preparaban para volver a su provincia después de días de atención gratuita en Taco Pozo, una actividad que realizan desde hace más de diez años. De acuerdo con lo reconstruido por la Fiscalía Especial en Derechos Humanos, Melchiori, de civil y en su auto particular, le cerró el paso a una de las camionetas del grupo y acusó al conductor Exequiel Margonari, uno de los voluntarios del operativo sanitario, de ir “a 200 kilómetros por hora”.
Después, intentó sacarle las llaves del vehículo y lo golpeó en la cara y en el cuerpo. Los testigos coincidieron en que el comisario tenía un indisimulable aliento etílico.
Cerca de las 7.30, los médicos se presentaron en la comisaría para pedir explicaciones por la agresión. El comisario salió de la dependencia visiblemente turbado, intentó secuestrar una camioneta (distinta de la que había interceptado) y, luego de haber sido filmado e increpado, ordenó la detención de la médica María Candelaria García Nebbia.
Según la acusación fiscal y los testimonios de los propios policías de guardia, la médica, llorando y en plena crisis de ansiedad, fue encerrada en la oficina de oficiales, bajo custodia. Además, se supo que no hubo orden judicial ni causa legal que lo justificara. No se registró su ingreso en el libro de guardia; no le hicieron exámenes médicos de rigor ni se le informaron sus derechos. El oficial de servicio declaró que ni siquiera sabía que había una detenida en la dependencia.
Pero hubo más. Melchiori firmó un informe oficial en el que aseguró haber consultado a las siete de la mañana a la jueza de Paz y Faltas de Taco Pozo, Silvia Elena Arias, y que ella había dispuesto notificar a la médica por una contravención y luego dejarla en libertad. La magistrada lo desmintió bajo juramento: esa llamada nunca existió; el comisario recién se comunicó con ella a las siete de la tarde, cuando los videos de la mañana ya circulaban por todo el país.
“La gente del pueblo nos pedía perdón”
Hace ya 13 años que la Asociación Civil Todo por Todos se dedica a la asistencia sanitaria en el norte argentino, principalmente en parajes de Chaco, Salta y en comunidades wichís. Desde el inicio de su misión, Taco Pozo fue un destino frecuente. Pero la noble costumbre se puso en riesgo cuando una médica que viajó varios kilómetros para atender gratis a sus vecinos terminó detenida sin causa.
“Fue una pesadilla; fue darnos cuenta de que estábamos en manos de un loco alcoholizado y armado y que, encima, era la autoridad del pueblo”, recuerda Viviana Yzaguirre, médica cirujana y fundadora de Todo por Todos.
“Cuando estábamos en la comisaría —continúa— los propios policías nos decían que le tenían miedo al comisario. La gente del pueblo nos pedía perdón; nos juraba que los tacopoceños no eran mala gente. Me acuerdo y todavía me emociono”.
A más de un año de los hechos y con un juicio oral en puerta, Melchiori aún sigue formando parte de la fuerza de seguridad provincial: fue derivado a la Dirección General de Inteligencia Criminal, en Sáenz Peña, la misma ciudad donde será juzgado.
“Hoy Melchiori ya no está en Taco Pozo, pero tuvo que ocurrir la agresión a un grupo de médicos solidarios, filmada y viralizada en todo el país, para que se tomaran medidas. Lo que la gente de Taco Pozo sufrió no debería haber necesitado de una golpiza a visitantes de otra provincia para ser tomado en serio”, concluye la abogada querellante.
Más de 25 denuncias en su contra
El violento operativo contra los médicos solidarios de Córdoba tuvo un efecto dominó y las denuncias contra el excomisario de Taco Pozo, Daniel Melchiori, comenzaron a recibir atención.
Sin embargo, la respuesta de la conducción policial hasta entonces había sido apañarlo. El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, sostuvo públicamente que los reclamos contra Melchiori eran una cuestión política y que “en Taco Pozo no lo querían porque hacía muy bien su trabajo”.
El 14 de febrero de 2024, el propio Romero viajó hasta el pueblo para entregarle en mano a Melchiori un fusil FAL como reconocimiento a su “trabajo contra el delito”.
La ceremonia – difundida por la prensa local – celebraba la supuesta desarticulación de una banda dedicada al robo y a la reventa de vehículos. De acuerdo con el parte oficial, Melchiori y su personal habían secuestrado 21 motocicletas y tres autos. Además del fusil para el comisario, se entregaron armas, indumentaria y equipamiento para la comisaría.
Según la abogada Adriana De Langhe, que representa a los médicos querellantes, existen unas 25 denuncias por apremios ilegales, golpizas y amenazas sufridas por vecinos y subalternos del comisario. La última se conoció hace unos días, cuando el agente Juan Gregorio Santillán, de la comisaría de Taco Pozo, denunció que su jefe lo golpeó y lo amenazó de muerte.
En noviembre de 2024, el juez Carlos Augusto de Césare hizo lugar a un hábeas corpus presentado por el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco y ordenó que Melchiori y sus subordinados ajustaran su accionar a la ley tras diversas denuncias del intendente de Taco Pozo, Carlos Ibañez, quien describió “procedimientos irregulares”, “prepotencia” y “uso abusivo de la fuerza”.
La Nación